Testimonios, delaciones y chats filtrados hacen parte del acervo que tiene la Fiscalía para demostrar que el hermano de Daniel Quintero hizo parte de una red corrupta en el AMVA.
Entre las pruebas que reúne la Fiscalía contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, está la conversación de un chat que los investigadores analizan para determinar si el exalcalde tenía conocimiento del entramado de contratación irregular en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
“Estoy en teleconferencia con el alcalde y acá estoy con Juan David conectado”, le dice Jorge Liévano, entonces gerente de Metroparques, a su interlocutor en un mensaje del 28 de marzo de 2020. El mensaje carecería de relevancia si no fuera porque Liévano es actualmente uno de los imputados por presunta corrupción en la anterior administración y porque además le anexó una foto del teléfono para demostrar que se trataba de una comunicación con otros dos personajes identificados como Carlos Miguel y Juan Sebastián.
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Ese es un anexo en el expediente que lleva la Fiscalía en la indagación de supuestos hechos irregulares alrededor de la contratación en el AMVA. Los investigadores tratan de determinar si los otros partícipes de la videollamada citada son Miguel Quintero y Sebastián Ortega, ambos recientemente convocados para imputarles cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
La orden de citación para la diligencia, prevista para el lunes 3 de agosto a las 2:00 p.m., fue conocida el jueves pasado en la noche y afecta a Miguel Quintero; Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, y Sebastián Ortega Urán, hijo de un influyente político de Bello. Aunque Miguel Quintero y Ortega no eran funcionarios públicos, hay testimonios de que habrían participado en una estructura que manejaba la contratación estatal no solo en el Área sino en Metroparques, el Inder y la EDU.
Sobre el Área Metropolitana existen dos procesos penales. Uno tiene que ver con la contratación para el mantenimiento del Parque de las Aguas y la construcción de una bodega en ese escenario, con un costo cercano a los $18.000 millones. Por esto están imputados Liévano y Villada, además de otra gerente de Metroparques, María Eugenia Domínguez, y la exjefe de compras Viviana del Valle Velásquez.
Los presuntos delitos son celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
También están respondiendo ante la Justicia los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de empresas contratistas.
El otro proceso vigente, con un perfil penal parecido, se relaciona con seis contratos, también por cerca de $18.000 millones, entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Parte de ese dinero habría ido a dar a la campaña para que Misael Cadavid, gerente de los bomberos, llegara a la Cámara, algo que no logró.
Aunque hubo un periodo que causó extrañeza y desmotivó a muchos por la aparente falta de acción de las autoridades, sobre todo en el proceso de los bomberos, desde los últimos meses de 2025 ha habido avances importantes, en buena medida porque dos presuntos implicados obtuvieron principio de oportunidad y dos más están pidiendo el mismo beneficio a cambio de dar información; hay además dos personas con sentencia anticipada por haber aceptado los cargos.
Los testimonios y pruebas aportados por quienes obtuvieron principio de oportunidad fueron los que permitieron llegar a esta última imputación contra Miguel Quintero y las otras tres personas.
La justicia está tocando al círculo más cercano del exalcalde y actual superintendente, Daniel Quintero, de quien el alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que sería “el jefe de la banda”, una afirmación que corresponde a su valoración política del caso y no a una determinación judicial.
EL COLOMBIANO conoció un informe pericial sobre una copia espejo realizada al teléfono móvil de uno de los presuntos implicados, quien lo facilitó de manera voluntaria, y que contenía el registro de un mensaje borrado de una conversación con el “mayor Yepes”.
Se está verificando si se trata del mayor Sergio Andrés Yepes, quien fungió como jefe de seguridad del exalcalde Quintero. La duda que buscan resolver los investigadores es si esa fue una conversación de carácter oficial o de otro tipo.
Fuentes cercanas al proceso, que pidieron no ser citadas por el estado reservado de la indagación, le dijeron a este diario que existirían testimonios sobre un presunto conocimiento del exalcalde y actual superintendente de Salud acerca de lo que ocurría en el AMVA.
Este medio no ha podido verificar de forma independiente esa versión, y el exalcalde no se ha pronunciado sobre las denuncias.
En el caso de los contratos del AMVA con los bomberos, una línea de indagación estaría tomando como referencia un audio revelado por el portal periodístico Voragine, en el que Cadavid habla de una reunión con el entonces alcalde Quintero y afirma que este se comprometió a ayudarle en su campaña.
Después de eso, en plena época preelectoral —según afirmó en una de las audiencias el abogado Majer Nayi Abushihab, quien representa al Área— se celebraron dos de los contratos cuestionados, por casi $10.000 millones.
De ahí la relevancia del aporte que esté haciendo el exgerente del organismo de socorro a cambio de beneficios procesales.
Si estos procesos ya han sido mediáticos, las audiencias que se vienen para imputar a Miguel Quintero, Villada, Álvarez y Ortega se pondrán para alquilar palco por las revelaciones que se esperan.
Hasta ahora han causado impacto varias cosas, partiendo de la revelación del correo electrónico de febrero de 2024 en el que una persona que dijo haber sido parte de la maraña explicó cuál era el modus operandi y mencionó por primera vez de forma directa a Miguel Quintero como el jefe.
“Los responsables de la entrega del contrato a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este último era encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalían a $3.200 millones”, dijo (ver imagen).
Esa versión fue confirmada después por otro testigo que detalló cómo Miguel fue poniendo sus fichas en el Área, el Inder, Metroparques, y la EDU para poder controlar los hilos del poder.
El director del Área de entonces, Juan David Palacio, hizo parte de su unidad de apoyo cuando fue concejal (2012-2015); a Villada, Vanesa Álvarez y otra funcionaria de medio perfil que se convirtió en testigo los había conocido en la Secretaría de Planeación en el periodo de Luis Pérez como gobernado.
Jorge Liévano, gerente de Metroparques, lo mismo que la subdirectora ambiental del Área, Ana María Roldán, se habían relacionado con los hermanos Quintero en su juventud en Tricentenario e incluso la otra subdirectora Diana Montoya fue novia de Miguel.
Existen dentro del expediente chats que detallan cómo a Miguel lo trataban en el Área como el “jefe”. Así lo nombra Villada cuando este, en una pose extravagante de nuevo rico, se muestra en el chat que nombró como “Amigos” alardeando con un Rólex y pone un mensaje en el que indica que son sus “traídos de niño Jesús”.
Villada le contesta: “Mero, mero plato por eso es nuestro jefe”. También en ese grupo mostró un Ferrari y una alusión a que estaba entrando en “grandes ligas”.
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La versión de constructores a EL COLOMBIANO, que hasta ahora no han declarado ante la Justicia, es que las comisiones que pedían por cada puente o vía que se construía en convenios del Área con los municipios eran del 20%.
Y dicen testigos que sí han oficializado su versión que “el 10% era para Miguel y el resto para repartirlo” entre los demás miembros de la “pandilla”. Llegaron al punto de hablar de conformar un comité de contratación paralelo al que funcionaba oficialmente en el Área. Los pagos se hacían presuntamente en efectivo o en especie.
Es más, un testigo contó que en 2021 Cadavid le entregó a Villada un BMW por los contratos de los bomberos y él lo disfrutó durante varios meses, llevándolo incluso a su trabajo, pero como no se pusieron de acuerdo en el precio, lo devolvió.
“Yo sé que la coordinación de esos contratos la tenía Álvaro Villada que después le respondía a Miguel, que se conocía de manera general el AMVA”, relató el testigo según el cual Vanesa Álvarez era la encargada de revisar los contratos y cuidaba los intereses de Villada.
En cuanto a Ortega, a diferencia de los demás que le obedecían al “jefe” Miki (así lo llamaban), parecía tener un poder especial, como si hubiera sido socio más que subordinado del hermano del entonces alcalde. Fuentes relacionadas con este proceso aseguran que en lo que viene podría haber material aún más llamativo.
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Septiembre 20 de 2023
La Veeduría Todos por Medellín presentó un informe de una presunta cartelización para apropiarse de la contratación del Municipio. Habló de 22 empresas que se habrían puesto de acuerdo para acaparar contratos por $120.000 millones.
Febrero de 2024
Todos por Medellín recibe un correo que denuncia un presunto entramado de corrupción y el direccionamiento de contratos cercanos a $18.000 millones en el AMVA. Ese se convierte en el punto de partida de las denuncias posteriores. Menciona a Miguel Quintero.
2024
Con base en la información obtenida se presentan denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y comienzan las investigaciones penales, recopilándose documentos, contratos, chats, fotografías, audios y testimonios.
1er semestre de 2025
La Fiscalía avanza en las investigaciones y estructura los primeros casos contra exfuncionarios y contratistas vinculados a los convenios investigados que se firmaron en el Área Metropolitana durante el gobierno de Quintero.
30 de julio de 2025
Un juez ordena la conexidad de los casos relacionados con contratos del Parque de las Aguas y la construcción de un hangar, permitiendo que ambos expedientes sean tramitados dentro de un solo proceso penal penal.
Octubre de 2025
Se producen las primeras capturas e imputaciones dentro del caso del cuerpo de los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá contra Misael Cadavid, Elkin González y María Yaneth Rúa.
Enero de 2026
Durante las audiencias contra el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, la Fiscalía sostiene que Miguel Quintero habría impartido instrucciones sobre la contratación y anuncia una tercera ronda de imputaciones.
Abril de 2026
La Fiscalía informa que por lo menos cinco personas vinculadas a los procesos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá están colaborando con la justicia mediante principios de oportunidad o preacuerdos.
Junio de 2026
Se firma preacuerdo con Juan Alberto Cardona, excontador y tesorero de los bomberos de Itagüí, quien acepta delito de falsedad en documento privado. Hay otro preacuerdo, dos principios de oportunidad avalados y dos en trámite.
Julio 6 de 2026
Una jueza autoriza la práctica anticipada del testimonio de una testigo considerada clave por la Fiscalía, quien ha entregado chats, fotografías, audios y documentos sobre el presunto funcionamiento del entramado de corrupción.
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