Un juez penal de conocimiento condenó a siete integrantes de una red delincuencial que operaba en distintos sectores de Medellín, principalmente en El Poblado, y que instrumentalizaba a niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad.
La decisión se conoció tras un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, en el que los procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e instrumentalización de menores de edad.
Los condenados son la colombiana Ana Lucía López Sánchez y seis ciudadanos venezolanos: Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.
Según la investigación, la estructura delinquía principalmente en el exclusivo sector de El Poblado, además de otros puntos de la ciudad, donde utilizaba a menores de edad para solicitar dinero y elementos de primera necesidad a turistas nacionales y extranjeros. Entre los artículos pedidos se encontraban pañales, leche, alimentos y medicamentos, que posteriormente eran comercializados para obtener ganancias.
Las autoridades documentaron que mujeres recorrían las zonas turísticas con bebés en brazos y portaban carteles alusivos a necesidades básicas, con el fin de captar la atención de los transeúntes. Las personas, tanto colombianos como extranjeros, desconocían que su generosidad estaba alimentando un negocio ilícito. En total, la investigación logró documentar diez eventos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025.
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La investigación estableció que dentro de la red existían roles claramente definidos para la recolección, el transporte y la reventa de los productos obtenidos. Ana Lucía López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, adquiría parte de los elementos entregados por los ciudadanos y coordinaba su posterior comercialización. Por su parte, Wilfreddy Johan Godoy Villamizar cumplía funciones de transporte y distribución dentro de la organización.
Según las autoridades, esta modalidad de explotación habría generado ingresos significativos para la red, que aprovechaba la imagen de los menores indígenas para generar compasión y obtener donaciones que luego revendía.
La organización operaba de manera recurrente en otros puntos de alta afluencia de Medellín, como la calle 10, Carpinelo, Santa Cruz, Boston, Parque Lleras y Provenza, sectores donde aprovechaban el flujo constante de turistas y residentes para ejecutar su modalidad delictiva.
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La juez penal que conoció el caso avaló los preacuerdos suscritos entre los procesados y la Fiscalía General de la Nación, y les impuso penas que oscilan entre 24 y 39 meses de prisión, de acuerdo con el grado de participación de cada uno de los involucrados en la explotación de los menores.
El proceso investigativo estuvo a cargo de la Policía Nacional, que documentó los múltiples hechos ocurridos entre 2024 y 2025 mediante labores de vigilancia, entrevistas, interceptaciones y seguimiento a la actividad de los implicados. Este trabajo permitió reconstruir la dinámica de la red, identificar a cada uno de sus integrantes y establecer las funciones específicas que cumplían dentro de la organización, lo que finalmente derivó en su desmantelamiento y en la condena de los siete responsables.
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