El Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien enfrentaba un proceso por el presunto uso indebido de su cargo.
La acción judicial buscaba su muerte política tras la solicitud de permisos al Inpec para el traslado de 23 cabecillas de bandas delincuenciales, recluidos en la cárcel de Itagüí, con el fin de participar en el evento público conocido como ‘tarimazo’.
Según se conoció, el alto tribunal determinó que no se acreditó que la congresista hubiera invocado su investidura parlamentaria para influir en la decisión administrativa.
Por el contrario, el fallo estableció que Zuleta actuó en su calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, una designación oficial otorgada por el Gobierno nacional en el marco de las políticas de paz.
“La Sala encuentra que las accionantes no acreditaron la configuración del elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura (...) referentes a la violación del régimen de incompatibilidades y al tráfico de influencias y debidamente comprobado”, se determinó en la decisión de la Sala 20 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
Lo que dictaminó el tribunal
En su argumento, el tribunal señaló que no se evidenció un “influjo psicológico” sobre los funcionarios públicos ni pruebas de beneficios indebidos que configuraran el tráfico de influencias.
Asimismo, consideró que no hubo vulneración al régimen de incompatibilidades, ya que las gestiones de la senadora se desarrollaron dentro de funciones relacionadas con procesos de paz y no para favorecer intereses particulares.
En la providencia se destaca que las pruebas no logran demostrar que la accionada invocara su condición de congresista ante el director del Inpec al solicitar el traslado de los privados de la libertad para el encuentro con el presidente de la República.
“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la acción haya invocado su calidad o condición, de congresista, ante el director general del Inpec, servicio público, a quien solicitó, mediante oficio con fecha de radicación del 19 de junio de 2025, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República a realizarse el 21 de junio de 2025, en la ciudad de Medellín”, se concluyó.
No obstante, a pesar de este fallo a su favor, Isabel Zuleta aún debe responder ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde cursa una indagación preliminar por este mismo episodio.
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