Lo que comenzó como un llamado a una reunión comunitaria en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, terminó en angustia e incertidumbre para las familias de ocho miembros de dos iglesias evangélicas. Desde el pasado 1 de abril, cuando atendieron una convocatoria hecha por una disidencia de las Farc, no se tiene rastro de su paradero.
Según versiones de sus allegados, los ocho religiosos fueron citados por integrantes de un grupo armado para hablar de asuntos que concernían a la comunidad. Todos ellos eran conocidos en la región por su liderazgo social y su activa participación en iniciativas comunitarias. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener comunicación con ellos, lo que ha despertado temores de que hayan sido secuestrados.
Al conocerse el caso, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que rechaza la privación de la libertad de estas personas y exige su liberación inmediata. “Entre el 4 y 5 de abril pasado, ocho personas fueron privadas de la libertad en la vereda Agua Bonita Media del municipio de Calamar, Guaviare. Hasta el momento no se tiene certeza del grupo armado responsable de los hechos y tampoco se cuenta con pruebas de supervivencia de estas personas“, indicó la entidad.
La Defensoría también respaldó públicamente el clamor de los familiares y recordó a los actores armados ilegales que el derecho a conocer la suerte y el paradero de personas desaparecidas está protegido por el Derecho Internacional Humanitario. “Los grupos armados deben dar información a sus familiares”, subrayó el organismo.
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A su vez, la entidad instó a la Fiscalía General de la Nación a activar de forma urgente el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo que llamó a las autoridades civiles y militares a garantizar la protección de las comunidades en esta zona del país, históricamente afectada por el conflicto armado.
