Bajo la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha implementado una nueva directiva que endurece los procesos para los solicitantes de visa de no inmigrante en todas las misiones diplomáticas del mundo. Esta medida busca cerrar la vía consular para quienes pretendan solicitar asilo una vez lleguen a territorio estadounidense.
De acuerdo con un cable diplomático filtrado por The Washington Post y las instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, los oficiales consulares ahora deben formular dos preguntas obligatorias que el solicitante debe responder verbalmente con un “no” para que el proceso de emisión del documento pueda continuar.
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Las preguntas son: “¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”.
Si un solicitante responde afirmativamente (“sí”) a cualquiera de estas interrogantes, el funcionario consular tiene la instrucción de negar el documento de viaje de manera inmediata, sin importar las circunstancias particulares de la solicitud.
El objetivo de esta política es identificar a personas que tengan un temor fundado de persecución antes de que pisen suelo estadounidense, convirtiendo ese miedo en un motivo de rechazo consular en lugar de un criterio de protección.
Sin embargo, responder falsamente para obtener la visa conlleva riesgos graves. La fuente advierte que si un viajero responde negativamente en la entrevista para obtener la visa y, posteriormente, solicita asilo al llegar a EE. UU., podría enfrentarse a cargos por fraude de visa o fraude migratorio; Procesos de deportación hacia su país de origen o hacia terceros países con convenios con EE. UU. (como la República Democrática del Congo); Endurecimiento de la vigilancia y revocación sin previo aviso.
Además de estas preguntas, las políticas de 2026 han reforzado la vigilancia sobre los titulares de visas ya aprobadas. El Gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de revocar visas en cualquier momento y sin previo aviso si detecta inconsistencias, cambios en el propósito del viaje o si el solicitante representa un riesgo para la seguridad.
Las autoridades recomiendan a los viajeros revisar periódicamente el estado de su visa y mantener su información personal actualizada, ya que es posible que una persona se entere de la cancelación de su permiso solo al momento de presentarse ante un oficial de migración en la frontera. Es fundamental recordar que, bajo la visión del actual Departamento de Estado, la visa estadounidense es considerada un privilegio y no un derecho.
Existen situaciones específicas vinculadas al manejo físico del documento y al cumplimiento de las leyes migratorias que pueden causar la invalidez automática o la revocación inmediata de la visa estadounidense en 2026.
La visa puede perder su validez de manera automática, sin que medie una revisión adicional, cuando ocurre alguno de los llamados factores físicos de invalidez. Esto sucede, por ejemplo, si el titular retira la visa de su pasaporte original, como en los casos en los que se despega de un documento vencido para intentar adherirla a uno nuevo, lo que provoca su anulación inmediata.
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También se invalida si el documento se pierde, se deteriora o deja de estar en el pasaporte en el que fue emitido originalmente. En cualquiera de estas situaciones, la visa queda sin efecto y es necesario iniciar un nuevo proceso de solicitud. De igual forma, cualquier intento de traslado de la visa a otro pasaporte realizado por cuenta propia, sin autorización oficial, implica su cancelación automática.
Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos puede revocar una visa en cualquier momento si identifica ciertas irregularidades. Entre ellas se incluyen haber sido arrestado o condenado por un delito, haberse excedido del tiempo de permanencia autorizado en una visita previa o utilizar la visa para fines distintos a los permitidos, como trabajar cuando se posee una visa de turismo.
Asimismo, la visa puede ser cancelada si la persona representa un riesgo para la seguridad pública o nacional, o si se detecta que entregó información falsa o presenta inconsistencias en sus datos migratorios.
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