Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General radicó solicitud de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.
El ente investigador le imputará el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
La Fiscalía tiene pruebas de que Benavides habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones de pesos.
Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.
La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD.
La exasesora reconoció ante la Fiscalía que llamó Karen Manrique, congresista de las curules por la paz, porque estaba interesada en un contrato en Arauca.
Además, ha entregado información clave a las autoridades sobre la posible participación del exministro Bonilla en el entramado corrupto que se tomó la UNGRD.
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Habló, por ejemplo, de una operación que se habría dado en diciembre del año pasado con el fin de aprobar de forma rápida y una millonada en créditos que necesitaba el Gobierno Nacional.
También mencionó un supuesto acuerdo entre Bonilla; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. El trío, contó la exasesora, buscaba destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
Desde que se conoció su colaboración con la justicia, la mujer ha denunciado amenazas contra su vida y la de su familia. Por eso, reclama a las autoridades reforzar su seguridad.
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“Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso”, se lee en un comunicado firmado por la defensa de Benavides.
Bonilla dio su versión a la Corte Suprema
El exministro Bonilla acudió el pasado martes a la Corte Suprema de Justicia en calidad de testigo dentro de la investigación por corrupción en la UNGRD.
“Hoy vengo a la Corte porque la Justicia me ha convocado. Vengo en carácter de testigo de unos hechos. Estoy tranquilo. Yo como ministro me desempeñé igual que los ministros anteriores, cumpliendo mis funciones”, dijo Bonilla al ingresar al Palacio de Justicia.
También explicó que el Ministerio de Hacienda es responsable de formular la política económica, pero no ejecuta directamente los recursos.
“El Ministerio da el presupuesto y asigna la Caja, pero no ejecuta. No contrata y no se relaciona con contratistas. El ministro de Hacienda no es ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al Ministerio de Hacienda”, señaló.
Aunque no figura como investigado, Bonilla fue mencionado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; por su exsubdirector Sneyder Pinilla; y por Benavides Soto, quienes lo implicaron en supuestas gestiones para direccionar tres proyectos que sumaban el total $92.000 millones de pesos.
Bonilla no respondió preguntas específicas sobre ese señalamiento, pero insistió en que cumplió sus funciones conforme al marco legal. “Ustedes tienen que entender que el Ministerio de Hacienda es el garante de la política monetaria, cambiaria, fiscal, arancelaria, etcétera”, explicó.
