Por medio de la expedición del Decreto 930 de 2026 se aumentó del 80 al 90 % el porcentaje mínimo de los recursos que la Administradora de Recursos de Salud (Adres) girará directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a los proveedores de tecnologías en salud. Las primeras son clínicas, hospitales, laboratorios y centros especializados, mientras que los segundos son los que suministran herramientas para servicios.
El Ministerio de Salud aseguró que con esta normatividad busca responder a la necesidad de garantizar un flujo más “eficiente, oportuno y transparente” de los recursos públicos destinados a la prestación de los servicios de salud.
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En ese sentido, la institución reiteró que el giro directo se presenta como una herramienta para asegurar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen de manera más rápida a quienes prestan servicios a los pacientes.
El incremento del porcentaje mínimo de giro directo cobija a los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) del régimen subsidiado, las EPS del régimen contributivo que incumplan las condiciones de patrimonio adecuado, las EPS sometidas a vigilancia especial, intervención (actualmente hay siete así) o liquidación, las EPS que voluntariamente adopten el mecanismo de giro directo y los recursos correspondientes a presupuestos máximos destinados a financiar servicios y tecnologías que no estén cubiertas por esos recursos.
“Con esta medida, el Gobierno busca brindar mayor estabilidad financiera a las IPS y proveedores, reducir los riesgos de interrupción en la prestación de servicios, mejorar la entrega oportuna de medicamentos y fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos del sistema de salud”, enfatizó el Minsalud.
¿Qué es el giro directo?
La ley en salud del país califica el Giro Directo como el mecanismo mediante el cual la Adres transfiere directamente los recursos a las IPS y a los proveedores de servicios y tecnologías, sin que medien las entidades promotoras de salud (EPS). Normalmente, la Adres (conocida como el “banco de la salud”) envía la plata de los pagos a las aseguradoras y estas, después de un proceso de auditoría de las facturas, pagaban a los hospitales y clínicas.
Ese mecanismo fue el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro más impulsó, ante el fracaso de sacar adelante su reforma al sistema de salud en el Congreso. De hecho, el giro directo pasó de $18 billones en 2022 a $68 billones en 2025.
Con el giro directo, la EPS tienen la obligación de ser ordenador ante la Adres del pago a las clínicas y hospitales. La EPS hace una nómina de las cuentas que va a pagar de las clínicas y hospitales y se lo manda a esa institución para que haga los pagos.
El problema del giro directo
Recientemente, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dijo que el incremento de la implementación de este mecanismo había “ido mejorando el sistema”, pues representó, según él, “una mejor posibilidad de recursos para los prestadores de servicios en todo el país”. Sin embargo, como lo expuso EL COLOMBIANO eso está lejos de ser un logro y es, más bien, uno pírrico y que comprometió una de las funciones fundamentales de las EPS.
El economista de la salud y profesor de la Universidad del Rosario, Paul Rodríguez, explicó que las funciones de las EPS “era la gestión financiera y el aseguramiento de las personas, entonces parte de lo financiero era recibir recursos, manejarlos y pagar a tiempo a sus proveedores y prestadores”. No obstante, dice, “con el giro directo esa función se pierde, pero esa era la menos relevante de todas”.
En ese sentido, explica que su función principal es “es atender las necesidades de los pacientes, firmar contratos con las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y cumplir rápido” y que el cambio con el giro directo es que el pago a prestadores se hace “en un paso, pero las EPS siguen determinando cuánto se paga y a quién”.
Si hay algo que nunca entendió el ministro Jaramillo es que lo que adolecía el sistema no era la prontitud con la que se pagaba, sino que la plata disponible no les alcanzaba a las EPS. Por eso bien apunta Paúl Rodríguez en que es erróneo “basarse en eso para decir que el problema se arregló, pues el lío es que no alcanza la UPC y así lo giren más rápido a las IPS no va a alcanzar”.
La UPC es la plata que el Estado le entrega a las EPS para la atención en salud de sus afiliados. Según la Corte Constitucional, esa prima es insuficiente para cubrir la demanda de servicios actual, por lo cual ordenó ajustarla y hacer una mesa de concertación al ministerio de Jaramillo con un Auto de enero de 2025. Hasta ahora, la entidad no ha cumplido con eso y por eso el funcionario tiene abierto un proceso por desacato.
Una cosa es la liquidez y el flujo de caja, otra muy distintas es la suficiencia. Lo primero se refiere a la cantidad de plata disponible para saber cómo se pagan las cuentas oportunamente; lo segundo es que esos recursos que se tienen disponibles alcancen. Ambas cosas pasan al tiempo en el sistema, pero lo primero no era un problema para la atención médica de los ciudadanos y lo segundo sí lo está siendo.
“El giro directo depende de que las EPS postulen a las IPS ante la Adres (Admnistradora de Recursos del Sistema de Salud) para que les paguen. Ese ejercicio en aseguradoras como Sura, Sanitas o Compensar es transparente, pero en las intervenidas se volvió una fuente de corrupción grande”, dijo a este diario el consultor en salud Ramón Abel Castaño.
Actualmente, siete EPS son manejadas por el Gobierno Petro (con las que implementan giro directo): Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar (intervenida en junio de 2022), Asmet Salud, SOS y Capresoca.
Sin embargo, aun cuando el ministro se ufana de eso, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, alertó este mes que “de los giros que estamos esperando para el pago de nuestros hospitales y clínicas, es mínimo lo que se ha consignado. Tenemos instituciones que llevan hasta cinco meses sin pago de los servicios prestados a aseguradoras como Ensanar, Asmet, Nueva EPS y SOS, que son las más atrasadas en los pagos. Eso significa una crisis en la prestación de servicios y cierres parciales y temporales, pero continuos, por falta de recursos humanos y medicamentos. Y del Gobierno nacional, ninguna respuesta”.
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