Seis días después de su captura, los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique continúan recluidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su lugar de reclusión en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.
La permanencia de los parlamentarios en una sede transitoria, llevó al magistrado Misael Rodríguez, encargado del caso, a requerir de manera urgente al Inpec para que precise en qué centros serán recluidos y ejecute su traslado, tal como fue ordenado desde el momento en que se dictaron las capturas.
La solicitud del alto tribunal deja en evidencia que, pese a que la orden judicial contemplaba su reclusión en un establecimiento formal, el proceso no se ha materializado. Por eso, el magistrado exigió claridad sobre los lugares de detención y las razones del retraso en la logística carcelaria.
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Mientras tanto, el INPEC adelanta gestiones internas para definir los cupos. Entre las posibilidades que se analizan está el traslado de Manzur a la cárcel La Picota, uno de los centros habituales para procesados por corrupción.
El caso de Manrique, sin embargo, implica un estudio distinto. Las autoridades evalúan opciones que garanticen condiciones especiales de seguridad, en línea con una solicitud presentada por su defensa, que pidió revisar los riesgos y asegurar su integridad durante la detención.
El abogado Andrés Garzón Roa, defensor de Manrique Olarte, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que su defendida sea trasladada a un centro de reclusión intramural “con las medidas necesarias para procurar su seguridad”, en atención a las “recurrentes amenazas” de las que, según afirmó, ha sido víctima y que ya fueron puestas en conocimiento de la Corte.
Para enviarlos a prisión, la Sala de Instrucción concluyó que existen “múltiples pruebas recaudadas” en la investigación que permiten inferir la existencia de una red de “negociación criminal” entre sectores del Ejecutivo y del Legislativo, mediante la cual se habrían intercambiado contratos y recursos públicos por apoyo político a decisiones del Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia señaló que la recopilación de las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López permitió reconstruir los hechos con mayor claridad y entender el rol de liderazgo que habrían ejercido los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique dentro del entramado criminal investigado.
Para la Sala, su libertad representa un riesgo para la comunidad, ya que la conducta analizada no sería un episodio aislado, sino parte de una práctica institucional consolidada de “mercantilización de la función pública”.
Además, advirtió que ambos conservan capital político y redes de influencia que podrían permitirles activar canales de coordinación ilegales incluso fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
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Ambos son señalados de haber cambiado su voto a favor de los intereses del Gobierno a cambio de millonarios contratos. Pese a las denuncias y señalamientos en su contra, los parlamentarios fueron reelegidos el pasado 8 de marzo.
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