El Gobierno reconoció que en cuatro operaciones militares —entre bombardeos y combates— murieron al menos 15 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales, un hecho que generó cuestionamientos al revelarse que, según Medicina Legal, eran tres víctimas más de las que informó inicialmente el Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que las Fuerzas Militares eran conscientes de la probabilidad de que hubiera menores en los campamentos atacados, pero insistió en que actuaron bajo el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Las dudas surgieron luego de que Medicina Legal confirmara la muerte de menores y, según congresistas y la Defensoría del Pueblo, también de niños de 11 y 13 años en una de las operaciones.
El ministro negó que el Gobierno hubiera ocultado la información y aseguró que solo reportan resultados operacionales —número de integrantes neutralizados y armamento incautado—, mientras que la identificación plena de las víctimas corresponde a Medicina Legal.
Tras los bombardeos, la Defensoría del Pueblo había advertido que “la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos de grupos armados ilegales no habilita la posibilidad de ataque, y las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los menores, que conservan una protección reforzada por los principios de humanidad, precaución y necesidad militar limitada, así como por el interés superior de la niñez”.
Esa advertencia reavivó el debate que hace años provocó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, durante el gobierno de Iván Duque, tras un bombardeo en Caquetá donde murieron 8 menores en 2019.
Durante ese año, en ese entonces Gustavo Petro, cuando era senador Iván Cepeda y Roy Barreras, cuestionaron duramente estos hechos.
El ministro Sánchez defendió las operaciones y rechazó que hubiera un ocultamiento de información. Sobre el operativo del 24 de agosto en el área rural de El Retorno, Guaviare, insistió en que no hubo bombardeo, sino un enfrentamiento.
“En el área rural de El Retorno, fueron producto de un combate contra las tropas. Era un grupo criminal en el que intentó asesinar a nuestros soldados producto de la acción ofensiva que nosotros hicimos. Al siguiente día incluso hubo 34 militares secuestrados. Entonces es totalmente falso que hubo un bombardeo. Ahí hubo un combate contra esos grupos”, explicó en entrevista con Blu Radio.
Aun así, Medicina Legal indicó que esas muertes se produjeron por un bombardeo, lo que llevó a cuestionar la versión del Gobierno. El ministro respondió señalando que el propio director de la entidad revisaría su reporte: “¿Por qué medicina legal lo dice? Yo creo que hay que preguntarle a él”.
Uno de los puntos más críticos se dio en el operativo en Puerto Santander, Amazonas, donde murieron cuatro menores de edad.
El ministro reconoció que el Gobierno sabía que existía la probabilidad de que hubiera adolescentes reclutados, pero reiteró que todos los fallecidos eran combatientes ilegales.
Según dijo el jefe de cartera al medio citado, “en estas acciones no ha muerto ningún niño o niña si uno los clasifica como está estipulada en la ley. De 12 años a 18 años son adolescentes. Nosotros reportamos inmediatamente el resultado... Y ya medicina legal nos confirmó hasta ahora de que ahí murieron menores combatientes ilegales en función continua de combate”.
Frente a la versión que señala que entre las víctimas habría una niña de 11 años, el ministro aseguró que la información que Medicina Legal le entregó, se establecen menores de 17, 14, y 16 años.
“Aquí no se trata de la edad para definir si es del objetivo de bombardeo... las normas dicen que niños van de 0 a 12 y de 12 a 18 ya son adolescentes... ¿En qué momento dejan de perder más bien la protección? Y es cuando se involucran en las hostilidades. Cualquier persona que se involucre en las hostilidades... es un blanco legítimo”.
También afirmó que el presidente Petro conocía los riesgos: “Sabíamos que existía la probabilidad de que hubiera menores de edad”.
De acuerdo con el ministro, “Son dilemas éticos pero lo resuelve de alguna manera las normas que están escritas y eso fue lo que utilizamos y cierro diciendo que no se afectó ninguna persona protegida por el DIH y se atacó a una hora que no pudiera ocurrir eso”.
En el caso del bombardeo del Amazonas, el ministro aseguró que la decisión se tomó luego de evaluar tres escenarios operativos. Finalmente, se optó por un ataque aéreo limitado, con solo “un 30% del poder de combate que se emplea normalmente en una operación”. Dijo que retirarse habría sido equivalente a “omisión”.
El ministro reconoció que en los 1.404 combates registrados en este gobierno, “han caído menores en muchos combates”, producto del reclutamiento forzado, pero enfatizó que en el operativo de agosto “no hubo bombardeo”.
El ministro insistió en que las operaciones fueron legítimas: “Aquí los únicos criminales han sido los que han reclutado... Cualquier persona que porte un arma y participe en hostilidades es un peligro enorme”.
“Nosotros hemos tenido 1404 combates desde el periodo de este gobierno. En esos hemos utilizado 13 veces bombardeo. Menos del 0.9%”.
Por otra parte, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), también se pronunció contra esta medida.
“Esa obsesión por los objetivos de alto valor y por mostrar “neutralizaciones” lleva a oscurecer los objetivos de la seguridad, a reencauchar con nuevos argumentos la fracasada “guerra contra el narcotráfico”, a debilitar las estrategias para el desmonte de grupos armados irregulares y para un avance en la construcción de paz y superación de violencias”, aseguró.
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