El empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años uno de los hombres de mayor confianza del chavismo, pisó este lunes el suelo de un tribunal federal en Estados Unidos.
Tras ser deportado desde Venezuela el pasado fin de semana, compareció ante una corte federal de Miami acusado de lavado de dinero y conspiración para ocultar fondos obtenidos, presuntamente, mediante sobornos y contratos públicos irregulares.
Saab, de 54 años, llegó esposado y vestido con un overol marrón a la audiencia celebrada en el Distrito Sur de Florida. Durante la diligencia, respondió en inglés “Sí, señora” cuando la jueza Marty Fulgueira Elfenbein le notificó el único cargo formal conocido hasta ahora como lavado de dinero relacionado con una supuesta trama de corrupción de altos funcionarios venezolanos.
La magistrada ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza hasta el próximo 24 de junio.
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Así las cosas, quien fuera catalogado como el principal “testaferro” del depuesto mandatario Nicolás Maduro se enfrenta ahora a un cargo penal por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas, vinculado a una red de sobornos a altos funcionarios para lucrarse con contratos públicos.
El inesperado giro político y la entrega a Washington
La llegada de Saab a Miami ocurrió la noche del pasado sábado, tras aterrizar en el aeropuerto de Opa-locka. Su salida de Venezuela representó un drástico contraste con el recibimiento heroico que tuvo a finales de 2023.
La operación fue autorizada por el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien entregó formalmente al empresario a las autoridades norteamericanas.
Este movimiento judicial ocurre en un contexto de profunda transformación geopolítica. El pasado 3 de enero, una operación militar estadounidense depuso a Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra recluido en una celda en Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores.
En febrero, Saab fue arrestado en territorio venezolano por lo que quedaba de las facciones chavistas, bajo las nuevas directrices políticas de la transición.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, justificó la expulsión afirmando que Saab no poseía legalmente la nacionalidad venezolana.
Según Cabello, los documentos de identidad con los que operaba el empresario en el país carecían de validez ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Debido a esta supuesta ilegalidad, se procedió a su deportación al último territorio donde estuvo registrado antes de ingresar a Venezuela: Estados Unidos.
Diversos analistas internacionales interpretan esta maniobra como una purga definitiva de los círculos empresariales que se enriquecieron bajo el amparo de la administración de Maduro.
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