El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha enfilado baterías en su campaña presidencial, en la que parece que el presidente Gustavo Petro lo apoya, pues le abrió espacio para la consulta que la Colombia Humana tendrá en octubre, poniéndolo por encima de personas de su entraña como Gustavo Bolívar y Susana Muhamad, o de la izquierda tradicional colombiana, como el senador Iván Cepeda.
Fiel a su estilo de no responder por lo que se le pregunta, Quintero se ha dado vueltas por medios de comunicación nacionales que no conocieron su administración en Medellín y ha dicho mentiras de calibre mayor, aprovechando el poco conocimiento que los colegas tienen de sus cuatro años al frente de la ciudad, los mismos que fueron castigados en las elecciones regionales.
El exalcalde ha dicho, por ejemplo, que en el caso del lote Aguas Vivas, fue Federico Gutiérrez quien se comprometió a pagar $40.000 millones por dicho lote, cuando este se recibió como parte de una compensación urbanística. En dicho caso cabe recordar que Quintero ya está en etapa de juicio y entre las pruebas que pesan en su contra está que él mismo cambió los límites del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para pagar dicho dinero, afectando las arcas públicas.
Quintero asegura que de supuestamente 600 investigaciones que la justicia tenía en su contra, solo quedan cuatro, pero su equipo tiene en el Sistema Penal Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía más de 25 investigaciones, más de 20 en la Procuraduría y más de 1o en la Contraloría, cifras inéditas para un exalcalde de Medellín.
Para los investigadores que le pisan los talones, en los cuatro años que Quintero estuvo al frente de la ciudad, habría consolidado un sistema de corrupción que se esparció por las diferentes entidades públicas.
A continuación, escogemos algunas de las afirmaciones más importantes y las analizamos.
En su gira de medios, uno de los puntos que no ha logrado evadir el exalcalde Daniel Quintero son las recurrentes preguntas por el escándalo de Aguas Vivas, cuya imputación de cargos lo puso en la picota pública a nivel nacional.
En entrevistas concedidas a medios como La Silla Vacía y Caracol Radio, Quintero se ha referido a algunos aspectos del proceso, planteando una historia en la que su administración es víctima de un contrato que venía de tiempo atrás.
En la entrevista con La Silla Vacía, Quintero aseveró sentirse tranquilo por el caso y aseguró no ver pruebas contundentes en su contra. Sin embargo, la exposición más larga la hizo en el programa La Luciérnaga, en la que aseguró que el negocio vendría del gobierno anterior.
“Fico resulta que es el que compra Aguas Vivas. Lo bueno de la audiencia de acusación es que ya confirman varias cosas. La primera es que fue Fico el que hizo el contrato un día antes de terminar su gobierno. Le echó el cuento a la Fiscalía de que se lo habían regalado, pero en la letra pequeña del contrato dice que va a pagarles $40.000 millones”, dijo.
Esta afirmación del exalcalde puede calificarse como falsa y engañosa, ya que si bien parte de algunos datos que son ciertos, desconoce la línea de tiempo del caso y las actuaciones administrativas que precisamente lo tienen contra las cuerdas a él y varios de sus exfuncionarios por presuntamente tratar de lucrar a particulares.
De acuerdo con los hechos que la Fiscalía ha narrado ante la justicia, que por ahora se reducen a las audiencias de imputación de cargos, es cierto que la génesis del caso se remonta a diciembre de 2019, año en el que los particulares implicados cedieron el lote de Aguas Vivas al municipio a título gratuito a través de una escritura pública.
Sin embargo, según el relato del ente acusador, fue a partir del 18 de febrero de 2020 que los dueños del lote extrañamente empezaron a pedir cambios en el negocio, aprovechando que la cesión no había quedado en firme. El dato de los $40.000 millones se ubica cronológicamente ya iniciada la administración Quintero y se centra en el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna, quien es señalado junto a otros funcionarios de avalar un cambio en el avalúo del lote, que llegó a los $48.000 millones. Con ese enfoque, es que la Fiscalía calcula un presunto peculado de $42.000 millones.
Ante las insistentes preguntas por su situación judicial y los procesos que tiene avanzando en varios organismos de control, el exalcalde Quintero también le salió al paso al tema y en varias de las entrevistas realizadas en días recientes aseguró que no tendría cuentas pendientes.
Uno de esos planteamientos lo hizo por ejemplo en la entrevista que le realizó el informativo televisivo Noticias Caracol, ante el que aseguró incluso que serían cuatro los casos que tendrían activos.
“Hemos ido ganando todos los procesos. Yo no le pongo abogado casi ningún proceso, al principio eran 600 procesos que me montaron, porque además no es que sean 600 diferentes, el mismo proceso lo hacen en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Personería, eso hay que arreglarlo. Pero al final hoy tenemos como cuatro procesos cerrándose y estoy seguro que muy pronto vamos a estar en cero”, expresó Quintero.
Esta afirmación es también engañosa, ya que si bien el exalcalde solo ha comparecido ante un juez por el escándalo de Aguas Vivas –proceso que por cierto está próximo a iniciar la etapa de juicio– son muchos más los casos a los que está vinculado directamente.
Tan solo en la Fiscalía se estima que el exmandatario tiene por lo menos 25 investigaciones con SPOA. De igual forma, en la Procuraduría carga con más de 20 procesos a cuestas y otros 10 en la Contraloría.
Las denuncias a las que le siguen la pista las autoridades abarcan un amplio abanico de denuncias públicas, que también incluyen el escándalo de los Fondos Fijos o la caja menor de la Alcaldía –de la que es señalado de presuntamente gastarse en restaurantes de lujo y compras varias los recursos asignados a su despacho para urgencias y el cumplimiento de sus funciones –, Afinia y una investigación más amplia que se conoce como “el macrocaso”.
Esta última investigación, cuyo enfoque es mucho más amplio y gran parte de sus indicios fueron hechos públicos por el actual gobierno de Medellín en medio de su proceso de auditoría forense, consiste en una hipótesis que apunta a una gran operación sistemática en la que se habrían defraudado las arcas públicas de Medellín durante el cuatrienio pasado.
Por esta razón, no es gratuito que, por ejemplo, en días recientes varios altos funcionarios y líderes del gobierno estadounidense señalaran estar avanzando en pesquisas asociadas a bienes del exalcalde en el extranjero. Según denunció el alcalde Federico Gutiérrez, dichas operaciones tendrían enlaces en Panamá y Estados Unidos y tendrían nexos con escándalos como los de Afinia y Canacol.
Por otra parte, tampoco puede dejarse de lado que, si bien Quintero solo ha sido imputado por un caso, gran parte de su antiguo gabinete y múltiples contratistas ya han sido acusados por casos como los del Jardín Botánico, el Parque de las Aguas, Buen Comienzo, Metroplús y el Inder.
Al referirse a su situación judicial, el exalcalde también soltó otra perla, planteando que los procesos carecerían de tal sustento que ni siquiera ha optado por contratar abogados para defenderse. Así lo planteó por ejemplo ante el programa La Luciérnaga de Caracol Radio.
“Yo no tuve una, tuve 600 investigaciones que me lanzó Federico Gutiérrez, además en rueda de prensa. Hoy quedan cuatro. La semana pasada nos cerraron tres. Nos cerraron la Clínica de la 80 y otras dos que ya ni les paro bolas. Yo ni abogado les pongo”, aseguró.
Esta es también una afirmación engañosa, ya que una de las características del exalcalde ha sido precisamente rodearse de equipos legales de lujo. Solamente en el caso de Aguas Vivas, vale recordar que durante las audiencias de imputación de cargos, entre muchos de quienes le hacían seguimiento al proceso causó sorpresa la noticia de que el exmandatario había fichado para su defensa a Luis Antonio Hernández Barbosa, quien hasta hace poco fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y cuyo papel además fue clave para la elección de la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Además de Quintero, solamente en el caso de Aguas Vivas, sus exsecretarios también se rodearon de selectos grupos de abogados, que pese a emprender un exhaustivo cuestionamiento a la imputación realizada por la Fiscalía, no lograron impedir el inicio de dicho proceso.
Otro de los procesos que salió a flote durante la gira de Quintero fue el de los Computadores Futuro, uno de sus programas bandera y sobre el que fue interrogado por las presuntas irregularidades que han rodeado este caso.
Sobre ese programa así se refirió el exalcalde durante una entrevista en la emisora Caracol Radio.
“Cuando uno entrega 130.000 computadores, hay casos donde un papá irresponsable coge el computador del niño y lo lleva a una prendería, pero afortunadamente yo no tengo hoy ninguna investigación por ese caso”, expresó.
Esta información es cierta, pero engañosa. Si bien es cierto que hasta ahora no se conoce de procesos en los que funcionarios hayan sido llamados a formulación de cargos, tampoco es cierto que dicho programa no tenga investigaciones avanzando en los entes de control.
Una de las denuncias más gruesas salió precisamente a flote durante el proceso de auditoría forense realizado en la Alcaldía, cuando se alertó que dicho contrato había sido adjudicado desde septiembre de 2021, por un valor de $80.000 millones y un plazo inicial de tan solo siete meses, pero luego terminó creciendo a más de $118.000 millones y ejecutándose hasta el 31 de diciembre de 2023, justo antes del cambio de gobierno.
A la par de esas ampliaciones de plazos y presupuesto, los documentos internos del contrato sacaron a flote una preocupación que cundió entre varias dependencias ante el pedido insistente del contratista de cambiar la marca y las referencias de los computadores que había ofrecido inicialmente para quedarse con el contrato. Para acabar de ajustar, dicho contrato fue adjudicado a través del mecanismo de subasta inversa; es decir, el que ofreciera el menor precio.
El programa también arrastró múltiples reparos durante su ejecución por cuenta de retrasos en las fechas de entrega. Con base en esos indicios, los entes de control investigan si se habrían presentado precios artificialmente bajos.
En su entrevista con La Luciérnaga, Quintero narró también una historia para probar la supuesta persecución en su contra, asegurando que en una audiencia una fiscal se habría quebrado por presiones para perseguirlo.
“La última fiscal se puso a llorar en la audiencia, diciendo que estaba siendo presionada. Y claro, es la presión de los medios de comunicación tratando de que condenen a alguien de Quintero”, dijo.
La afirmación es falsa. La audiencia a la que alude Quintero no fue en el caso de Aguas Vivas, que es al que fue vinculado formalmente por la Fiscalía, sino al caso de Buen Comienzo.
De acuerdo con fuentes que conocieron dicha sesión, en la diligencia a la fiscal del caso le habrían llamado la atención por llevar varios meses retrasada en la presentación del escrito de acusación. La funcionaria habría señalado tener una alta carga laboral y por ello no haberlo terminado, razón por la que fue retirada. “La retiraron y le compulsaron copias porque se le pasaron los términos de ley. Pero no dijo que le estuvieran presionando ni nada por el estilo”, señaló una fuente.
En contraste, Quintero sí ha sido reprendido por su actitud irrespetuosa ante la Fiscalía, tal como sucedió en la audiencia de imputación de Aguas Vivas.
“Ya le he llamado la atención muchas veces frente a sus preguntas y comentarios fuera de contexto e irrespetuosos, incluso en la diligencia del 8 de abril su comportamiento tampoco fue acorde al decoro de este tipo de diligencias. Usted debe dar ejemplo a la sociedad, usted es una figura pública y hoy por hoy es una persona que tiene el foco de atención de esta diligencia a nivel nacional”, le expresó por ejemplo el juez 50 Penal de Medellín, reprendiendo a Quintero por interrumpir a los demás en la audiencia y proferir comentarios salidos de tono y descalificatorios en el momento en el que era imputado.
Al hablar de su gestión, uno de los principales logros en los que el exalcalde insiste en su discurso es la reducción de homicidios que experimentó la capital antioqueña durante su periodo de gobierno. Así se refirió al tema en su entrevista con La Silla Vacía.
“En los homicidios siempre había una pregunta, de si aquí había un pacto de gobernabilidad, una ‘Pax Mafiosa’. Nosotros lo rompimos”, expresó Quintero.
Esta afirmación es cierta pero también engañosa, ya que las cifras confirman que los homicidios bajaron en Medellín durante el gobierno de Daniel Quintero, pero los conocedores del conflicto urbano advierten que dicho comportamiento sí estuvo estrechamente ligado a los pactos de no agresión entre las estructuras criminales.
Según los consolidados de la Secretaría de Seguridad, en 2019 Medellín cerró con 600 homicidios, en 2020 (año de la pandemia) cerró en 373, en 2021 en 414, en 2022 con 391 y en 2023 con 378. El año pasado, tras el cambio de gobierno, la ciudad había mantenido esa tendencia y cerró con la cifra de 300 homicidios, la más baja desde 1976 y la tasa más baja por cada 100.000 habitantes desde 1942.
Aunque dicho comportamiento, sobre todo la contracción de 2020, se debe en gran medida a la pandemia —en la que en todo el país bajaron los asesinatos— analistas del conflicto han advertido que las bajas cifras se asocian a pactos de paz entre bandas, que desde guerras como la de Sebastián y Valenciano han adoptado como política general mantener las calles tranquilas para proteger sus negocios.
El mapa criminal de Medellín, apunta a que son precisamente los pactos entre La Oficina, que se estima articula cerca del 65% de los combos de la ciudad, el Clan del Golfo y otras bandas independientes como La Agonía, Los Mondongueros, El Mesa y Pachelly las que han incidido en esas dinámicas.
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