En un fallo de 43 páginas conocido este jueves, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el llamado ‘decretazo’ a la salud que expidió en julio pasado el Gobierno de Gustavo Petro.
Contexto: Consejo de Estado suspendió ‘decretazo’ a la salud de Petro: “Desborda los límites constitucionales”
Se trata del Decreto 0858 de 2025 que, según expertos y críticos, implementaba de facto la reforma a la salud del Gobierno Nacional. El documento fue expedido a finales de julio pasado y fue firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El decreto busca promover un nuevo modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.
Por ello, implementaba varios de los puntos que contenía el proyecto de reforma que actualmente estudia la Comisión Séptima del Senado, entre ellos, el cambio de modelo, que ahora estaría basado en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS).
Sin embargo, en su determinación, el Consejo de Estado recordó que es el Congreso el llamado a crear, reformar, derogar e interpretar la ley, teniendo en cuenta que se trata de una atribución de competencia otorgada por la propia Constitución.
“Es el Legislador el que cuenta con la facultad amplia de regular mediante ley todas las materias no reservadas expresamente a otro órgano”, recordó el alto tribunal.
En esa línea, con base en postulados de la Corte, el Consejo de Estado advirtió que, en materia de seguridad social y de salud, el Congreso es el primer llamado a delimitar el contenido, alcance y procedimientos para su exigibilidad.
Por ello, concluyó de forma tajante que al adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno Petro extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley.
”No le corresponde al Ejecutivo, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, transformar aspectos esenciales del modelo de aseguramiento, como lo hace el Decreto 0858 de 2025. Esta actuación desborda los límites constitucionales de la función reglamentaria y vulnera el principio de reserva de ley, al sustituir decisiones que deben ser adoptadas por el Congreso de la República en el marco del debate democrático”, precisó el alto tribunal.
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Según el fallo, varios de los postulados del Decreto constituyen una transformación estructural del modelo de prestación, al integrar de manera obligatoria a todos los actores del sistema —públicos, privados y mixtos—, redefinir la gobernanza territorial de la salud y desplazar el centro funcional del sistema hacia la atención primaria.
Ante el fallo, el promotor de las medidas cautelares, el representante de oposición Andrés Forero (Centro Democrático), sostuvo que “es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan b’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro alegó que “suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo”.
¿Qué decía el ‘decretazo’?
El acto administrativo conocido a finales de julio pasado cambiaba varios apartes del Decreto 780 de 2016, que era el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y transformaba el financiamiento del sistema, la contratación, la organización de las instituciones que lo componen y las responsabilidades de los actores.
Por ello, se ponían en marcha cambios en trono a un enfoque territorialidad por medio de la Atención Primaria en Salud; la redefinición de la operación de las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entes territoriales, la industria farmacéutica y los operadores logísticos; así como la creación obligatoria de las RIITS.
Por otro lado, el modelo preventivo, predictivo y resolutivo –decía el decreto– giraría en torno a la gobernabilidad, gobernanza y territorialización; las RIITS; la formalización laboral del talento humano en salud y otros trabajadores del sector; la calidad y el sistema integrado de información de la Atención Primaria, así como la soberanía sanitaria.
En su momento, 16 exministros y exviceministros de Salud alertaron que el acto administrativo, lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema, “abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera”. En la misiva, firmada entre otros por Alejandro Gaviria, Augusto Galán Sarmiento, Beatriz Londoño y Fernando Ruiz, los exfuncionarios reivindicaron su compromiso con el derecho fundamental a la salud y con la defensa del orden constitucional, legal e institucional que lo garantiza.
En esa línea, y expresando su preocupación frente al sistema de salud, los exministros y exviceministros advirtieron que el decreto materializa las alertas frente al “profundo deterioro en el acceso a los servicios de salud que afronta la población colombiana”.
“Después de tres años de intensa discusión sobre un proyecto de reforma legislativa en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional ha optado por emitir un decreto que, en la práctica, pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes. Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no estamos de acuerdo”, alegaron.
Reclamando que el decreto es una “colcha de retazos”, los exfuncionarios aseguraron que el acto administrativo establece un nuevo sistema de salud, “generando así francas contradicciones con la normativa actual”.
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