Aunque el Gobierno defendió la legalidad del acto administrativo, la Sala evidenció que se vulneraron las normas que exigen un perfil técnico riguroso para liderar una entidad clave en la protección de la competencia y los derechos del consumidor.
“Es la crónica de una muerte anunciada. La decisión del Consejo de Estado se anticipaba porque es un tema completamente objetivo. Cielo Rusinque, desde el momento en que fue designada como superintendente de Industria y Comercio, no tenía ni la experiencia, ni las capacidades para ejercer como tal. No solo porque le faltaba el tiempo de servicios que la ley exige para cumplir con los requisitos, sino porque era evidente que no tenía la preparación para atender una superintendencia de industria y el comercio y la competencia desleal”, analizó Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight.
Esta decisión de única instancia ordena la salida inmediata de la funcionaria, sumando un nuevo revés judicial a los nombramientos de alto nivel del Ejecutivo. El fallo incluyó un salvamento de voto del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y una aclaración de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
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¿Por qué fue importante el estándar de la Ocde?
Uno de los puntos clave del fallo es la mención a los compromisos internacionales de Colombia. El Consejo de Estado recordó que, para entrar a la Ocde, el país aceptó elevar los requisitos de quienes dirigen sus autoridades de competencia.
Esto significa que el puesto de superintendente dejó de ser un cargo de confianza política para convertirse en una posición técnica de alta especialidad. La sentencia subrayó que la regulación nacional integró estos estándares internacionales de especialidad e idoneidad precisamente para evitar que la vigilancia de los mercados quedara en manos de personas sin la formación específica requerida.
En el caso de Rusinque, el tribunal encontró que su formación y trayectoria, aunque destacadas en otras áreas del derecho y la gestión pública, no se alinearon con el nivel de posgrado y la experiencia específica en temas de industria, comercio o protección al consumidor que el manual de funciones exige rigurosamente.
“Como se explicó líneas atrás, estos requisitos no se cumplieron”, sentenció la Sala, dejando claro que no basta con ser un abogado prestigioso; se requiere ser un experto en la materia que la entidad regula.
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El proceso de Rusinque, bajo la lupa ciudadana
El fallo también reconstruyó el accidentado camino que recorrió este nombramiento. Todo empezó en diciembre de 2023, cuando la Presidencia publicó una invitación pública a la que acudieron 82 aspirantes. Durante ese proceso, se remitieron observaciones y alertas sobre la posible falta de requisitos de algunos candidatos, incluida Rusinque.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió seguir adelante con su designación, ignorando las advertencias que luego se convirtieron en la base de las demandas de nulidad electoral interpuestas por ciudadanos como Miguel Ángel Martínez Calderón y Daniel Currea Moncada.
Para los magistrados, la administración pública falló al no garantizar que la persona elegida tuviera el conocimiento técnico necesario para resolver conflictos complejos entre empresas y consumidores. El tribunal fue enfático al decir que la “discrecionalidad” del presidente para nombrar a sus funcionarios tiene un límite claro: la ley.
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No se trata solo de querer a alguien en el cargo, sino de que esa persona tenga las credenciales académicas y los años de práctica específica para no poner en riesgo la institucionalidad de la SIC. La sentencia advirtió que ignorar estos requisitos no solo afecta la legalidad del acto, sino que debilita la confianza de los actores del mercado en su regulador.
Lo que viene tras decisión del Consejo de Estado sobre Cielo Rusinque
La salida de Cielo Rusinque representa un nuevo revés para el Gobierno Petro en los tribunales, sumándose a una lista de nombramientos de alto nivel que han caído por errores en el trámite o por falta de calidades. El fallo ordenó la notificación inmediata y el cumplimiento de la nulidad, lo que obliga a la funcionaria a dejar su cargo de forma definitiva.
Ahora, el Gobierno deberá iniciar un nuevo proceso para buscar un perfil que, esta vez sí, cumpla con las exigencias de la Ocde y la ley colombiana.
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