La Fiscalía General de la Nación reveló este martes sus cartas en medio de la audiencia de imputación en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 10 personas involucradas en el escándalo de Aguas Vivas.
Tal como ya había trascendido, en dicha diligencia el ente acusador imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
En una primera etapa de la imputación, la Fiscal se ocupó de exponer los delitos en los que presuntamente habrían incurrido varios altos exsecretarios de la administración de Daniel Quintero, como Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado; exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz; exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores.
Entre tanto, al exalcalde Daniel Quintero, la Fiscalía le imputó dos delitos: peculado por apropiación y prevaricato.
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En una exposición que duró más de una hora, la fiscal planteó que este primer grupo de funcionarios habría actuado, al parecer, en contra de los intereses del municipio para favorecer a un grupo de particulares relacionados con el lote Aguas Vivas.
“Se vulneró el principio de transparencia en la medida en que los servidores públicos para la época de los hechos quisieron comprar un bien que, además, ya era de propiedad del Estado, por medios distintos a los previstos en la ley 388”, sostuvo la fiscal.
A juicio de la Fiscalía, los exfuncionarios no solo habrían hecho artilugios para presuntamente hacer que la Alcaldía fuera en contra de sus intereses, sino que habrían ido en contra del ordenamiento jurídico mismo para valorizar el terreno y beneficiar a particulares.
La Fiscalía puso como punto de partida del caso el mes de diciembre de 2019, cuando los particulares propietarios del lote accedieron a transferirlo de manera voluntaria al municipio de Medellín, por concepto de obligaciones urbanísticas.
Pese a que dicha sesión quedó consignada en una escritura pública, la Fiscalía apuntó que desde el 18 de febrero de 2020 los dueños del lote extrañamente empezaron a pedir cambiar el negocio.
Si bien dichos cambios fueron negados por funcionarios de carrera del municipio, considerando que las reclamaciones del particular no iban a lugar, serían precisamente los altos funcionarios involucrados los que habrían pasado por encima de sus conceptos para hacer posible el negocio, según la Fiscalía.
Uno de los señalamientos más gruesos recayó sobre el exsecretario Montoya Serna, a quien la Fiscalía señaló de haber, presuntamente, abusado de sus funciones para firmar un avalúo comercial del lote superior a lo real, el cual llegó a alcanzar los $48.000 millones en favor de particulares.
Además de esa valoración, la Fiscalía puso su ojo en un comité de conciliación que se instaló en medio de las reclamaciones que habían hecho los particulares con los que buscaban ser remunerados.
Si bien dichas reclamaciones habían quedado en suspenso, tal como quedó expresado en conceptos emitidos por funcionarios y hasta un concepto de un abogado que pidió no conciliar con los particulares, la Fiscalía sostuvo que la exsecretaria Karen Bibiana Delgado ordenó frenar ese trámite y reunir un comité de conciliación para conversar nuevamente con los particulares.
Desde ese comité, señaló la Fiscalía, posteriormente se ordenó la creación de una mesa de trabajo, en la que participaron los exsecretarios Sergio Andrés López, Carlos Mario Montoya y Natalia Andrea Jiménez Pérez, quienes emitieron un concepto favorable a la conciliación.
Desde dicho comité, que sufrió cambios en sus integrantes, la Fiscalía señaló que luego Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil y Lady Jiménez Echevarría aprobaron la propuesta conciliatoria y resarcir económicamente a los particulares.
Cabe recordar que, cuando dicho proceso ya estaba en curso, fue por cuenta de una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y luego del Consejo de Estado que dicha conciliación fue tumbada.
En este punto, la Fiscalía también consideró irregular la decisión de devolver el predio a los privados, sobre el que posteriormente recayeron los efectos de un decreto firmado por el exalcalde Daniel Quintero que permitió desarrollar allí proyectos urbanísticos.
Lo que le dijo la Fiscalía a Daniel Quintero en la imputación por Aguas Vivas
Precisamente sobre la presunta participación del exalcalde Daniel Quintero en el caso, la Fiscalía le imputó al exalcalde los delitos de peculado por apropiación y prevaricato.
Para el ente acusador, dicho peculado se habría materializado cuando, luego de que la justicia les negara hacer la conciliación que buscaban los dueños del lote para ser indemnizados, la alcaldía decidió devolverles el lote ya con su valor disparado.
Por este acto, la Fiscalía también le imputó el delito de peculado al exsecretario Fabio Andrés García Trujillo, quien firmó la resolución que tumbó la cesión que ya venía andando desde 2019.
Sobre la conducta de García, la Fiscalía señaló que Quintero habría omitido sus deberes de vigilancia y control.
A Quintero la Fiscalía también le reprochó la firma del decreto 412 de 2023, con el que reglamentó el programa del Valle del Software, señalando que con su firma habría violado la ley y se habría extralimitado en sus funciones al meterle la mano al uso del suelo, cuando su cargo no se lo permitía.
La fiscal del caso aseveró además que tanto Quintero como García “fueron en todo momento conscientes de que estaban actuando contrariamente a la ley”.
“Ninguno de ustedes tenía una condición socio-cultural diversa ni padece un estado similar que les impida comprender o determinarse. En cuanto a la conciencia de antijuridicidad, señor Daniel Quintero Calle y Fabio Andrés García, ustedes tenían la conciencia de que proferir este acto administrativo, manifiestamente contrario a la ley, era una conducta prohibida, que no obstante quisieron su realización”, planteó.
Dicho peculado fue tasado por la Fiscalía por una cifra de $42.000 millones.
Audiencia se desarrolló sin dos procesadas
Pocos minutos después de comenzar la audiencia de imputación, la audiencia estuvo en riesgo de ser aplazada por tercera vez.
La peculiar situación vino ahora por cuenta de la exsecretaria de Gestión Humana, Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, y la exsecretaria de Gestión Humana, Yina Marcela Pedroza Gómez, quienes apenas comenzando la diligencia aparecieron si su abogado.
Según argumentaron ambas, su abogado habría sido citado a una audiencia presencial en la ciudad de Cali, razón por la que no las había podido acompañar.
Sosteniendo que de seguir la diligencia se estaría vulnerando su derecho a la defensa, las dos implicadas le pidieron al juez aplazarla.
La solicitud encendió un debate, ya que la fiscal del caso se paró en la raya y se opuso a que se moviera la cita por tercera vez consecutiva.
Argumentando que todavía hay tiempo para imputar a los dos exfuncionarias, la fiscal sostuvo que la diligencia podía continuar si ellas dos y no darle más largas al proceso.
La fiscal fue interpelada por otros abogados defensores, quienes empezaron a plantear que se estaría rompiendo la unidad procesal del caso y que, de querer seguir con la audiencia, debía justificar esa decisión con base en la ley.
A renglón seguido el apoderado de la Alcaldía de Medellín insistió por su parte que para evitar que el proceso se siguiera dilatando, era necesario que se imputaran a las personas que se habían presentado y posteriormente unificar los casos.
Tras varios minutos de discusión, en los que la fiscal se mantuvo en que la unidad del proceso no se estaba rompiendo, el juez accedió a no aplazar más la diligencia, ordenando a González Montoya y Pedroza Gómez retirarse de la misma.
Lo que sigue en la audiencia
Tras una diligencia que duró más de seis horas, hacia las 8:30 de la noche el juez al frente del caso ordenó suspender la audiencia, señalando ver necesario tener tiempo para revisar varios reparos que los abogados defensores le hicieron a la Fiscalía.
La mayor parte de los mismos se centraron en que, en su exposición, la Fiscalía no habría dado los hechos jurídicamente relevantes para la imputación, asegurando que no había quedado lo suficientemente claro y concreto el papel de los acusados en el proceso.
Bajo esta óptica, los defensores plantearon que la imputación estaría viciada y no debería ser admitida.
Por su parte, el abogado del exalcalde Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández, le pidió al juzgado sacar a la Alcaldía del proceso en su condición de víctima, considerando que esta no podía participar del mismo por tener supuestamente funcionarios involucrados en el mismo caso.
Para revisar esos argumentos, el juez señaló que la imputación debía suspenderse y señaló que la audiencia se reanudará el próximo 21 de abril a las 14:30 p.m.
