El Consejo de Estado dejó en firme una de las decisiones legislativas más polémicas del último año: el hundimiento de la consulta popular con la que el Gobierno Nacional pretendía someter a votación ciudadana los puntos neurálgicos de su reforma laboral.
El alto tribunal respaldó la votación ocurrida en mayo de 2025, cerrando así un capítulo de intensas disputas jurídicas que buscaban anular el procedimiento realizado en la plenaria del Senado de la República.
Se tomó esta determinación luego de que se negaran dos demandas de nulidad que pretendían invalidar el resultado de la votación. Los demandantes argumentaban que el proceso estuvo viciado, sosteniendo que uno de los votos de los congresistas había sido anotado en el sentido contrario al emitido por el legislador en el recinto.
Sin embargo, tras un análisis riguroso de las actas y las grabaciones, el tribunal desestimó estas pretensiones.
Los resultados de la votación
En su fallo, el Consejo de Estado consideró que la votación de 49 votos a favor del hundimiento contra 47 por la aprobación de la iniciativa fue adoptada de estricta conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 5.ª de 1992. Para el alto tribunal, la voluntad de la plenaria quedó expresada de manera clara y no se hallaron pruebas de irregularidades administrativas que viciaran el consentimiento de los senadores presentes durante la sesión.
El origen de esta controversia se remonta a mayo de 2025, cuando el Gobierno buscaba un mecanismo de participación ciudadana para validar su agenda social ante las dificultades de consenso en el Congreso.
En aquel entonces, el hundimiento de la consulta fue visto como un duro golpe político para la administración, que finalmente tuvo que tramitar la reforma laboral mediante la discusión legislativa ordinaria.
La decisión del Senado en su momento provocó una reacción airada por parte del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de la cartera política aseguró públicamente que no se había otorgado el tiempo suficiente a los senadores para ejercer su derecho al voto y lanzó una acusación directa contra el secretario del Senado, Diego González, señalándolo de haber alterado presuntamente el sentido del voto del senador Edgar Díaz (Cambio Radical).
No obstante, tras la revisión de las pruebas recaudadas en el proceso judicial, el Consejo de Estado determinó que tales irregularidades no ocurrieron.
El tribunal no encontró evidencia de que el secretario González hubiera manipulado los registros ni que el tiempo de votación hubiera sido insuficiente para garantizar la participación de las bancadas, validando así la transparencia del conteo final.
Tras la decisión del Consejo de Estado, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que el resultado respalda la actuación de la mesa directiva de ese momento. “Acaba de darle la razón al Senado de la República, a la mesa directiva de ese momento, que encabecé como presidente, al señor secretario general, en la medida en que la consulta popular fue negada, 49 votos por el no, 47 por el sí”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que “se respeta entonces la separación de poderes que Petro quiso violentar” y calificó la jornada como positiva para el país. “Realmente hoy es un día muy positivo para la democracia, la verdad siempre prevalece”, agregó.
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