Un juez dio un giro decisivo en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro: avaló el principio de oportunidad a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien desde ahora se convierte en testigo de cargo de la Fiscalía. Si antes sus revelaciones ya habían sacudido a la clase política, ahora su compromiso formal de entregar pruebas, documentos y testimonios amenaza con estremecer a fondo los cimientos del poder: pondrá contra las cuerdas a los implicados que ya enfrentan procesos y, sobre todo, a los que aún caminan en la impunidad.
En la lista de personajes sobre los que López deberá declarar se destacan los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como varios congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público en 2022. López entregó una matriz que involucra a 27 altos funcionarios y congresistas, señalados de participar en el entramado de corrupción que desvió dineros públicos.
La determinación judicial implica que, durante un año, se suspenden los procesos penales en contra el exdirector por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, así como por falsedad en documento privado y público. La luz verde al principio de oportunidad no solo redefine su rol en el expediente, sino que también abre camino para destrabar varias líneas de investigación dentro del entramado de corrupción.
Trascendió que en los próximos días podrían conocerse nuevas decisiones que pondrían en la mira a dirigentes políticos y a empresarios señalados de haber recibido beneficios mediante el direccionamiento irregular de contratos.
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“No quiero tener más hijos para que no se me sigan muriendo, el último tomó agua del pozo y lo mató una diarrea”. La imagen de la tragedia por la falta de agua potable en La Guajira es el testimonio de una mujer wayuu que llegó a ser madre de once. Cuatro agonizaron y murieron en su chinchorro en la alta Guajira. Ninguno superaba los 10 años.
“El último murió por deshidratación, apenas había comenzado a gatear. Nos acostumbramos a vivir y a morir sin agua”.Una tragedia calcada en las familias wayuu de la región, que quedó expuesta cuando la alfombra de corrupción bajo la que han sobrevivido por décadas fue sacudida y reveló un episodio tan trágico como paradójico: les prometieron agua en carrotanques, pero en medio del desierto aquello resultó apenas un espejismo. El dinero fue desviado, saqueado desde el Gobierno y repartido entre congresistas.
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El diagnóstico de precariedad lleva décadas archivado en informes que cada gobierno abre, lee, analiza y vuelve a cerrar. Siempre sin soluciones. Mientras en La Guajira morían niños de sed, en Bogotá se fraguaba un desfalco que el país hoy conoce como el escándalo de la Ungrd. Un año después, la investigación sobre el robo de los recursos destinados a las comunidades más vulnerables sigue en curso.
Los máximos responsables no han respondido y apenas unos pocos han sido imputados o privados de la libertad. El entramado fue planeado con precisión, ejecutado con estrategia y destinado a financiar la política. No tan exitoso como pretendían sus protagonistas: la fechoría quedó al descubierto.
Aunque la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han recaudado un voluminoso expediente con pruebas, interceptaciones y testimonios, hubo un momento clave que condensó la magnitud del saqueo: el llamado “cónclave” del 27 de noviembre de 2023.
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Olmedo López, hoy tras las rejas, fue el primero en hablar de esa reunión. La cita fue convocada por el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, en su oficina en la Casa de Nariño. “Reunión de emergencia”, decía la convocatoria.
Allí, dijo López, se impartieron órdenes y se trazó la estrategia con la que los escuderos de Petro sacarían adelante las reformas que estaban atascadas en el Congreso. El plan, habría dicho el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, era “apadrinar a un congresista”: entregarles contratos a cambio de votos.
El dinero para esas coimas salía de contratos inflados de la Ungrd, entre ellos, el de la compra de los 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira.
Del cónclave se hablaba desde que estalló el escándalo, pero hasta hace poco solo existían testimonios. Ahora, un informe de más de 60 páginas entregado al despacho del magistrado Misael Rodríguez por investigadores de la Corte Suprema aporta pruebas inéditas: imágenes de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que registraron minuto a minuto la llegada y salida de los asistentes.
Para conseguir ese material fueron analizadas al menos 27 cámaras, cruzando horarios con las versiones de López. El informe incluye además planos de corredores, salas de espera, oficinas y puntos estratégicos del circuito de vigilancia.
También lo compone un plano topográfico de referencia de entradas, corredores, salas de espera, salas de reuniones, disposición de las cámaras del circuito de videovigilancia, oficinas y además espacios relevantes para la investigación.
Día del cónclave
La cita estaba programada para las 8:00 a.m. El primero en llegar fue Jaime Ramírez Cobo, entonces asesor presidencial, a las 7:48. A las 7:55 entró Velasco y, tres minutos después, Olmedo López. A las 8:04 fue captado por las cámaras el exministro TIC Mauricio Lizcano; a las 8:07 el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y a las 8:09, el anfitrión, Carlos Ramón González. A las 8:21 ingresó el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a las 8:32 la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Las cámaras registraron la salida de los asistentes poco después de las 11 de la mañana. Solo de esa reunión hay tres folios en el expediente de la Corte. El documento, que ya hace parte de la investigación judicial, busca dar con el origen del entramado de corrupción de la Ungrd y con los congresistas que habrían participado en el esquema criminal.
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Del encuentro, los únicos detalles conocidos son los relatados por Olmedo López. Según su testimonio, Carlos Ramón, el exministro Velasco y Ricardo Bonilla habrían dado las directrices sobre cómo proceder: a quiénes priorizar, qué contratos asignar y quiénes debían ser los beneficiarios dentro del esquema de saqueo.
“La Sala cuenta con elementos de convicción que sugieren que, probablemente, uno de los asuntos abordados en la extensa reunión tiene relevancia para esta actuación. Uno de esos referentes probatorios es la descripción realizada por uno de sus asistentes, cuyo valor probatorio se deriva del conocimiento próximo y directo que tuvo del evento”, se lee en el documento de la Corte.
La importancia del cónclave, como lo bautizó López, no es menor. Allí, según se lee en el documento de la Corte: “el Gobierno, con influencia principal del ministro del Interior, negociaba votos, actuaciones y posiciones de congresistas, a cambio de coimas representadas en dinero en efectivo o contrataciones regionales”.
Otras actuaciones
Por estos días, el proceso promete ampliarse con las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD a quien un juez le otorgó un principio de oportunidad. En el documento, el exfuncionario se comprometió a aportar información clave ante la Corte Suprema de Justicia y jueces de la República. No es un testimonio menor: Pinilla será testigo en 19 procesos ya abiertos contra 23 presuntos implicados en la trama de corrupción.
Entre sus afirmaciones más esperadas está la que apunta directamente al exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Aunque su nombre ha sido repetidamente mencionado dentro de la llamada “empresa criminal”, hasta ahora no existe una investigación formal en su contra.
Pinilla, sin embargo, sostiene que declarará cómo, cuándo y bajo qué circunstancias Velasco habría ordenado, coordinado y liderado junto a los demás la operación ilegal de entrega de dádivas a congresistas.
Concretamente, se compromete a detallar cómo, bajo la supervisión de Velasco y a través de Olmedo López y del propio Pinilla, se direccionó un contrato en favor del senador del Partido de la U, Julio Chagüi, quien habría actuado como el beneficiario de la tramitación y orientación de varios contratos de la Ungrd en el municipio de Sahagún, Córdoba.
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El exministro, desde que su nombre salió a relucir en este escándalo, ha insistido en que nunca participó en la organización que saqueó los recursos del Estado.
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