El procedimiento judicial marca el inicio formal de un proceso penal de alto perfil que se enmarca en una ofensiva que el presidente Donald Trump describió como un golpe directo contra el liderazgo venezolano, precedido por varios meses de despliegue militar en la región.
La causa está en manos del juez federal Alvin Hellerstein, uno de los magistrados más veteranos del distrito, quien asumió el caso en el que la Fiscalía imputa a Maduro y Flores una serie de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Ambos se declararon no culpables de todos los cargos durante la diligencia judicial.
Según la acusación, Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra, mientras que Flores está señalada de tres delitos similares.
El expediente también vincula a otras cuatro personas como coacusadas, incluidos un hijo del exmandatario y el actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.
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La defensa de Maduro está a cargo del abogado Barry Pollack, un litigante con sede en Washington conocido por asumir casos complejos de seguridad nacional y corrupción pública.
Pollack ha representado a figuras de alto perfil como Julian Assange y participó en el acuerdo judicial que permitió al fundador de WikiLeaks declararse culpable en 2024 por la publicación de secretos militares. También ha logrado absoluciones poco comunes en procesos derivados del colapso de Enron, uno de los mayores escándalos corporativos en Estados Unidos.
Cilia Flores, por su parte, es representada por Mark Donnelly, abogado radicado en Houston con amplia trayectoria en el sistema judicial estadounidense.
Donnelly trabajó durante más de una década en el Departamento de Justicia y fue fiscal en Texas, donde lideró investigaciones por corrupción contra funcionarios electos. Su firma lo presenta como especialista en defensa penal de cuello blanco y litigios complejos, y destaca su dominio del español.
En un comunicado, los abogados de Flores aseguraron que su clienta se encuentra tranquila y dispuesta a enfrentar un proceso que reconocen será largo. Indicaron que revisarán de manera exhaustiva las pruebas presentadas por el Gobierno antes de responder formalmente ante el tribunal.
La acusación está siendo liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las más influyentes del país en casos de narcotráfico y crimen transnacional.
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El fiscal jefe interino, Jay Clayton, firmó personalmente la imputación contra la pareja. Clayton, quien fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump, asumió el cargo en abril y continúa en funciones a la espera de una eventual confirmación del Senado o un nuevo nombramiento presidencial.
El equipo acusador incluye a fiscales con amplia experiencia en delitos de narcóticos y seguridad nacional. Entre ellos se encuentra Amanda Houle, jefa de la división criminal del distrito, y Kyle Wirshba, quien ya ha procesado a exfuncionarios venezolanos por cargos de narcoterrorismo.
También participan Michael Lockard, con antecedentes en investigaciones vinculadas a gobiernos extranjeros, y Nicholas Sutherland Bradley, un fiscal que ha intervenido en múltiples casos de crimen organizado y ha solicitado de forma recurrente autorizaciones judiciales para el rastreo de comunicaciones en investigaciones complejas.
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