La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró la etapa de recolección de pruebas en el proceso penal que se adelanta contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con esta decisión, el caso entra en una fase clave. Los magistrados deberán evaluar si el proceso cuenta con el sustento probatorio necesario para avanzar a juicio, o si, por el contrario, se archiva o toma otra vía judicial.
Ambos congresistas se encuentran privados de la libertad y recluidos en la cárcel La Picota, tras ser vinculados a un presunto esquema de sobornos al interior de la UNGRD. Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Name y Calle habrían recibido 4.000 millones de pesos a cambio de respaldar políticamente al Gobierno en el trámite de varias reformas legislativas.
Las declaraciones que los comprometen hacen parte del principio de oportunidad firmado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, también exfuncionario de esa entidad, quienes señalaron a ambos congresistas como supuestos beneficiarios de los recursos desviados.
Name y Calle son investigados por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación, que según el Código Penal colombiano contemplan penas de entre 3 y 6 años de prisión en el primer caso, y de 4 a 10 años en el segundo, dependiendo de la cuantía del daño y la gravedad de la conducta.
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Ambos legisladores han negado rotundamente los cargos, asegurando que las acusaciones se basan en falsos testimonios. Sin embargo, el magistrado Francisco Farfán, ponente del proceso, concluyó que hay suficiente material probatorio incluidos documentos, interceptaciones y múltiples testimonios.
Según la investigación, Name habría recibido $3.000 millones de pesos en sobornos de manos de su entonces amiga y aliada política, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. A cambio, el senador se habría comprometido a respaldar reformas del Ejecutivo y a facilitar el nombramiento de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
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Las pruebas en su contra incluyen testimonios como el de la propia Ortiz, y de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Este último ha declarado en reiteradas ocasiones que él mismo entregó el dinero a Name en su apartamento al norte de Bogotá. El senador lo niega enfáticamente. Será la Corte quien dirima las contradicciones.
En el caso de Andrés Calle, los investigadores sostienen que recibió $1.000 millones como parte del mismo entramado corrupto. La entrega se habría realizado en su residencia en Montería, también por intermedio de Sneyder Pinilla, según la versión del exfuncionario.
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