El juicio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, inicia este viernes en el 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento por el escándalo de Aguas Vivas y sus presuntas irregularidades en varias normatividades con las cuales el Distrito habría salido afectado por una suma cuantiosa de dinero.
Además del exmandatario (que está siendo juzgado por presunto prevaricato y peculado por apropiación) y de su exsecretario general, Fabio Andrés García (prevaricato), hay otros ocho exfuncionarios con cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
A ellos se suman Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas, otro que ha figurado como socio minoritario en Aguas Vivas. Estos tres tienen cargos por peculado por apropiación.
Durante esta audiencia se comenzaría el análisis de las 3.930 pruebas documentales contra estas 13 personas en las que se busca establecer su responsabilidad en el intento de afectar económicamente al Distrito de Medellín.
Sin embargo, no se espera que haya grandes avances en esta primera jornada, ya que la cita solo fue hecha para que la sala virtual opere durante tres horas. Así ha sido el desarrollo de esta diligencia:
3:11 p.m. El secretario del Juzgado 22 Penal del Circuito comienza a corroborar la presencia de las personas involucradas en el proceso, así como de sus abogados respectivos y del representante de la Alcaldía de Medellín, que en principio se acreditó como víctima. Constata que, efectivamente, están todos los interesados.
3:44 p.m. Los abogados defensores confirman que tuvieron acceso al escrito de acusación radicado por la fiscal del caso, Yarlecy Mena, adscrita a la Unidad Anticorrupción, en la cual incorporó las casi 4.000 pruebas en las que basa la acusación contra las 13 personas mencionadas en este proceso. Algunos de los defensores anuncian que presentarán reparos a este documento en procura de que se declare la nulidad del proceso.
4:02 p.m. El abogado Juan Felipe Criollo apunta que en la exposición de la Fiscalía en la audiencia de imputación del 8 de abril pasado no hubo una sustentación de los hechos jurídicamente relevantes que sustenten el cargo de interés indebido contra su representada, Karen Delgado.
En la audiencia de imputación de abril pasado, la fiscal señaló que a la señora Delgado le correspondió anular el concepto que habían dado los funcionarios de carácter técnico que se opusieron a la conciliación para que el Municipio les pagara alrededor de 40.500 millones de pesos a los antiguos dueños de Aguas Vivas y darle apariencia de legalidad a esa conciliación, además de mutar el contrato de cesión gratuita a compra venta. “Ella habría sido quien, luego de que hicieran a un lado a quienes se oponían, presidió el comité que finalmente le daba vía libre a la conciliación”, apuntó en su momento la fiscal.
En una larga exposición que culminó hacia las 5:06 p.m., Criollo expresó: “Aquí vemos una ausencia de explicación y en mi concepto se acude a una falacia de principio”. Por eso indicó que se violaron los derechos a la defensa y al debido proceso y en consecuencia hay causal de nulidad.
5:07 p.m. La fiscal pide que se reconduzca esta diligencia porque no procede ahora, en esta etapa del proceso, cuestionar la validez de la imputación, ya que la defensa tuvo la posibilidad de hacer las observaciones en la fase previa. “Se les dieron todas las garantías”, puntualizó. Le pidió a la juez rechazar cualquier intento de reabrir la imputación porque la ley no permite retroceder en este tipo de procesos.
5:16 p.m. El abogado de Quintero, Luis Hernández, así como su colega Emmanuel Goldstein (representa a Carlos Mario Montoya) piden discutir con prioridad la pertinencia de la participación de la Alcaldía de Medellín como víctima en este proceso.
5:22 p.m. El abogado de la Alcaldía, Sebastián Naranjo, afirma que la condición de víctima de la administración municipal fue aceptada en la audiencia de imputación, pero que está en disposición de explicar de nuevo por qué detenta ese rol.
5:30 p.m. La juez previamente había propuesto citar a la próxima sesión para el lunes 24 de noviembre a las 8:00 a.m., pero varios abogados manifiestan dificultades en esa fecha y por eso la operadora judicial indicó que se comunicará con todas las partes para definir una nueva fecha. Naranjo le solicita que dada la expectativa pública sobre este caso defina un cúmulo de fechas para realizar un conjunto de audiencias con el fin de avanzar en el proceso.
Al término de la audiencia, las partes buscaron definir un calendario para continuar con el proceso durante el presente año, antes de que comience la vacancia judicial, pero no fue posible. Finalmente, definieron las fechas para las próximas cuatro sesiones: el 13 y 24 de febrero, así como el 17 y 31 de marzo de 2026. Todas serán apenas de media jornada.
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