En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, al confirmar que superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales y que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.
Ahora, en abril de 2026, con una votación de 6 a 3. Respaldaron la decisión Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, ponente, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña. Es decir, votaron igual que en la decisión inicial.
Tras rechazar las apelaciones, quedó en firme el fallo que establece las sanciones al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna.
¿Qué dice la sentencia del CNE?
Según lo determinado en el fallo, la campaña superó los límites fijados por la Resolución 0694 de 2022. En la primera vuelta, el exceso en los topes de ingresos y gastos fue de $2.459 millones, mientras que los valores no reportados alcanzaron los $2.611 millones, lo que llevó a ordenar la devolución de $2.447 millones al Estado.
Para la segunda vuelta, el sobrepaso fue de $583 millones y la omisión en el reporte de gastos llegó a $1.087 millones, sumando en total más de $3.500 millones.
Entre los gastos que no fueron declarados y que contribuyeron a superar los topes se incluyen pagos a testigos electorales, aportes de personas jurídicas y costos de transporte aéreo. Además, el CNE concluyó que parte de los recursos utilizados provenían de fuentes prohibidas y que se ocultaron contribuciones que debían haberse reportado.
Uno de esos casos es el aporte de $500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que ingresó a través del movimiento Colombia Humana y fue usado para cubrir gastos de la campaña, pese a que la ley prohíbe que personas jurídicas financien campañas presidenciales.
A ello se suman los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), omitidos en ambas vueltas, por más de $500 millones destinados a transporte, alimentación y logística.
También se detectaron pagos no declarados a testigos electorales por $931 millones en primera vuelta y $177 millones en segunda, gestionados por la empresa Ingenial Media S.A.S..
El CNE determinó que se realizaron prácticas contables que distorsionaron la situación financiera real de la campaña.
Un ejemplo de ello fue la factura de Caracol TV por $356 millones, que inicialmente se dejó por fuera para liberar espacio en los registros y luego se volvió a incluir, lo que evidenció que se habían superado los topes establecidos.
Asimismo, se detectaron irregularidades en el evento de cierre realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena. Aunque la campaña reportó un gasto de $150 millones, omitió otros $100 millones que, presuntamente, fueron asumidos por la empresa ServiRed S.A.S.
El CNE concluyó que esos recursos deben ser reintegrados, ya que corresponden a gastos efectuados después del cierre oficial de la campaña y constituyen aportes provenientes de una persona jurídica.
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