Hace poco más de un año, más exactamente el 2 de abril de 2025, diversos sectores sociales y políticos celebraban la sanción de la Ley 2453, la cual establece medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en política. Herramientas que antes no se tenían.
Tras 13 meses de vigencia de la Ley, y luego de dos jornadas electorales que han definido notablemente el 2026: legislativas y presidenciales; se puede hacer un balance del grado de violencia, en sus diferentes formas, a la que están expuestas las mujeres en el ejercicio político.
Violencia política en cifras
En primer orden, el 78 % de las candidatas en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política: psicológica, económica, digital, simbólica o sexual, según el estudio 3.000 voces por la democracia de ONU Mujeres.
Mientras tanto, derivado de la Ley 2453 de 2025, ya son dos sentencias por casos relacionados con violencia contra las mujeres en política. Sin embargo, las denuncias son muchos más y los procesos avanzan en medio de retos.
Violencia digital y redes sociales
Señaló Alba Lucía Velásquez, magistrada del CNE, que los entornos digitales cambiaron radicalmente la forma como se discute y se construye la democracia. “Esto hizo que la información política llegara a todas las personas, no obstante, nos enfrentó a una nueva dinámica de violencia digital, y esta es la mayor barrera que tienen las mujeres en participación política”.
Una de las mayores dificultades frente a este tipo de violencia es la posibilidad de actuar oportunamente. En muchos casos los agresores operan bajo perfiles falsos, lo que dificulta su identificación y puede derivar en en impunidad; solo cuando es posible establecer quién está detrás de las agresiones se pueden iniciar procesos de investigación.
En todo caso, la magistrada Velásquez reconoció que la violencia digital genera un daño real y profundo, cuya reparación resulta más compleja. Según explicó, este tipo de agresión tiene una presencia creciente en los procesos electorales y un alto impacto debido a la velocidad con la que circula en los entornos digitales, una dinámica que las instituciones aún no logran igualar. “Los agresores van a la velocidad de la luz y nosotros, como corporación electoral, vamos a la velocidad que nos permite la institucionalidad”, afirmó.
Violencia normalizada
Otro de los retos identificados durante el primer año de implementación de la Ley 2453 es la normalización de distintas formas de violencia contra las mujeres en política. La magistrada del CNE, Maritza Martínez Aristizábal, reconoció que solo con el paso del tiempo logró identificar que muchas situaciones que vivió durante su trayectoria política correspondían a este tipo de conductas.
Explicó que prácticas como la entrega desigual de recursos y financiación dentro de las organizaciones políticas continúan ampliando las barreras de participación. “Yo lo normalizaba, me ocurría a mí y ni siquiera me daba cuenta de que era un problema; hoy lo tengo claro y lucho para que eso no siga ocurriendo”, afirmó.
Mayor compromiso: el gran reto
Al cierre del foro, la magistrada del CNE, Fabiola Márquez, instó a un mayor compromiso en la implementación de la Ley 2453 de 2025. Señaló que las organizaciones políticas tienen una responsabilidad, evidentemente. Pero también recae en el Estado, que debe fortalecer las capacidades del CNE, el Ministerio de Interior y demás entidades involucradas en la prevención, atención y sanción de estas conductas.
*Contenido realizado en colaboración con el CNE
