Al reclamar que en el Gobierno hay “muy malos perdedores”, el senador insiste en que –pese al enrarecido ambiente– “no hay ninguna autoridad que convoque un proceso electoral sin el cumplimiento de los requisitos legales”. Reclama que, “ante la incapacidad de gobernar”, el presidente lanza estas cortinas de humo y que de fondo lo que hay es una intención palaciega por hacer campaña política “a costilla de los colombianos. Eso no se lo vamos a permitir”.
Esta semana se conoció que tuvo que acudir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y denunció una ruptura del orden constitucional y una amenaza al principio de separación de poderes en Colombia. ¿Cuál es su mayor temor? ¿En qué cree que pueda terminar esa consulta por decreto?
“Es la defensa de la democracia precisamente la que me lleva a presentar estas denuncias. Hemos levantado la voz en el Congreso de la República. Hemos levantado la la voz ante los colombianos sobre la ruptura democrática que se pretende en Colombia por parte del presidente Gustavo Petro, que realmente no quiere entender que hay una división de poderes, basta leer la Constitución Nacional. O quizá el presidente sí entiende la división de poderes, pero la irrespeta todos los días.
Somos poderes públicos independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y mientras yo esté al frente del Legislativo, tengo el compromiso y el deber de defender la independencia del Congreso, particularmente del Senado de la República.
No somos notarios del Ejecutivo, mucho menos un apéndice, como pretende este Gobierno, que quiere que nosotros seamos notarios de sus reformas. No, somos deliberantes.
Defendemos la democracia y la separación de poderes. Eso lo hemos venido demostrando cuando nos hemos apartado legítimamente y con votos de reformas, de proyectos del Gobierno Nacional y ahora de este exabrupto de la consulta popular”.
Usted lleva más de 30 años en el Congreso, ¿alguna vez había visto una actitud así de un jefe de Estado?
“No, en absoluto. Siempre hemos encontrado, con matices, jefes de Estado muy respetuosos de la independencia de los poderes públicos y muy respetuosos de la defensa de la democracia, pero aquí no hay ningún respeto por la democracia. Por eso nos tocó acudir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para denunciar exactamente eso: que acá se pretende esa ruptura constitucional.
Decir que se va a sacar por decreto la consulta popular equivale a un golpe de Estado, porque es pasar por encima de dos poderes públicos: del Legislativo, que la negó y ahí está la certificación del señor secretario General del Senado (Diego González).
Ellos perdieron, no aceptan su derrota. Sí fue 49-47, muy estrecha, pero esa es la democracia. Tener ese aval es un requisito indispensable de acuerdo con la Constitución y las leyes para poder acudir a la Registraduría y convocar a un proceso de elecciones”.
¿Cree que el presidente encuentre algún mecanismo para convocar la consulta a la brava? Recién el viernes el país conoció una tutela que ordena resolver la apelación de la votación de la consulta, aunque el presidente Petro lo interpretó a su modo y dijo que se debe volver a votar...
“No hay ninguna forma. Él puede firmar todos los decretos que desee, pero sin el requisito del visto bueno del Senado de la República no habrá consulta popular ni se podrá llamar a elecciones. Si él tiene dudas sobre la decisión del Senado tiene que acudir a la rama judicial, al Consejo de Estado, pero no abrogarse el papel de señor y juez como lo está haciendo en este momento. El presidente Gustavo Petro está cooptando hoy los tres poderes públicos”.
Básicamente el Gobierno tiene tres argumentos para decir que hubo una supuesta irregularidad. Que no se leyó una proposición, que usted cerró abruptamente la votación y que supuestamente el secretario cambió el sentido del voto de un senador. ¿Qué tanta validez tiene el Ejecutivo?
“En cuanto al cierre de la votación quiero decir que se le olvida al presidente Petro que el día anterior la debatimos durante casi seis horas y que fue anunciado ese cronograma: un día para debate, otro día para la votación. Nadie puede decir que se descuidó, que no se estaba en el recinto, tanto que estábamos 96 parlamentarios allí.
Frente al cierre del registro la ley es clara en ese sentido. Habla de un tiempo máximo de 30 minutos, no habla de mínimos. Y generalmente las votaciones se hacen muy rápidamente, apenas tenemos quorum decisorio cerramos el registro. Si uno va a las comisiones, en las que hay 15 personas, se llama lista uno por uno, y se cierran en dos minutos.
El deber del congresista es estar ahí sentado. Si alguien no estuvo, que lo dudo mucho, porque es que están hablando de una senadora que no alcanzó a votar. No. Hubo una discusión después que se cerró el registro por más de 10 minutos y esa senadora nunca apareció, de manera que bien lejos estaba.
Se dieron todas las garantías y se anunció profusamente el cierre. ¿O no es dar garantías darles el uso de la palabra a todos los partidos y a todos los congresistas y debatirla durante seis horas? Todo eso para que ya tuviésemos un concepto formado y entráramos a votar que fue lo pactado”.
¿Qué tan cierta es la tesis de que no se leyó una proposición y que, en términos prácticos, no hubo un pronunciamiento tajante del Senado?
“¿Cómo se lee una proposición que no fue presentada y que no figura ahí? Ellos están confundiendo un trámite legislativo de proyectos de ley con consulta popular. Aquí no hay nada que ver. Aquí no hay proposición, no fue presentada ninguna. Así lo certificó el notario del Senado, que es el señor secretario General.
Insisto en que fue una votación apretada, pero fue transparente. Son muy malos perdedores”.
Usted ya anunció que si el Gobierno saca la consulta por decreto inmediatamente lo demandan, pero ¿qué implicaría eso, que ya se haya promulgado ese decreto?
“No pasa nada, no hay ninguna autoridad que convoque un proceso electoral sin el cumplimiento de los requisitos legales. Esas son amenazas, cortinas de humo. Este Gobierno, ante la incapacidad de gobernar y de responder a lo que los colombianos le piden, pues lo que trata es de atender este tipo de cortinas de humo que generan una polarización nacional.
Yo creo que los colombianos están hartos de este tipo de cosas y de una posibilidad de consulta popular. Los colombianos quieren saber otra cosa. ¿Dónde está la plata para la vivienda de interés social que no les llega? ¿Dónde está la plata de la salud que se deteriora y se cae a pedazos en el día a día en manos del Gobierno Petro? ¿Dónde está la plata para fortalecer la educación? ¿Dónde está la plata para los subsidios de energía de estratos 1, 2 y 3?
Todo esto, mientras que aquí pretenden dilapidar 800.000 millones de pesos solo con el objetivo de hacer campaña politiquera en favor de sus listas al Congreso y de su candidato a la Presidencia. ¡Que se lo digan al país! Que su fin ulterior es hacer campaña con la plata de los colombianos que nos están leyendo en este momento. Así sí es muy fácil hacer campaña política a costilla de los colombianos. Eso no se lo vamos a permitir”.
En lugar de la consulta, ustedes han insistido –ahora sí– en el trámite de la reforma laboral. ¿Cómo ve el ambiente en el Senado para el último debate de ese proyecto?
“Nosotros estamos tramitando esa reforma laboral. Ya se aprobó en tercer debate en la Comisión Cuarta de Senado. El miércoles pasado se radicó la ponencia, ya se anunció y esperamos que el día lunes comencemos a debatirlas. Yo considero que a más tardar el martes tendremos la aprobación de una reforma laboral.
Esta reforma laboral, la nuestra, sí piensa en los informales: 13 o 14 millones de trabajadores. La reforma del Gobierno no pensaba en ellos. La de nosotros sí piensa en los desempleados, que son 3 millones. La del Gobierno solo pensaba en los 10 millones de empleos formales y de fortalecer el tema sindical”.
Presidente, quizá toda esta situación de polarización, de consulta por decreto, ¿no se habría evitado si se hubiera dado el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado? Es decir, si hubiese habido quizá más ánimo de discusión en lugar de negar de tajo el proyecto del Gobierno...
“Es que el Gobierno no ha admitido discusión. El Gobierno pensó que la Comisión Séptima era un notario y era el todo o nada. O se aprueba como está, pero no admitían discusión.
Por todo ello, no le quedó salida a la Comisión Séptima de Senado y al no permitir la discusión, pues ellos optaron por por hundir esa reforma laboral que hemos modificado en los debates que se han dado luego que se aceptó la apelación”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pareció abrir la puerta a no convocar la consulta popular si ustedes en el Senado aprueban tal cual el texto que aprobó la Cámara en segundo debate. ¿Le suena esa idea?
“No va a haber consulta popular. Está soñando el ministro Benedetti. Ya se negó esa. Y vienen otras dos que se negarán también en la plenaria del Senado y aprobaremos una reforma laboral”.
Usted ya habló con el registrador Hernán Penagos y esta semana compartió un espacio con el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra. ¿Durante ese y otros espacios ha tenido la oportunidad de hablar con las otras ramas del poder sobre esta amenaza democrática?
“Al registrador le enviamos una comunicación en la que dejamos en claro que esa consulta popular se negó en la plenaria del Senado y adjuntamos la certificación del señor secretario General.
Con esos argumentos el registrador tendrá que ver el cumplimiento de los requisitos y falta uno muy importante que se les olvida en Presidencia de la República, que es el visto bueno del Senado. Así, no podrá haber consulta popular”.
