La Fiscalía General de la Nación volvió a poner en el centro del escándalo de Centros Poblados a Emilio Tapia Aldana, el dos veces condenado por corrupción, tras imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los implicados en el millonario escándalo conocido como Centros Poblados.
Las propiedades afectadas, avaluadas en más de 65.900 millones de pesos, corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que estarían a nombre de Tapia, así como de Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. Los bienes están ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
En paralelo, también se impuso una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, quien estuvo al frente de la cartera durante la ejecución del contrato que debía llevar internet a comunidades rurales.
De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas indican que estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados, así como del anticipo entregado de manera irregular para la ejecución del proyecto, que buscaba llevar internet a miles de escuelas rurales del país.
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La investigación señala que parte de los recursos desviados fueron mezclados con bienes de origen lícito, “una práctica que habría dificultado rastrear la totalidad del dinero público comprometido”, según el ente acusador.
Además, las autoridades establecieron que las sociedades que integraron la Unión Temporal fueron utilizadas como instrumentos para la comisión de las irregularidades, “lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación en el proceso de extinción de dominio”.
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Las medidas cautelares fueron decretadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. El objetivo, según la Fiscalía, “es proteger y recuperar los recursos públicos destinados al proyecto, que contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos”.
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