El controvertido lote en el que funcionó un museo sobre Pablo Escobar en Medellín, y que fue objeto de un largo proceso judicial, tendrá un nuevo uso.
Luego de que a finales de mayo pasado este espacio quedara en manos del Estado por orden de un juez, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que destinará la propiedad para un hogar de paso.
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Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, precisó que el bien fue entregado a la Fundación Luna Valentina, una organización creada en 2015 y que se encarga de brindar apoyo a poblaciones vulnerables como personas en situación de discapacidad, pacientes de enfermedades de alto costo, población LGTBIQ+, entre otras.
Historia del lote en La Asomadera: de refugio a manos de presuntos testaferros
La historia de este polémico terreno, ubicado en el barrio La Asomadera 2, comenzó cuando fue comprado por Pablo Escobar, para entonces ya en la clandestinidad y uno de los hombres más buscados del país por sus acciones terroristas y su papel de líder del cartel de Medellín.
Se presume que la propiedad fue adquirida por el narcotraficante para esconder allí cosas de valor y ocasionalmente servir de refugio.
Tras ser abatido por la Policía, la esposa de Escobar, Victoria Eugenia Henao, transfirió el inmueble a dos hermanas del narcotraficante y estas a su vez lo registraron a nombre de un tercero, tal como quedó avalado en una notaría en 1996.
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Esa tercera persona luego constituyó una hipoteca por $240 millones en favor de otro particular y más adelante se protocolizó una venta a nombre de otra mujer por un valor de $1.100 millones.
El polémico museo operado por Roberto Escobar, alias El Osito
A pesar de todos esos movimientos, en el terreno terminó viviendo otro hermano de Escobar, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, quien no solo tenía allí su casa, sino que abrió un museo dedicado a vender la imagen de Pablo Escobar.
En 2018 estalló un fuerte escándalo, cuando en medios de comunicación se suscitó un debate sobre si el lugar constituía una apología al narcotráfico y una afrenta contra las víctimas del terrorismo del cartel de Medellín.
Además de varios procesos que abrió la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía también hizo lo propio y solicitó iniciar un proceso de extinción de dominio, argumentando que el inmueble había sido comprado con dineros ilegales y que todo su historial de propietarios daría cuenta de maniobras que el mismo permaneciera en manos de allegados de Pablo Escobar.
Tras un largo proceso, en mayo pasado un juzgado ordenó que el bien fuera entregado al Estado, decisión que fue celebrada por múltiples líderes y entes.
“Esta propiedad, que hoy pasa a manos del Estado, fue obtenida producto de dineros del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades. Esto es un mensaje para todos los cabecillas que hoy estamos combatiendo: los delincuentes no pueden siquiera pensar en la posibilidad de que sus dineros ilícitos sean legalizados”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Según informó la SAE, el lugar que se levantará allí será un hogar de paso para darle alojamiento, alimentación y acompañamiento a población vulnerable.
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