La tercera crisis diplomática fuerte entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no alcanzó la temida palabra con que el magnate ha manejado las relaciones bilaterales con varios países: aranceles. Al menos por ahora, las sanciones del Gobierno de Estados Unidos se centrarán en el mandatario, su familia y sus colaboradores, pero no contra el país con esa arma económica.
Así queda, hasta el momento, el panorama en las relaciones diplomáticas con ese país, luego de la reunión de Petro con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara, y el embajador de Colombia, Daniel García-Peña. Y, no menos importante, después de que un influyente senador republicano anunciara que pediría que incluyeran al mandatario en la Lista Clinton.
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Se trata del senador y empresario colomboestadounidense Bernardo, ‘Berni’, Moreno. En una entrevista con la cadena Fox News lanzó declaraciones de grueso calibre contra Petro, a quien señaló de haber llegado al poder con el apoyo de organizaciones criminales y narcotraficantes, en consonancia a lo dicho por Trump el pasado fin de semana, cuando lo acusó de ser “un líder del narcotráfico”.
No aranceles, pero sí lista
El senador Moreno dijo en ese diálogo que “lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso” y anunció que “vamos a acelerar esa investigación” contra el presidente.
“Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, anunció el congresista republicano.
La OFAC (por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assets Control) o también conocida como la Lista Clinton, es un listado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye personas, empresas, organizaciones y gobiernos con los que los ciudadanos y entidades de esa nación tienen prohibido hacer negocios o transacciones financieras.
Fue creada en 1995, durante el gobierno de Bill Clinton, como parte de las estrategias para bloquear los bienes y las actividades económicas de personas o empresas vinculadas con el narcotráfico internacional, el terrorismo, la corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Aunque nació con el propósito de golpear financieramente a los carteles de drogas, hoy la lista se aplica también a políticos, empresarios y organizaciones en distintas partes del mundo que representen una amenaza para la seguridad o la economía de ese país.
Las razones para ser incluido en la Lista Clinton varían, pero en todos los casos deben estar relacionadas con actividades ilícitas o riesgosas.
Entre las causas más comunes están los vínculos con el narcotráfico o el lavado de activos; apoyo o financiamiento al terrorismo o a regímenes sancionados; corrupción; violaciones graves a los derechos humanos o desvío de fondos públicos; así como participación en redes de tráfico de armas, personas o contrabando.
La posibilidad de que la administración Trump ingrese a Gustavo Petro, o alguien de su círculo familiar o cercano, puede tener un “significado gravísimo en términos simbólicos para Colombia”, según comentó a EL COLOMBIANO el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar, César Niño.
“Con eso la tensión se elevaría aún más y se criminalizaría a un presidente en funciones. Eso no tiene precedentes en la historia reciente con Colombia o, al menos, desde la creación de esa lista, que es una potestad de la administración de Estados Unidos”, dijo.
¿Pueden incluir a Petro?
Moreno añadió que la administración Trump no tolerará gobiernos que “envíen veneno para matar a nuestros ciudadanos”, en referencia al tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.
“La buena noticia es que en Colombia la gente apoya a Estados Unidos y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen un líder morónico al mando en este momento. Pero hay elecciones el próximo año y creo que eso cambiará completamente nuestra relación con Colombia. Estaremos de nuevo en el camino correcto cuando este tipo se haya ido”, agregó.
La posibilidad de que el pedido del senador Moreno se concrete es alta. El presidente Trump, según contó el periodista Julio Sánchez Cristo, acogió esa recomendación y le pidió a la agencia financiera continuar la investigación que lleva varios meses de iniciada contra Petro, sus familiares y sus colaboradores.
Así las cosas, la amenaza de terminar la ayuda económica para Colombia anunciada por Donald Trump queda en un terreno de incertidumbre. Así lo dejó entrever la Cancillería tras la reunión de Petro con McNamara, de la que dijo que fue el primer paso para recomponer las relaciones bilaterales.
Sin embargo, como le explicó a este diario el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Gabriel Jiménez, para que a una persona la incluyan en esa lista “tiene que haber pruebas y hasta ahora solo hay una acusación, pero para estar en esa lista tienen que comprobar que hay relación plena con el narcotráfico y el lavado de activos”.
Entre tanto, el profesor e internacionalista Camilo González Vides añadió que “la administración Trump busca capitalizar el proceso judicial sobre la financiación de la campaña del presidente Petro como una prueba de ese nexo con el narcotráfico”.
Distintas personalidades en el mundo han entrado en esa lista. El expresidente de Paraguay Horacio Cartes fue sancionado desde 2023 por su “corrupción desenfrenada” y fue recientemente en 2025 que Estados Unidos decidió eliminarlo de su lista, pues consideró que las sanciones “ya no eran compatibles con la política exterior y seguridad nacional”.
Así mismo, la jueza rusa Natalia Mushnikova fue incluida —en virtud de la Ley Global Magnitsky de 2017— por cometer abusos contra los derechos humanos. Entre tanto, la jefa de gabinete del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Martha Carolina Recinos de Bernal, fue acusada de liderar un “esquema de corrupción multimillonario”.
También han sido sancionados altos mandos militares y funcionarios de Rusia y Bielorrusia por apoyar la invasión de Ucrania, así como exfuncionarios guatemaltecos señalados de desvío de recursos públicos.
La inclusión en la lista no requiere una condena judicial. Basta con que la OFAC tenga evidencia o indicios suficientes para considerar que una persona u organización está involucrada en alguna de estas actividades. Una vez alguien es señalado, todas sus propiedades e intereses en territorio gringo quedan bloqueados y prohíben a las empresas con sede en ese país y a sus ciudadanos hacer negocios con las personas sancionadas.
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