La pelea entre el ministro de Educación, Daniel Rojas, y la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, tiene como origen visitas de un emisario de ‘Papá Pitufo’ durante la gestión de Rojas en la entidad.
Una nueva fricción sacude el Gobierno de Gustavo Petro. Los protagonistas del más reciente choque son su ministro de Educación, Daniel Rojas, y la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, quien fue ternada para ser fiscal General y quien reemplazó en ese cargo a Rojas. De fondo, una vez más, se encuentran los tentáculos de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.
El origen del ‘fuego amigo’ fue una investigación realizada por el diario El Tiempo que detalla supuestos intentos del “zar del contrabando” por infiltrar la campaña del hoy mandatario. En particular, se advierte por la influencia de uno de sus emisarios: César Augusto Valencia Mosquera, quien habría ingresado a entidades del Estado, entre ellas, la SAE.
Las visitas, 18 en total, se realizaron entre el 16 de junio de 2023 y el 3 de septiembre de 2024, cuando al frente de la Sociedad de Activos Especiales estaba Rojas. Según el diario capitalino, los ingresos los autorizó el vicepresidente de la entidad, Sebastián Caballero, quien luego pasó al Ministerio de Educación y obtuvo una indemnización por su retiro de $40 millones.
Ante ello, el hoy ministro se defendió señalando que no puede “estar pendiente de todas las personas que ingresan. Hablé con Sebastián (Caballero) y me dijo que este señor fue funcionario de la Contraloría y él acató mi instrucción y lo cita dentro de la entidad. Pero no llegué hasta el detalle de qué fue a hacer. Ninguna autoridad me ha pedido explicar esas entradas”, dijo.
En este contexto, lanzó una pulla contra la actual presidenta, llegando a calificar la información como filtraciones y asegurando que prácticas de ese calibre se comparan con las del anterior gobierno de Iván Duque. “Entiendo que la nueva administración, que puede ser su fuente, está volviendo a las prácticas del gobierno Duque”, alegó Rojas.
Cuestionado sobre las indemnizaciones, el ministro también lanzó dardos contra su sucesora y argumentó que, por su régimen de contratación, la SAE garantiza transacciones de ese calibre.
“Eso es otra cosa de la nueva administración. ¿Por qué alguna autoridad me llamaría a preguntarme por eso si está incluido en la ley, en las normas laborales? Siempre se ha hecho en la SAE porque tiene un régimen de contratación privado. No hice nada distinto a garantizarle a la gente sus derechos laborales. Esta nueva administración de la SAE también lo ha hecho”, agregó.
En noviembre pasado, Amelia Pérez asumió la Presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Su designación fue anunciada por el presidente Gustavo Petro, quien en meses pasados también la había ternado para el cargo de fiscal general.
“Amelia Pérez, a quien terné para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la Fiscalía y fue perseguida por ello. Ahora será la directora de la Sociedad de Activos Especiales, SAE”, indicó Petro en sus redes sociales.
Pérez es abogada y especialista en criminología y derecho penal. Ha sido jueza, pero su papel más destacado ocurrió cuando ocupó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde se encargó de investigar los crímenes del paramilitarismo.
Mientras estuvo en la Fiscalía –hacia finales de la década de 1990 y principios del 2000– la abogada tuvo a su cargo las investigaciones de las masacres del Club el Nogal, Mapiripán, El Aro y también los expedientes de los máximos comandantes de las AUC, entre ellos los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño.
La consecuencia de sus casos la obligó a exiliarse en Canadá en 2003. Allá dejó de lado el litigio y se dedicó a los trabajos domésticos para sostener a su familia.
Pérez asumió en reemplazo de Diego Cancino, un funcionario que alcanzó a ser designado, pero cuya posesión en el cargo se cayó por denuncias en su contra por presunto abuso sexual.
