El presidente de Ecopetrol está procesado por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
“Por compromisos académicos”. Esa fue la excusa que presentó Ricardo Roa Barragán, el presidente de Ecopetrol, para no presentarse por segunda ocasión a la audiencia de formulación de imputación en el marco del expediente por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Mediante un comunicado firmado por su abogado Juan David León Quiroga, el directivo recalcó que había informado previamente del conflicto de intereses a las autoridades pertinentes.
La diligencia estaba programada para la mañana de este miércoles en el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá.
“Mediante memorial radicado el lunes 5 de abril, informé a la Fiscalía que, por compromisos académicos adquiridos con antelación, no me era posible asistir a la diligencia en la hora señalada. Como alternativas para superar el impase propuse que se reprogramara la diligencia o que se retrasara su realización para las 10:00 a.m.”, contó León Quiroga.
Según su comunicado, el ente acusador le respondió que solo podía esperar hasta las 9:30 a.m., debido a otras diligencias programadas, por lo que el Juzgado decidió devolver el expediente al Centro de Servicios para reprogramar la audiencia, cuya fecha está por definir.
“Es importante resaltar que el doctor Ricardo Roa estuvo dispuesto a atender oportunamente la diligencia que, como es de conocimiento público, debe estar acompañado por su abogado”, acotó el defensor.
Al margen de esta situación, Roa está disfrutando desde el 7 de abril de un periodo de siete semanas de vacaciones, además de un mes adicional de licencia no remunerada, en medio de las pujas internas para sacarlo o dejarlo en el cargo.
Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, el expediente de la Fiscalía se abrió luego de una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE), al final de la cual se concluyó que la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de 2022 excedió los topes de financiación legales.
Roa fue el gerente de dicha campaña y en la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.
En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos.
Entre los desembolsos no reportados que llevaron a la superación de los topes figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. El CNE concluyó además que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que se ocultaron aportes que debían ser declarados.
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