La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, señalado como el principal responsable de la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. El joven fue brutalmente agredido la madrugada del 31 de octubre tras salir de una discoteca en el norte de Bogotá. Durante la diligencia, Suárez Ortiz no aceptó los cargos.
El segundo implicado en este caso sigue prófugo de la justicia.
La audiencia de imputación, realizada este miércoles, 5 de noviembre, estuvo marcada por varios incidentes de procedimiento y por el debate sobre la reserva parcial de la actuación judicial. La Fiscalía había solicitado que toda la audiencia se mantuviera en reserva; sin embargo, la defensa se opuso argumentando que los hechos ya eran de conocimiento público.
Finalmente, el juez determinó que la restricción aplicará únicamente para las imágenes del cuerpo, las grabaciones de la audiencia y la identidad de los testigos, advirtiendo que los medios que difundan dicho material podrán ser sancionados.
El juez recordó que la decisión se sustenta en el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal y en la sentencia SU-141 de 2020, que permite limitar parcialmente el acceso a la prensa cuando la publicidad pueda afectar los intereses de la justicia. También hizo un llamado a los medios a mantener un tratamiento ético y sensible del caso, recordando que al procesado aún le asiste la presunción de inocencia.
La diligencia continuará el 6 de noviembre a las 9:00 a.m., cuando se espera que la Fiscalía amplíe los detalles del caso y presente más elementos sobre la responsabilidad de Suárez Ortiz en la agresión que terminó con la muerte del joven estudiante. Mientras tanto, la búsqueda del segundo agresor continúa.
Fiscalía detalló las circunstancias del crimen de Jaime Esteban Moreno
Según la investigación, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y la boca, los agresores huyeron hacia un local cercano. Un vigilante dio aviso a las autoridades, lo que permitió la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres en la calle 69 con carrera 14.
De acuerdo con la historia clínica, Moreno Jaramillo fue trasladado al CAMI de Chapinero en grave estado y luego remitido al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó con politraumatismos severos en cara, cráneo y tórax. Los médicos le practicaron una cirugía de urgencia por un hematoma subdural y contusiones múltiples, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue declarado muerto a las 6:58 p.m. del 31 de octubre. Medicina Legal confirmó que las lesiones afectaron órganos vitales como el cerebro y los pulmones.
La fiscal del caso imputó a Suárez Ortiz por el delito de homicidio agravado, contemplado en los artículos 103 y 104 del Código Penal, cuya pena oscila entre 480 y 600 meses de prisión (40 a 50 años). El ente acusador argumentó que el crimen se cometió bajo las causales de motivo fútil o abyecto y situación de indefensión de la víctima, pues las agresiones se produjeron cuando el joven ya se encontraba en el suelo y sin posibilidad de defenderse.
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¿Falta de claridad en fiscalía?
Durante la audiencia, la fiscal explicó que actuar con motivo fútil implica una causa “insignificante o desproporcionada” frente al resultado mortal. Sin embargo, el juez de control pidió claridad sobre los móviles del crimen y cuestionó que la Fiscalía no hubiera establecido con precisión el motivo que originó la agresión.
El representante de las víctimas, Camilo Rincón, solicitó un receso para que la delegada organizara su argumentación y subrayó la importancia de que el imputado comprendiera con exactitud los cargos que se le atribuyen. El juez, por su parte, advirtió que debía evitarse una “imputación inflada” y recordó que el proceso no podía sustentarse en suposiciones sobre los móviles.
Tras la pausa, la fiscal ratificó la agravante por indefensión de la víctima, pero retiró otras circunstancias de mayor punibilidad que habían sido cuestionadas por la defensa. El representante de víctimas manifestó su inconformidad con esta decisión, alegando que existió coparticipación criminal, pues “uno de los agresores lo derribó y el otro lo golpeó mientras estaba en el piso”.
Finalmente, el juez dejó constancia de que la Fiscalía mantiene la imputación por homicidio agravado en concurso con otra persona aún no identificada, mientras el proceso continúa su curso judicial.
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