En entrevista para Caracol Radio, el embajador Daniel García-Peña pidió mantener la certificación de la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos y defendió las operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
“En las últimas semanas, vimos la muerte de 13 policías en Amalfi y los atentados en Cali, los efectos de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir haciéndolo por convicción y por interés nacional, pero sin duda podemos hacerlo mucho mejor con Estados Unidos que sin ellos”, dijo en entrevista.
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García-Peña recordó que la violencia derivada del narcotráfico no se explica únicamente por dinámicas internas. Subrayó que la demanda de cocaína en Estados Unidos es un factor clave que alimenta el negocio. “Si no fuera por el consumo y por los millones de dólares que se gastan en cocaína, el negocio no tendría lugar. Colombia está poniendo los muertos porque sabemos que este flagelo afecta a la humanidad y a Estados Unidos en particular”, afirmó.
A esto también se le suma su reciente columna publicada en el Washington Post, en el que el embajador ya había resaltado esta idea: la violencia que golpea a Colombia se conecta directamente con el consumo en ciudades estadounidenses como Washington, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Según él, la lucha contra el crimen transnacional es una tarea compartida que no puede abordarse de manera unilateral.
Resultados gracias a la cooperación
Uno de los puntos de la entrevista fue la cooperación en incautaciones marítimas y aéreas. García-Peña señaló que los récords alcanzados por autoridades estadounidenses se soportan en trabajo conjunto.
El embajador explicó que Colombia y Estados Unidos han trabajado de manera conjunta en materia antidrogas y que esa coordinación ha sido clave para los resultados recientes: “la inmensa mayoría de las incautaciones en el Caribe en particular son gracias a inteligencia colombiana, al trabajo conjunto que se hace”.
“De hecho, los éxitos o los avances que se han dado en Colombia se ha dado también por ayuda a los Estados Unidos”, agregó.
“El mensaje es claro: el narcotráfico implica siempre evaluar, adecuar y revisar las políticas, pero lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos. Ese es el mensaje que queremos reiterar, y aquí las autoridades —la DEA, el Comando Sur y quienes trabajan con Colombia día a día— son los primeros testigos en reconocer los esfuerzos de nuestro país.”
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En su columna, agregó contexto sobre decomisos, destrucción de laboratorios y entregas a cortes internacionales como parte de los resultados que, escribió, se miden en operaciones e interdicciones coordinadas.
Diferencias entre los gobiernos
García-Peña separó las discusiones políticas de la cooperación técnica. “Colombia y Estados Unidos tenemos algo muy en común: somos dos democracias. Ellos eligieron al presidente Trump y Colombia eligió por números históricos a Gustavo Petro”.
“Las diferencias en las discusiones que puedan existir son naturales en cualquier relación, pero no tienen nada que ver con los hechos concretos del trabajo diario entre autoridades norteamericanas y colombianas en la lucha contra el narcotráfico”.
El embajador habló de coincidencias en el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales. “Yo creo que no hay mejores aliados que Trump y Petro para luchar contra los carteles y el narcotráfico”.
“Aunque vienen de orillas políticas distintas, los dos se han entendido y comparten compromisos y convicciones de que estas organizaciones criminales internacionales le hacen daño tanto al pueblo norteamericano como al colombiano.”
El tema de la certificación
García-Peña evitó anticipar escenarios sobre una posible descertificación. “Yo sobre eso no voy a especular porque, en primer lugar, es una decisión que aún no se ha tomado; es una decisión que le corresponde al presidente Trump y, por lo tanto, mal haría yo en adelantarme a lo que va a suceder”, señaló.
Explicó que la legislación estadounidense abre la puerta a diferentes opciones: “Aun en el caso hipotético de una descertificación, tampoco se sabe muy bien cuáles serían las medidas que eventualmente tomarían, porque lo que establece la ley es una especie de menú de alternativas, pero es discrecional del presidente”.
“La única referencia que tenemos fueron 1996 y 1997, que fueron los dos años en que Colombia fue descertificada. En esa época, de la larga lista de ese menú del que estoy hablando, realmente se suspendió un programa de 35 millones de dólares y se le quitó la visa al presidente Samper”, recordó.
En su columna de opinión, García-Peña había advertido que esta certificación “no es un simple ejercicio burocrático”. Según escribió, eso define la asignación de recursos de cooperación y fondos para operaciones contra los carteles. También advirtió que “retener fondos de cooperación perjudicaría a Colombia al debilitar su economía legal, y perjudicaría a Estados Unidos al reducir la interdicción marítima y aérea e interrumpir los flujos de inteligencia. Solo beneficiaría a quienes se lucran de las economías ilícitas”.
Con ese mismo énfasis, la entrevista concluyó que una eventual descertificación “solo ayudaría a los carteles y a las organizaciones criminales”.
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