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Estos son los incumplimientos del Gobierno con los emberá en Bogotá, según el alcalde Galán

El alcalde de la capital anunció que demandará al Gobierno luego de que cerca de 500 personas de la comunidad indígena emberá se volvieran a asentar en el Parque Nacional de la ciudad.

  • Según la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno ha incumplido una orden judicial que ordenó la protección de esta población. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Según la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno ha incumplido una orden judicial que ordenó la protección de esta población. FOTO CAMILO SUÁREZ
hace 7 horas
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Un duro llamado hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al Gobierno Nacional por la situación humanitaria que viven integrantes de la comunidad indígena emberá en la capital, que volvieron a asentarse en un importante parque público. Es la segunda vez que miembros de ese grupo poblacional se ubica, con enseres, cambuches y pertenencias, en la ciudad. En esa ocasión, estuvieron allí ubicados entre 2022 y 2024.

En contexto: Indígenas Embera se tomaron, otra vez, el Parque Nacional en Bogotá; Gobierno no responde.

Este lunes 19 de mayo, cerca de 500 emberás se volvieron a instalar en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera —ubicado en los cerros orientales de Bogotá y que cuenta con 283 hectáreas de área—. Esta situación prendió las alarmas de las autoridades capitalinas, pues se calcula que hay 220 menores de edad.

Al respecto, el alcalde Galán expresó que “Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del Gobierno Nacional, la situación que está pasando la comunidad emberá, como se sabe, es por los reclamos para retornar a su territorio”.

En ese sentido, recordó que para 2024 (año en el que los indígenas salieron del parque, en septiembre) el Distrito hizo una coordinación institucional con la Unidad de Víctimas (entidad dependiente de Presidencia) para lograr el retorno de estas personas a sus territorios y dijo que “se hizo después de una inversión grande que ha hecho Bogotá y una inversión que se mantiene”.

Así mismo, explicó que la Alcaldía incluyó “un esfuerzo que no se había hecho en Bogotá y es que fueran incluidos en los programas de Integración Social para recibir una transferencia monetaria condicionada a la permanencia en el territorio, es decir, Bogotá decidió apoyar el retorno acompañando a esa población en su regreso al territorio de donde provienen”.

Galán fue enfático en que estas personas están afectadas por la violencia en sus lugares de residencia (Chocó y Risaralda) y que están reclamando soluciones al Estado, por lo cual “el Gobierno debe atender las inquietudes y tiene que tomar las medidas que le corresponde para garantizar que se restablezcan los derechos de estas familias”.

De hecho, sobre esa situación de violencia, el mandatario local dijo, en entrevista con La FM, que esto “obligó a miembros de la comunidad a desplazarse a Bogotá”, lo cual significa, para él, que “la responsabilidad principal de garantizar su retorno es del Gobierno Nacional, no de Bogotá”.

Vale recordar que en 2023 hubo una decisión de tutela que le ordenó al Gobierno Nacional hacer todo lo necesario para el retorno de esta población. Sin embargo, para Galán “esa decisión no ha sido cumplida (...) y eso es lo que tiene a esta población en varios puntos de la ciudad”. “Ha sido totalmente insuficiente”, insistió.

El alcalde recalcó que la Alcaldía ha invertido más de $22.000 millones en lo que va de corrido de su administración para atender a los indígenas y que parte de esa inversión fue destinada a programa de apoyo que consistía en hacer pagos condicionados para que los emeberá regresaran a sus territorios. No obstante, señaló que las partes adicionales que prometió la Presidencia se han incumplido.

Por esto, Carlos Fernando Galán anunció que el Distrito demandará al Gobierno por una acción de incumplimiento por el fallo de tutela de 2023, debido a las condiciones en las que estas personas se encuentran en el Parque Nacional.

Finalmente, el burgomaestre también dijo que presentará una denuncia por la presunta instrumentalización de menores de edad en la Fiscalía, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Personería. Esto debido a que, según manifestó, los más de 200 niños que están asentados con sus familias están siendo usados “para evitar la intervención. No se puede entrar con fuerza pública donde hay menores”.

Siga leyendo: Indígenas en U. Nacional | “Andan acosando compañeras”: denuncian estudiantes de enfermería

“No puede ser que tengamos 220 niños de La Rioja que ayer no pudieron ir al colegio, y 100 que no fueron a los Centros Amar, porque los obligaron a ir al parque a dormir bajo la lluvia, en plena temporada de enfermedades respiratorias”, añadió en la conversación con La FM.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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