La Sección Quinta del Consejo de Estado dio luz verde al estudio de una acción de tutela que pone en tela de juicio el procedimiento detrás de la consulta popular anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para respaldar su reforma laboral, luego de que esta se hundiera en la Comisión Séptima del Senado.
La solicitud fue presentada por Breyner Aaron, un ciudadano que considera que sus derechos fueron vulnerados tanto por el presidente de la República como por la Comisión Séptima del Senado, al impulsar este mecanismo sin garantizar un debate democrático y amplio en el Congreso.
Le recomendamos: Consulta popular aterriza al Senado: Gobierno Petro confirma que el lunes 21 de abril radicará la solicitud
La consulta es un mecanismo de participación ciudadana contemplado por la Constitución para “consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional” a través de una pregunta de carácter general que deberá ser respondida con un “sí” o “no”. En este caso, tendrá alcance nacional y, pese a los intereses del primer mandatario, debe tener aval del Congreso y contar con el respaldo de todos los ministros.
En el documento, Aaron argumenta que al anunciar la consulta por redes sociales, el mandatario tomó una decisión que podría comprometer más de 500 mil millones de pesos del erario, sin asegurar una participación ciudadana previa y efectiva. El demandante recuerda el antecedente de la consulta anticorrupción, cuyo fracaso evidenció las debilidades del mecanismo sin una base sólida de participación.
La tutela también hace reparos al actuar de la Comisión Séptima del Senado, señalando que archivó el proyecto de reforma laboral sin permitir una deliberación por parte del Congreso en pleno. Para Aaron, esta situación contraviene el principio democrático, ya que ocho senadores no pueden asumir decisiones que afectan a millones de ciudadanos que depositaron su voto en todos los miembros del legislativo.
