En una audiencia citada para las 3:30 p.m. pero que comenzó con retraso frente a un juez de control de garantías, el ex director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, será imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción relacionados con seis contratos que firmó esa entidad con los bomberos de Itagüí por más de 18.600 millones de pesos.
La diligencia también fue programada para que el agente del organismo de investigación les lea los cargos de peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento privado a otras dos funcionarias del AMVA, las ex subdirectoras del área Ambiental, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, e igualmente a quien fuera contador de la agrupación de atención de emergencias comprometida, Juan Alberto Cardona Henao.
Dentro del mismo proceso, ya están vinculados el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el exjefe de la misma agrupación, Elkin González, y la profesional del Área, María Yaneth Rúa, quien fungía como supervisora de los contratos. Estos tres habían sido aprehendidos a principios de octubre pero al cabo de las audiencias de imputación y legalización de captura que se dieron luego, González fue dejado en libertad debido a que el juez consideró que no representaba un peligro para la sociedad ni para la investigación.
Se tiene previsto que el fiscal pida que Palacio también sea cobijado por medida intramural, aunque es posible que esto no se alcance a desarrollar este lunes, debido a que la sola lectura de los cargos se puede tomar toda la sesión y por tanto quedaría para otra jornada.
En la mañana, el alcalde Federico Gutiérrez adelantó que la Fiscalía pedirá una pena superior a los 30 años contra el exdirector del AMVA.
Así ha sido el desarrollo de la diligencia en el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín:
3:47 p.m. Inicio de la audiencia: La oficial del juzgado de control de garantías saluda a los participantes y verifica la asistencia y la identidad de las partes implicadas en la diligencia, esto es el fiscal, el representante del Ministerio Público, y por supuesto, las personas a las cuales les imputarán cargos y sus defensores.