Por segunda vez fue aplazada la audiencia programada contra Ricardo Roa Barragán, luego de que el procesado no se conectara a la diligencia judicial por presuntamente violar los topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La sesión judicial de este miércoles, programada por el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del implicado, por lo que el proceso deberá ser reprogramado.
En consecuencia, el despacho ordenó devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales, con el fin de que la Fiscalía solicite nuevamente una fecha de la audiencia.
Por ahora se desconoce la nueva fecha para su realización.
Hay que recordar que en noviembre del año pasado, el CNE encontró responsable a la campaña porque esta excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022.
En la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.
En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos.
Entre los desembolsos no reportados que llevaron a la superación de los topes figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. El CNE concluyó además que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que se ocultaron aportes que debían ser declarados.
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El nuevo incumplimiento ocurre justo cuando Roa comenzó su periodo de vacaciones desde este martes 7 de abril luego de que la junta directiva de Ecopetrol le autorizara siete semanas de receso y un mes adicional de licencia no remunerada.
De momento, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, quien se venía desempeñando como primer suplente del presidente de la compañía, está reemplazando a Roa en la presidencia de la petrolera.
El plan acordado por Roa contempla su regreso al cargo a finales de junio, en medio de un panorama judicial complejo en su contra por los dos procesos que afronta, uno por violación de topes de campaña y otro por la violación de topes electorales durante su gestión como gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022, y otro caso relacionado con el delito de tráfico de influencias que la Fiscalía le imputó por la presunta compra irregular de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.
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