El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo entró en una medida de restricción operativa tras declarar que la cartera pendiente por parte de la Nueva EPS supera los $10.000 millones, una situación que, según la gerencia, ha comprometido la continuidad de la prestación de servicios en el norte del Valle del Cauca.
La decisión impacta a usuarios de ocho municipios, entre ellos Roldanillo, La Unión, Bolívar, Zarzal y La Victoria, que dependen de esta institución para la atención de segundo nivel. En total, cerca de 60.000 afiliados quedan afectados por la suspensión parcial de servicios.
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El origen del conflicto, de acuerdo con el gerente del hospital, Mauricio Saldarriaga, está en el manejo de la facturación y los tiempos de pago. Según explicó, la crisis se ha extendido durante varios años debido a devoluciones y ajustes realizados por la aseguradora en momentos posteriores a la radicación de las cuentas.
El directivo advirtió que la relación financiera entre ambas partes ha derivado en una controversia contable. Mientras el hospital sostiene la existencia de una deuda superior a los $10.000 millones, bajo la modalidad de la EPS la institución de salud figura con un saldo contrario cercano a los $1.700 millones. “Esto afecta gravemente las finanzas de las instituciones de salud y es una situación reiterativa”, afirmó Saldarriaga.
Con la medida ya firme, el hospital restringió servicios como ginecología, cirugía general, pediatría, traumatología, medicina interna, medicina familiar y ayudas diagnósticas como ecografías y rayos X. La atención quedó limitada exclusivamente a urgencias vitales.
El impacto operativo también se refleja en la cadena de suministro. El gerente explicó que la falta de flujo de recursos ha derivado en dificultades para la entrega de medicamentos y en la continuidad de los equipos contratistas. “Ya que los proveedores no nos entregan medicamentos, nuestros profesionales contratistas no podrán seguir realizando su labor diaria sin pagarles”, explicó.
Ante la ausencia de acuerdos de pago o garantías financieras, la administración del centro asistencial advirtió que las restricciones podrían mantenerse de forma indefinida si no se normaliza el flujo de recursos.
Como siguiente paso, el hospital anunció que el caso será presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que el ente de control intervenga en la controversia y promueva una solución que permita restablecer la atención a los usuarios afectados.
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En Colombia, entre 2021 y 2025, se han registrado alrededor de 4.104 cierres de servicios o prestadores de salud, según datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), lo que incluye clínicas, hospitales y centros médicos que dejaron de operar total o parcialmente.
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