Lo que comenzó como un trámite ordinario de construcción dentro de un condominio en Jamundí terminó convertido en un complejo caso administrativo y judicial que hoy genera controversia por presuntas irregularidades en la actuación de autoridades locales. Según reveló Revista Semana, el expediente incluye denuncias por posibles “vicios de procedimiento”, extralimitación de funciones y vulneración del debido proceso.
El caso involucra un predio ubicado en un conjunto residencial donde también vive la alcaldesa Paola Castillo. De acuerdo con la documentación conocida, un residente adquirió el lote en 2016 y en 2025 inició una ampliación respaldada por una licencia de construcción otorgada por la Secretaría de Planeación mediante resolución oficial.
Con ese permiso, el propietario comenzó obras de adecuación del terreno, incluyendo movimientos de tierra y cerramientos. Sin embargo, el proceso pronto derivó en un conflicto con la administración del condominio, que cuestionó la legalidad de la construcción y solicitó su revisión ante las autoridades municipales.
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Según el denunciante, la administración del conjunto —encabezada por su representante legal— habría incurrido en actuaciones que vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada y la igualdad. Incluso, uno de los episodios está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violación de habitación ajena.
El conflicto escaló cuando, en diciembre de 2025, la administración del condominio pidió la revocatoria de la licencia de construcción. Paralelamente, el propietario también presentó solicitudes para que se inspeccionaran otros predios del conjunto por posibles irregularidades urbanísticas.
A partir de ese momento, el expediente comenzó a acumular actuaciones administrativas, visitas técnicas, recursos legales y denuncias ante organismos de control. Uno de los puntos que hoy genera mayor cuestionamiento es el presunto trato desigual por parte de las autoridades.
De acuerdo con los documentos citados por Revista Semana, mientras la obra del denunciante fue objeto de inspecciones rápidas y constantes, otras construcciones dentro del mismo condominio no habrían recibido el mismo nivel de control.
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Una visita realizada el 6 de marzo de 2026 al lote en disputa concluyó que la construcción se ajustaba al proyecto aprobado y a las especificaciones técnicas autorizadas, aunque señaló algunas variaciones en los aislamientos. En contraste, otra inspección a un predio vecino evidenció la existencia de estructuras como piscina, jacuzzi y zona BBQ sin licencia, sin que, según el denunciante, se adoptaran medidas contundentes.
Este contraste ha alimentado las sospechas sobre posibles decisiones arbitrarias o selectivas dentro de la administración local.
Las irregularidades no se limitarían al componente técnico. El documento también menciona presuntos errores y demoras en los procedimientos administrativos, así como respuestas incompletas o tardías a derechos de petición presentados por el propietario.
Uno de los episodios más delicados tiene que ver con la remisión del caso a una inspección de Policía que, según la denuncia, no era la competente. Este hecho dio lugar a una acción penal por presunto fraude procesal.
Pese a ello, la Inspección Tercera de Policía asumió inicialmente el caso y ordenó la suspensión inmediata de la obra mediante un auto expedido en abril de 2026. La decisión fue cuestionada por la defensa del propietario, que la consideró una vulneración al debido proceso al haberse adoptado sin audiencia previa ni el cumplimiento de las etapas legales correspondientes.
De manera sorpresiva, un día después la misma inspección dejó sin efectos su decisión y remitió el expediente a la Inspección Segunda, reconociendo posibles fallas en el trámite y afectaciones a las garantías procesales.
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Sin embargo, el traslado del caso no resolvió las tensiones. Según el denunciante, en la nueva instancia se habrían repetido prácticas irregulares, como la negativa a entregar copias del expediente, citaciones con poco tiempo de antelación y la realización de audiencias sin resolver solicitudes previas de aplazamiento.
Además, se cuestiona que durante una audiencia clave no se haya dejado constancia de solicitudes de la defensa ni de las pruebas presentadas, lo que, según los memoriales radicados, habría limitado el derecho a la contradicción.
Otro punto en discusión es la participación de la Secretaría de Planeación como parte dentro del proceso, decisión que la defensa considera jurídicamente improcedente.
Ante este panorama, el caso ha escalado a instancias superiores. El propietario ha presentado quejas ante la Procuraduría, denuncias ante la Fiscalía por presunto prevaricato y solicitudes de nulidad de todo lo actuado.
Según los documentos, la falta de acceso completo al expediente y a las pruebas habría impedido ejercer una defensa adecuada, lo que, de confirmarse, constituiría una violación directa al debido proceso.
En medio de la controversia, la Alcaldía de Jamundí entregó su versión a Revista Semana. La administración confirmó que existe un proceso en curso por una presunta infracción urbanística, tramitado bajo el procedimiento verbal abreviado establecido en la Ley 1801 de 2016.
La entidad aseguró que las actuaciones se desarrollan respetando las garantías procesales y el derecho de defensa de las partes, y señaló que el caso se encuentra aún en etapa de análisis, sin una decisión de fondo.
Asimismo, hizo un llamado a evitar conclusiones anticipadas mientras las autoridades competentes resuelven el proceso.
Pese a esta postura, el caso sigue generando inquietudes por la cadena de decisiones, omisiones y actuaciones que hoy están bajo revisión.
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