El crítico hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín no solo representa una flagrante vulneración a los derechos humanos, sino que se ha convertido en una carga fiscal pesadísima para el distrito.
Según cifras oficiales reveladas por la Secretaría de Seguridad, la manutención de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas le cuesta al municipio cerca de $96.000 millones anuales.
Puede leer: En Bellavista tampoco hay agua: internos piden que se declare emergencia sanitaria, ¿qué responde el Inpec?
Este elevado gasto, que se traduce en $8.000 millones mensuales, podría haberse destinado a otras prioridades para la ciudadanía antioqueña: con este monto anual, por ejemplo, podrían construirse tres instituciones educativas en la ciudad.
El impacto económico es una consecuencia directa de la crisis carcelaria que golpea a Medellín, una de las ciudades más afectadas del país.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa, confirmó que el municipio destina entre cinco y seis millones de pesos mensuales para sostener a un único sindicado. A este panorama se suma la alerta de Asocapitales, que ha señalado que este costo fiscal es “extremadamente alto” para cualquier ciudad.
El problema del hacinamiento en Medellín es particularmente agudo en las estaciones de Policía, las cuales, por definición, están diseñadas únicamente para detenciones transitorias.
En la actualidad, las estaciones de Policía de la ciudad, cuya capacidad adecuada es para un poco más de 640 personas, albergan cerca de 1.600 sindicados. Esta sobrepoblación implica un hacinamiento de alrededor del 150%. Otras mediciones recientes han arrojado cifras aún más dramáticas: en febrero de 2025, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que el hacinamiento estaba en 193%, con más de 1.800 sindicados y 276 condenados detenidos.
La situación de sobrepoblación es tan crítica que se han registrado índices extremos. La Personería Distrital de Medellín llegó a advertir que, en algunos puntos, el hacinamiento superaba el 210%. Como ejemplo paradigmático, en la estación de la Sijín, cuya capacidad es de 20 detenidos, se han llegado a albergar hasta 357, lo que se traduce en un nivel de sobrepoblación del 1.685%.
Este panorama en la capital de Antioquia refleja una crisis que afecta al promedio nacional de sobreocupación, que es superior al 40%, con Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto listadas entre las ciudades con los niveles más críticos.
Frente a esta realidad que vulnera los derechos humanos, el Distrito de Medellín ha tomado la decisión de avanzar en la construcción de infraestructura. La obra en curso es la Cárcel Metropolitana para Sindicados, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal.
Le puede interesar: En La Ceja planean acabar con la cárcel para volverla una universidad
Este megaproyecto, que inició su fase de construcción tras años de controversias, busca aliviar la crítica situación en las estaciones de Policía. Se trata de la primera cárcel en Colombia bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP). La inversión total asciende a $675.000 millones y se proyecta que brinde 1.339 cupos para personas sindicadas.
El secretario Manuel Villa destacó que la obra, que ya está en marcha, entraría en operación en el primer semestre de 2027, con el objetivo de trasladar a los sindicados de las estaciones de Policía a este nuevo centro. La nueva infraestructura contará con especificaciones de alta calidad, incluyendo inhibidores de señal para combatir la extorsión, y espacios dedicados a la resocialización, como bibliotecas y talleres productivos.
La construcción de esta cárcel no es solo una medida de seguridad, sino una respuesta a una orden de la Corte Constitucional de 2015 y a un tribunal que en 2019 exigió a la Alcaldía construir una cárcel metropolitana para sindicados.
A pesar de la importante inversión en la megacárcel, que generará hasta 500 empleos locales, las autoridades locales y Asocapitales advierten que el problema no se resolverá únicamente con la construcción de más espacios.
Existe un consenso técnico e institucional en la urgencia de una reforma legislativa estructural que defina con claridad las fuentes de financiación y la corresponsabilidad entre la Nación, los departamentos y los municipios.
Además, la visión de futuro planteada por el Distrito busca no solo el castigo, sino también la resocialización. El alcalde Gutiérrez ha insistido en que es fundamental dar a los internos formación en oficios y plantear la posibilidad de rebajas de penas a través del trabajo comunitario y el buen comportamiento, para así facilitar su reintegro social y desincentivar la reincidencia.
Regístrate al newsletter