Peculado por apropiación, interés indebido en contratos y falsedad en documento, los presuntos delitos que le imputa la Fiscalía a Juan David Palacio y tres personas más.
Este martes es la segunda jornada de la audiencia de imputación de cargos al exdirector del Área Metropolitana (AMVA), Juan David Palacios y a tres personas más por la presunta corrupción que se había presentado durante la anterior administración esa institución que funge como autoridad ambiental en los diez municipios del Valle de Aburrá.
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En la primera sesión, del lunes 26 de enero, el fiscal anticorrupción que lleva el caso les formuló los presuntos cargos penales peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos a Palacio, lo mismo que a Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes fungieron como subdirectoras del área ambiental en el periodo donde este dirigió el AMVA (2020-2023).
Igualmente, Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del cuerpo de bomberos de Itagüí, está respondiendo por presunta falsedad en documento privado.
Esas conductas punibles se habrían presentado en seis contratos que firmó el AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un monto total que supera los $18.000 millones.
De hecho, esta diligencia es como un segundo tiempo dentro del mismo proceso, ya que entre octubre y diciembre pasados fueron imputados el exgerente de esa agrupación de socorro, Misael Cadavid; el exjefe de la misma, Elkin González, y la funcionaria del Área María Yaneth Rúa, quienes están imputados también por presunto peculado e interés indebido en celebración de contratos.
Cadavid y Rúa se convirtieron en las primeras personas presas dentro de todo el andamiaje de presunta corrupción que habría ocurrido en el periodo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y, si prospera la petición de la Fiscalía con relación a Palacio, Roldán, Montoya y Cardona, se completarían 55 imputaciones dentro de los procesos que ha abierto la justicia al respecto.
Previo a la jornada de este lunes, EL COLOMBIANO conoció que el fiscal pediría también la medida intramural para el exdirector del Área.
En esa sesión, el agente del organismo de acusación, el fiscal afirmó que la corrupción en la pasada administración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá no se limitó a unos pocos contratos MVA) sino que fue una estrategia coordinada desde el más alto nivel.
Al imputar a Palacio, indicó que este nombró “por instrucciones de tercero”, como subdirectoras ambientales, a Roldán y Montoya, pero además habría omitido los deberes de control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual exigidos en la ley 80 de 1993, e incumplió los deberes de vigilancia y control en los contratos firmado por sus dos subordinadas.
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También fue tajante en afirmar que cada uno de los tres funcionarios tuvo un aporte esencial para la consumación del ilícito y en especial con relación a Palacio, detalló que “sin la anuencia del director, la política de contratación no hubiera podido sostenerse” y los recursos no podrían haber sido desviados. Indicó además que este habría nombrado a Roldán y Montoya, “por instrucciones de tercero”.
Aunque no mencionó quién sería ese “tercero”, en las primeras diligencias de octubre se reveló un correo en el que una persona que presuntamente participó del tinglado de corrupción acusaba que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Quintero, era el poder detrás del poder en el Área Metropolitana, en Metroparques y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y que habría conformado un comité alterno para controlar la contratación en el que participaban también el sudirector financiero del AMVA, Álvaro Villada y otros funcionarios.
Sobre Palacio, señaló que este “facilitó la apropiación de recursos públicos por terceros” y, para completar, al terminar su cargo ordenó formatear los equipos de cómputo de la Dirección, de la Asistencia de Dirección y de la Secretaría General con el fin de eliminar la “trazabilidad del actuar ilegal”.
En ese sentido, el fiscal le pidió al juez que se acredite que se conformó un Grupo Delictivo Organizado (GDO), “con los efectos jurídicos que de ello se derivan”.
Para Juan Alberto Henao, quien ha sido tesorero y sigue siendo contador de la organización de socorro, la imputación es por falsedad en documento privado. Al respecto, la Fiscalía mencionó 14 órdenes de pago y facturas más un recibo por concepto de transporte que los bomberos le cobraron al Área dentro de los contratos mencionados pero que cuando fueron a cotejar con el supuesto beneficiario de los pagos, este declaró que no los había prestado y que la firma era apócrifa.
Luego de esto, los abogados defensores plantearon sus inquietudes con relación a lo expuesto por el fiscal y se espera que este martes el fiscal les responda, haciendo una exposición más pormenorizada de los hechos que configuran las presuntas conductas punibles de los cuatro nuevos imputados en el Área.
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Es importante recordar que en esa entidad hay otro escándalo por la presunta contratación direccionada a varias empresas por alrededor de otros $18.000 millones.
Este es el minuto a minuto de la audiencia virtual de este martes, 27 de enero, en el Juzgado 27 Penal con funciones de control de garantías de Medellín:
2:45 p.m. Inicio de la audiencia: El fiscal refuerza sus argumentos y asegura que el uso de la contratación directa en los contratos objeto de este proceso no fue un error solamente sino una maniobra para direccionar los contratos hacia el cuerpo de bomberos de Itagúí para que a su apropiación por parte de terceros.
3:15 p.m. El fiscal indica sobre las observaciones hechas a la imputación sobre peculado que la Fiscalía no tiene la obligación de descubrir las pruebas, como solicita la delegada de la Procuraduría.
Acerca de la imputación de falsedad en documento de Juan Alberto Cardona, el fiscal se ratificó en que este no solo elaboró los citados documentos sino que los usó “de manera efectiva y estratégica para engañar a las organizaciones civiles como las veedurias (Todos por Medellín), a la administración pública y entes de control”.
“En su calidad de contador y tesorero de los bomberos elaboró y utilizó 15 cuentas de cobro para dar apariencia de legalidad a los cobros por servicios sobrevalorados o no prestados”, añadió.
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