El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encendió una controversia al declarar que el Estado puede obligar a vacunar a los niños si los padres se niegan, en el marco de una alerta sanitaria por el aumento de casos de fiebre amarilla, afirmación que generó cuestionamientos sobre los límites legales de la patria potestad frente a la protección de la salud pública.
Jaramillo pronunció sus declaraciones el jueves durante un evento en Bogotá, donde abordó la preocupante situación de la fiebre amarilla, que registró 37 casos confirmados y 17 fallecidos en 2025, según el Instituto Nacional de Salud.
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El ministro señaló que la vacunación es un deber colectivo y que, en casos de negativa parental, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puede intervenir para garantizar el derecho a la salud de los menores, respaldándose en la prioridad del interés superior del niño.
La Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, establece en su artículo 10 que los niños tienen derecho a la vida y a la salud, y que el Estado debe adoptar medidas para protegerlos cuando los responsables legales no lo hagan. Sin embargo, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 precisa en su artículo 7 que ninguna persona puede ser sometida a un tratamiento médico contra su voluntad, lo que genera un conflicto interpretativo sobre la obligatoriedad de las vacunas.
Las palabras de Jaramillo provocaron una avalancha de críticas, especialmente en sectores que consideran que la intervención estatal vulnera la autonomía familiar. Organizaciones de padres y movimientos antivacunas calificaron la postura como un ataque a la patria potestad, regulada por el artículo 288 del Código Civil, que otorga a los padres la autoridad primaria sobre sus hijos.
En respuesta, el Ministerio de Salud emitió un comunicado el viernes, aclarando que no se busca imponer medidas generales, sino actuar en situaciones excepcionales donde la vida de los menores esté en riesgo.
El comunicado explicó que la intervención del ICBF se limitaría a casos extremos, como emergencias sanitarias declaradas, y que cualquier acción respetaría los procedimientos establecidos en la ley. Jaramillo reiteró que la vacunación infantil es gratuita y accesible en más de 3.000 puntos a nivel nacional, destacando que una sola dosis contra la fiebre amarilla otorga inmunidad de por vida.
La normativa colombiana no establece la obligatoriedad explícita de las vacunas en el Plan Ampliado de Inmunización (PAI), pero el Decreto 109 de 2021, que regula el PAI, subraya que el Estado debe garantizar su disponibilidad y promover su aplicación para prevenir enfermedades de alto impacto.
La fiebre amarilla, endémica en 380 municipios colombianos, requiere vacunación para viajeros y residentes en zonas de riesgo, según la Resolución 466 de 2022 del Ministerio de Salud. Este documento exige el carné de vacunación para quienes ingresen o salgan de áreas críticas, como Amazonas, Caquetá y Meta.
El Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por Colombia, permite a los Estados imponer requisitos de vacunación en contextos de riesgo epidemiológico, como el actual brote regional que suma 131 casos en América, 31 de ellos en Colombia.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-203 de 2018, aclaró que cualquier medida que afecte derechos fundamentales, como la autonomía parental, debe ser proporcional y estar justificada por un peligro inminente.
