El grupo Keralty no se guardó nada. Luego de la decisión conocida este jueves —en la que la Corte Constitucional tumbó la intervención de la Superintendencia de Salud contra la EPS Sanitas— la compañía española dijo que la medida en su contra “fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada”. Y a pesar de que el alto tribunal les dio la razón 15 meses después, aseguran que “es un día de duelo”.
La decisión de la Corte —cuyo fallo completo no se ha conocido— deja abierto un camino en el que se presume que pueden venir demandas contra el Estado, que marca un camino para las demás entidades promotoras de salud (EPS) y que, en síntesis, deja mal parado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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La alta corte, tras analizar y estudiar una tutela interpuesta por Keralty, que es la propietaria de Sanitas, les dio la razón a los accionantes y amparó su derecho al debido proceso.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, señaló que el Gobierno y Luis Carlos Leal, quien era el superintendente cuando se ordenó la intervención, “quedaron en el peor de los mundos”, pues “era evidente que la Supersalud no probó las medidas de salvamento que se deben intentar antes de la toma de decisiones de fondo”.
Esas medidas previas a intervenir, explica, “siempre deben ir a la protección de la entidad, pero el Gobierno ha interpretado lo contrario, que es que el poder y la discrecionalidad la usan para tomar decisiones que las perjudican, como ha pasado con todas las que han intervenido”.
“La Corte dijo que no pueden abusar de sus funciones y deja ver que hubo un evidente abuso de autoridad. ¿Qué dirá ahora Leal y Giovanny Rubiano?”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, dijo que se había advertido que “en este caso se trataba de una medida motivada en una decisión discriminatoria y que, como lo dijo la Corte, no surtió el debido proceso”.
De igual manera, recordó que un año antes de la intervención a Sanitas (ordenada en abril de 2024) la empresa “había advertido la desfinanciación del sistema que estaba afectando a sus usuarios y había pedido la aprobación de un plan de reorganización porque eran conscientes de que eso iba a afectar sus indicadores de atención y sus estados financieros”.
“Esa intervención se dio sin que se hayan atendido esa peticiones y sin que se haya hecho lo que corresponde para mejorar la situación de esa EPS y fue arbitraria”, agregó.
A esto, añadió que las intervenciones, que también han hecho en contra de otras ocho aseguradoras, “han sido usadas como un mecanismo para implementar la reforma a la salud, con la cual el Gobierno tiene actualmente el control de 30 millones de usuarios y los presupuestos destinados a la atención de esa población”.
Entre tanto, el exministro de Salud Alejandro Gaviria expuso que la decisión de la Corte Constitucional, además de dejar mal parados al Gobierno y a la superintendencia, evidencia que “el superintendente de ese momento (Leal) actuó de manera irresponsable y caprichosa. Ahora tendrá que asumir las consecuencias”.
“Muestra también que existen, en el Estado colombiano, mecanismos para contrarrestar el abuso de poder y los desafueros del ejecutivo”, expresó.
¿Impactará esto en las otras intervenciones?
Esta decisión judicial deja en la mesa una pregunta: ¿será un camino que sigan las demás EPS intervenidas? Si bien las tutelas solo involucran a las partes en confrontación (en este caso, Keralty y la Supersalud), puede servir de referencia para las demás que consideren que hubo inconsistencias en las decisiones en su contra.
Al respecto, el exsuperintendente Aristizábal manifestó que “la Corte le mostró el camino a los dueños de las demás EPS”, pero insistió en que la misma determinación expone que “este Gobierno no toma medidas de salvamento y la Corte muestra que fue así (en el caso de Sanitas)”.
La presidenta Vesga opinó sobre esa posibilidad que “es probable que les asista a las demás EPS que han expresado que no se cumplió el debido proceso y que hubo una abierta violación de mecanismos, por lo cual es posible que busquen con esto tutelar ese derecho”.
A su vez, el exministro Gaviria advirtió que aunque es una posibilidad “muchos de los antiguos dueños de las otras EPS intervenidas no parecen estar interesados una devolución, pues las deudas han crecido de manera sustancial y la situación de muchas es caótica”. “El gobierno hizo un daño irreversible”, añadió.
¿Qué viene ahora para Sanitas?
Si bien el grupo Keralty está a la espera de conocer el fallo de la Corte para poderlo analizar en detalle, su equipo legal aseguró que esperan retomar el control de Sanitas —en el que tienen que restaurar la asamblea, la junta directiva y el representante legal— en 10 o 15 días.
En rueda de prensa, el abogado de la empresa española en Colombia, Juan David Rivero, expresó que es un día de “profunda tristeza y reflexión”, puesto que si bien representa una victoria jurídica, no alcanza para cubrir los daños que el Gobierno Petro, según él, les causó desde lo humano, institucional, moral y financiero.
Fabio Aristizábal comentó que al siguiente Gobierno le tocará enfrentar las consecuencias de esa intervención “por los daños causados”. “Es una noticia terrible porque demuestra que están tomando decisiones arbitrarias”, subrayó.
Finalmente, Alejandro Gaviria fue enfático en que “la Corte seguirá actuando, pero el Gobierno no tiene ningún interés en que el sistema se recupere. Hay una ceguera ideológica ya conocida y probablemente volverán esta decisión un tema de campaña”.
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