El abogado de Miguel Uribe se pronunció demostrando inconformidad. Estos son los detalles.
A pocas semanas del asesinato del senador Miguel Uribe, la justicia dio a conocer una de las primeras decisiones en el caso: un juzgado de Bogotá impuso una pena de siete años al adolescente que, el pasado 7 de junio, disparó contra el congresista en el barrio Modelia. Se trata de la primera condena contra un implicado directo en el magnicidio.
La decisión judicial establece que el menor deberá cumplir siete años de privación de libertad en un centro de atención especializada. Durante la investigación se determinó que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque.
El 7 de junio, de acuerdo con el proceso, fue citado en el barrio Modelia, donde, a bordo de un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, una pistola Glock calibre 9 mm.
Con el arma en su poder, descendió del automóvil, caminó hasta el parque El Golfito —donde el senador Miguel Uribe participaba en una concentración política— y abrió fuego contra él.
En su intento de huida, fue interceptado por el esquema de seguridad del precandidato y entregado a las autoridades. Durante la audiencia de acusación, realizada el 4 de agosto, aceptó los cargos por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Siete días después, el senador y precandidato presidencial murió a causa de las heridas.
La sanción impuesta quedó enmarcada dentro de los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Al respecto, el abogado Víctor Mosquera, defensor del fallecido senador, reconoció que se trata de una de las penas más altas contempladas para menores de edad. Sin embargo, advirtió que “no se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
Agregó que la legislación para adolescentes termina por “incentivar que el crimen utilice a menores, al no existir un castigo real y efectivo”.
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