Entre los mismos funcionarios del Gobierno Petro se acusan de delitos en medio del ocaso del mandato. El ministro (e) Andrés Idárraga denunció ser víctima de una presunta campaña de espionaje ilegal ejecutada desde el propio Gobierno. En el Reporte Coronell de Caracol Radio, Idárraga –quien se desempeña también como secretario de Transparencia de la Presidencia–, dijo que estas interceptaciones se habrían hecho con el software Pegasus y serían una represalia por sus investigaciones sobre la corrupción en las Fuerzas Militares.
Según un informe forense realizado por una empresa internacional, a pedido del funcionario, la orden de espiarlo llegó supuestamente desde el Ministerio de Defensa: “No confío en el ministro (Pedro) Sánchez”, aseguró, y agregó que la infiltración habría sido financiada utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado.
El reporte detalla que el ataque comenzó hace dos meses y registra cifras alarmantes: más de 8.700 infiltraciones al teléfono, activación ilegal de la cámara y el micrófono en 134 ocasiones y la decodificación y lectura de mensajes en aplicaciones encriptadas como Signal, Telegram y Line, donde el funcionario discutía avances de sus investigaciones con el presidente Gustavo Petro. Según el informe de la firma, el software Pegasus habría sido activado el 1 de noviembre.
“Desde principios de agosto unas fuentes me dijeron que me estaban haciendo interceptaciones, yo no lo creí. Sin embargo, empecé a notar movimientos sospechosos en mi celular. Encontraba a diario en mi correo que había teléfonos remotamente vinculados a mis cuentas”, contó Idárraga.
Según lo que contó el funcionario, habría indicios de que presuntamente desde los cuarteles de las Fuerzas Militares colombianas le estarían dando aviso a los criminales sobre futuras redadas y operaciones, dándoles así el tiempo de escapar, como lo denunció Noticias Caracol el 23 de noviembre del año pasado. Además, se habrían desviado armas y municiones hacia las disidencias.
“Según el informe, la orden se dio desde el Ministerio de Defensa, desde el sargento viceprimero Darwin Rodríguez. Le pregunté al ministro: ¿a órdenes de quién se encontraba ese sargento?”, narró Idárraga. “¿Cómo confiar en el ministro Sánchez cuando el informe dice que la orden vino desde él? Una de dos: o se dio la orden de manera efectiva por parte del ministro (que espero que no sea así), o hay una falta de control absoluto en la contrainteligencia que permite que subalternos del ministro de Defensa terminen haciendo cosas ilegales contra sus compañeros de gabinete”, añadió.
Pero el problema no se limita a las interceptaciones.
Pocas horas después, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, le salió al paso a la denuncia y aseguró que habló directamente con Idárraga y que está en “total disposición” para esclarecer lo ocurrido. Dijo también que presidió una junta de inteligencia conjunta en la que se impartieron “lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del ministro de Justicia (e)”.
En su denuncia, Idárraga dijo que el 11 de noviembre de 2025, el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM), impartió una misión de trabajo que decía: “Considerando a miembros activos y retirados del Ejército Nacional como amenaza interna, conforman y emplean mecanismos para filtrar información reservada de la fuerza, de manera clandestina, al actual secretario de transparencia de la Presidencia de la República”.
Es decir, por una parte, se presentaba como un riesgo para la institucionalidad sacar a la luz posibles hechos de corrupción al interior del Ejército; por otra, desde los altos mandos de Defensa se tenía conocimiento de las investigaciones que adelantaba Idárraga. En la orden de CACIM también se lee: “Identificar posibles miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares frente al mal manejo de información reservada y posible daño a la imagen de altos oficiales”.
Para Idárraga, las interceptaciones son un castigo por investigar la corrupción. Además, se trataría de un mecanismo de intimidación y deslegitimación. Según informó, no solo hizo la denuncia ante la Fiscalía, sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El “fuego amigo” en el Gobierno no cesa.
No es la primera polémica grave entre funcionarios del gabinete, incluso también sobre presuntas interceptaciones. Pero esta vez, de ser cierta la denuncia, las alarmas están encendidas porque si eso sucede con un ministro de Estado, ¿qué le puede pasar al resto de ciudadanos?
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