Héctor Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional y exabogado de Petro, firmó millonarios contratos con Colpensiones antes de asumir, lo que podría obligarlo a declararse impedido en el fallo sobre la reforma pensional. La Corte decidirá si tumba la ley por vicios de trámite.
Días después de su elección como magistrado de la Corte Constitucional, este jueves se conocieron dos contratos que firmó el abogado Héctor Carvajal con Colpensiones, los cuales podrían ocasionar que tenga que declararse impedido para discutir un asunto de máximo interés para el presidente Gustavo Petro: la demanda que cursa en ese alto tribunal contra la reforma pensional.
Carvajal, otrora abogado personal del primer mandatario, firmó un primer contrato el 29 de mayo de 2024 y otro el 3 de febrero de 2025. El primero asciende a $293 millones y el segundo a $175 millones. Ambos suman $468 millones.
Entre otras, se precisa que una de las obligaciones del contratista era “apoyar al jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, en la elaboración, propuesta o participación de proyectos de acto legislativos, leyes y decretos relacionados con el desarrollo del objeto contractual, que el presidente de Colpensiones (Jaime Dussán) deba someter a consideración del Gobierno Nacional y hacerles seguimiento si se requiere”.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático) señaló que Carvajal debe declararse impedido como magistrado en la reforma pensional, de lo contrario “desde ya anunciamos que procederemos a radicar las respectivas recusaciones”.
La Corte se dispone a discutir una demanda que interpuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, que argumentó que hubo vicios de trámite en la aprobación de la Ley 2381 de 2024. En el documento se lee que se aprobó completamente con “pupitreo” y “se negó el debate”.
El meollo del asunto es que la bancada de Gobierno tramitó en último debate una proposición con el argumento de salvar la reforma del hundimiento. En este recurso se explicó que los congresistas se acogían al texto aprobado en la plenaria del Senado, lo que quiere decir que se aprobó la ponencia presentada en esa corporación y no fue necesario debatirla en Cámara. Esta propuesta fue aprobada con 86 votos a favor y 32 por el “no”.
La oposición manifestó que se estaba saltando el debate y que todavía quedaba tiempo para su discusión. De hecho, esta semana se conoció que la ponencia presentada por el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, solicitaría a la Sala Plena que se caiga la nueva ley pensional, que entraría en vigencia el próximo primero de julio.
Al parecer, la postura de Ibáñez es con base a que las irregularidades denunciadas son “graves e “insubsanables”. Por esa razón, solicita la inconstitucionalidad de la reforma pensional.
Previo a esa discusión, esta semana la plenaria del Senado eligió a Héctor Carvajal en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, quien representaba una postura conservadora dentro del tribunal. En contraste, Carvajal se suma al ala liberal de la Corte, alineado con magistrados como Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés, Diana Fajardo y José Fernando Reyes.
Además, su silla estará justo al lado de la de Vladimir Fernández, quien también mantiene una relación cercana con la Casa de Nariño, pues fue secretario jurídico de la Presidencia antes de llegar a la Corte. Con estos movimientos, la mayoría liberal en el tribunal se consolida, aunque, en principio, ello no debería traducirse en inclinaciones políticas a la hora de fallar, ya que los magistrados están llamados a decidir con base en la Constitución y no en afinidades ideológicas.
El nombramiento de Carvajal ha sido interpretado por diversos sectores como una victoria para el presidente, sin embargo, esto puede ser una verdad de Perogrullo, pues la terna en su totalidad fue postulada por Petro. Ahora bien, los ojos están puestos en Carvajal porque la Corte Constitucional tendrá un papel crucial en definir el futuro de varias de sus reformas estructurales, como la reforma laboral y la reforma a la salud.
