Las filas de las farmacias se desocupan rápido. Pero no por una atención eficaz, sino porque no hay medicamentos para entregar. Es lo normal para Hernando Quinchía, quien lleva dos meses escuchando la misma respuesta en el punto de dispensación de Colsubsidio de la Avenida Colombia, en Medellín, donde reclama los medicamentos que le formula la Nueva EPS. Llega con una carpeta doblada en dos, donde guarda las recetas para la tiroides, la presión y la artrosis.
Cuando se acerca al mostrador, le dicen: “No hay nada”. La última vez le entregaron una pastilla para el riñón. “La que menos necesito”, dice. Desde entonces ha tenido que comprar los otros medicamentos por su cuenta, gastando entre $180.000 y $220.000 al mes.
“Con 80 años uno se tiene que mantener enfermo”, dice sin enojo, como si se tratara de un destino aceptado. Hace años presentó una queja ante la Superintendencia de Salud, pero no volvió porque “no hicieron nada”.
Algo similar le pasa a Rosa Mercado. Llega temprano, como siempre. Reclama Carbamazepina para su hijo de 36 años que sufre epilepsia desde los cinco. También está afiliado a la Nueva EPS en el régimen subsidiado y reclama el medicamento en la misma sede de Colsubsidio.
“Desde el año pasado me quedaron debiendo varias fórmulas. Este año igual. De seis que mandan, entregan dos o tres. La última vez, solo una”, cuenta. Los médicos le aseguran que el medicamento está disponible, pero en el punto de entrega siempre le repiten que “no hay”.
Para evitar crisis, le toca comprar el paquete de pastillas a $20.000 por su cuenta. “No puedo dejarlo sin la medicina. Si no la toma le dan ataques”, dice con la voz cansada.
Luis Hernández recoge los medicamentos de su familia en Cohan, otro punto de dispensación de Nueva EPS y Savia Salud. Llega por los de su esposa —que depende a diario de un tratamiento para el corazón— y aprovecha para reclamar un analgésico para su propio dolor de clavícula. Pero casi nunca se va con la bolsa completa.
“Siempre falta uno o faltan todos. Esta vez solo me entregaron la mitad del Apisaban”, relata. En el mostrador le repiten las mismas frases: “no hay en el país”, “no hay para la Nueva EPS”. Sin embargo, él mismo ha comprobado que en otras farmacias sí se consigue. “Eso es lo raro”, dice.
Cuando no le queda otra opción, compra el medicamento en una droguería de barrio, por lo que ha gastado entre $60.000 y $100.000 mensuales, un gasto que asume con resignación, pues “un medicamento para el corazón no se puede dejar ni un día”.
Hernando, Rosa y Luis no se conocen, pero podrían estar uno detrás del otro en la misma fila buscando el medicamento que necesitan para ellos o sus familias. Todos llegan con la esperanza de recibir una bolsa con su nombre y se van con la misma respuesta que se ha vuelto parte del idioma nacional en el sistema de salud colombiano: “No está el medicamento”.
Sistema de salud: en “falla total”
El problema es que los casos de Hernando, Rosa y Luis no son particulares, sino que es la regla y no la excepción. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el país enfrenta una vulneración “generalizada y regresiva” del derecho a la salud.
En una encuesta que realizó esa entidad mostró que el 90% de los consultados afirmó no recibir o recibir parcialmente sus medicamentos y que entre el 60% y el 80% de los usuarios se van sin todos los productos formulados.
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Para entender cómo llegamos a estos datos hay que mencionar que el Estado, por medio de la Adres (Administradora de Recursos del Sistema de Salud), gira mensualmente una suma de dinero a las entidades promotoras de salud (EPS). A esa plata se le conoce como unidad de pago por capitación (o UPC) y debería alcanzar para todo lo que requieran los afiliados: citas, cirugías, exámenes y medicamentos.
Las EPS usan esa plata para pagarles a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son hospitales y clínicas, y también a los gestores farmacéuticos, que son los encargados de entregar los medicamentos en los puntos de dispensación. Que en el caso de Hernando, Rosa y Luis son los de Colsubsidio o Cohan.
Cuando ese flujo de dinero se rompe o se queda corta para abarcar la demanda de servicios actual, toda la cadena se detiene; es decir, si no les alcanza el dinero, cada vez se hará más demorada la entrega de medicamentos.
Así las cosas, el problema no es que haya desabastecimiento de medicamentos, sino que el dinero no alcanza para que el flujo de fármacos esté asegurado.
Fuentes que conocen el sector farmacéutico del país aseguran que la “orden” implícita que tienen los gestores es que si las EPS no están al día con pagos y deudas, no se despachen medicinas a los puntos. No por un saboteo, como lo ha sugerido el Gobierno, sino por una cuestión lógica: ante el incremento y acumulación de deudas por la insuficiencia de la UPC, la confianza entre actores del sistema se ha quebrado.
La insuficiencia de la UPC es rebatida por el presidente Gustavo Petro y por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, basados en que las aseguradoras “se roban la plata”; mientras que la Corte Constitucional, en un auto de enero de este año, afirmó que esa prima es insuficiente y hasta le ordenó al ministerio que hiciera una mesa técnica para ajustarla.
Si bien el espacio se llevó a cabo dos veces, como lo contó este diario, los representantes de sectores de la sociedad civil y los gremios de las EPS advirtieron que no esperan que el Gobierno cumpla y haga el ajuste.
La “cura” de las intervenciones
En teoría, las intervenciones que el Gobierno —por medio de la Superintendencia de Salud— hizo contra las EPS debían corregir estos problemas. Pero en la práctica han terminado por agravarlos.
Los informes de la Defensoría y la Supersalud muestran que buena parte del caos actual —las largas filas, los pendientes que no llegan y los medicamentos que no entregan— se ha profundizado en las poblaciones afiliadas a las aseguradoras que fueron intervenidas.
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Actualmente, ocho EPS están bajo medida de intervención forzosa para administrar. Son Nueva EPS, Coosalud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Capresoca.
Todas suman 22,8 millones de afiliados, es decir, el 43,5% de la población total. Con Sanitas, que dejó de estar intervenida hasta mitad de año tras un fallo de la Corte Constitucional que ordenó la devolución a sus dueños por haberles violado el debido proceso, el porcentaje llegó a estar en 54,5%.
En cada cambio de administración hay también un cambio de manos: nuevos gestores farmacéuticos, nuevos contratos y nuevas promesas.
Pero el remedio ha sido peor que la enfermedad. Cada transición deja un vacío. Las EPS intervenidas se ven obligadas a buscar operadores improvisados, con poca cobertura y escasa capacidad financiera. Los nuevos gestores llegan sin red ni logística y los pacientes quedan atrapados.
Para el académico Johnattan García, el problema del acceso a medicamentos es “una cadena que se rompe desde arriba”. Explica que la insuficiencia de la UPC, el dinero que el Estado gira cada mes a las EPS, ha creado un ciclo de deudas que deja a las entidades sin liquidez para pagar a hospitales o gestores farmacéuticos.
“Cuando no hay con qué pagar, los grandes operadores se van y entran otros más pequeños, sin capacidad logística ni financiera. Eso alarga las filas, vacía los dispensarios y termina trasladando el costo al paciente”, resume García.
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Un funcionario de la Personería en el Eje Cafetero lo resumió de otra manera en el informe de la Defensoría: “Todo es responsabilidad de la intervención y, entonces, para el territorio no hay respuesta”.
¿Y las respuestas del Gobierno?
Teresita Agudelo es una mujer de 71 años, paciente de la Nueva EPS, que desde hace una década depende de insulina para controlar su diabetes mellitus. Su hermana Mima (como prefiere ser llamada) cuenta que cada mes reclaman los medicamentos en el Instituto del Corazón de Laureles, pero desde hace semanas se quedaron sin nada.
Los tratamientos que necesita —liraglutida, insulina degludec en solución inyectable y empagliflocina con metformina— son esenciales y deben reclamarse puntualmente cada mes. Pero ahora, cada vez que llegan al mostrador, reciben la misma frase: “No podemos dispensar los medicamentos de la Nueva EPS hasta nueva orden”.
“No se puede hacer nada”, les dicen. Solo que deben esperar “a que el Gobierno dé la orden de entrega de medicamentos”. Entre tanto, los días pasan, la diabetes no espera y la familia carga la incertidumbre de no saber cuándo volverán a recibir un tratamiento que no admite pausas.
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Por otro lado, la historia de Judith Naranjo, madre de Waira de nueve años, es la de una espera que se mide en miedo. Viven en Sonsón, Antioquia, y están afiliadas a la Nueva EPS en el régimen subsidiado.
Waira tiene una enfermedad huérfana, el síndrome de ZTTK, que le causa afecciones cardíacas, pulmonares y neurológicas. Desde 2022 recibía inmunoglobulina humana, pero desde 2024 su aplicación empezó a retrasarse. “Desde el 10 de febrero no ha sido posible que la EPS garantice la autorización y aplicación”, cuenta su madre.
Judith asegura que su hija está en alto riesgo de infecciones graves y que lleva gran parte del año sin terapias ni clases, lo que ha frenado su desarrollo. Pese a contar con una tutela integral desde el año 2020 y un desacato desde junio de este año, no ha recibido respuesta de Nueva EPS ni de la Supersalud.
Y es que el sistema parece girar sobre una paradoja: los medicamentos existen, pero no llegan; las tutelas se ganan, pero se quedan en un triunfo pírrico o directamente no sirven para algo.
En Colsubsidio, Hernando todavía llega con su carpeta doblada; Rosa guarda las fórmulas que no le han servido, y Luis sigue recorriendo farmacias hasta encontrar una caja que pueda pagar.
Cada uno, en silencio, sostiene un pedazo del mismo problema: un sistema que se resquebraja por dentro y que convierte el derecho a la salud en una forma de resistencia para no morir.
En los mostradores del país, la escena se repite una y otra vez: un paciente que extiende una fórmula, un funcionario que niega con la cabeza y una respuesta que se vuelve costumbre en Colombia: “no hay medicamento”.
Una fórmula de medicinas completa es la excepción
Además de los testimonios de Hernando, Rosa y Luis, EL COLOMBIANO consultó con 20 pacientes de distintas EPS —entre ellas Nueva EPS, Sura, Sanitas y SaviaSalud—, en varias zonas de dispensación de medicamentos –como Colsubsidio y Cohan– y solo cuatro de ellos aseguraron haber recibido la entrega completa de sus medicamentos, dos de la Nueva EPS y los otros dos de Sura.
Las otras 16 personas dijeron recibir sus medicamentos de forma parcial o no recibir nada. Una de ellas, Elena, hablaba por su padre de 78 años: “Mi papá tiene diabetes, hipertensión y problemas del corazón”, además de un ACV en 2022.
Cada mes deben recorrer dos puntos —Audifarma y Colsubsidio— para reclamar insulina, atorvastatina, valsartán y, sobre todo, apixabán. “Ese anticoagulante es absolutamente necesario”, dice. Pero desde enero “no entregan casi nada”, y el apixabán no aparece, obligándolos a comprar lo faltante por $1.100.000 a $1.200.000 al mes.
MinSalud dice que “la crisis fue fabricada”
El Ministerio de Salud publicó un video negando que exista una crisis de acceso a medicamentos y asegurando que es “fabricada”. Para sostenerlo, dijo que “hoy más colombianos acceden a tratamientos complejos”, pero no presentó datos propios: usó un recorte de El Tiempo que solo reproducía un comunicado del mismo Ministerio, sin cifras verificables.
El video citó selectivamente el informe de la Defensoría, resaltando deudas de las EPS y un supuesto “desvío” de recursos de la UPC. Pero omitió que el mismo informe matiza esos puntos: la Procuraduría cuestionó la lectura de la Contraloría y la Defensoría advierte que, más allá de interpretaciones, hay un bloqueo del flujo de recursos y una crisis financiera en curso.
Luego, el Ministerio apuntó contra organizaciones de pacientes, insinuando “conflictos de interés” sin pruebas ni nombres. La paradoja es que, mientras niegan la crisis, la Defensoría documenta hasta un 90% de pacientes que no recibe el total de sus medicamentos.
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