El Congreso de la República dio luz verde este jueves 16 de octubre al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que se ubica en $546,9 billones, tras la aprobación del texto en la plenaria del Senado. La votación cerró con 50 votos por el Sí y 27 por el No, acogiendo el proyecto previamente aprobado por la Cámara de Representantes.
El monto aprobado resulta del recorte de $10 billones al proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda: $6 billones en gastos de funcionamiento y $4 billones en inversión, según explicó el ministro Germán Ávila durante la sesión.
Por su parte, la votación en la Cámara terminó con 74 votos a favor y 24 en contra, pero las discusiones no se cerraron en paz, la redistribución de recursos generó reclamos por presuntos intereses políticos, especialmente tras el aumento de $300.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y un recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo.
Es decir, aunque los recortes y ajustes buscaron mostrar disciplina fiscal, el debate estuvo marcado por la distribución política del gasto. Varios congresistas y organismos han denunciado que el presupuesto favorece a entidades cercanas al poder y castiga a instituciones independientes.
Por ejemplo, el Dapre, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República recibirán más plata en pleno año electoral. En contraste, entidades como la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia sufren recortes o exclusiones en sus asignaciones.
Con esta decisión, el Legislativo definió el presupuesto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro financiar sus políticas para el último año de administración.
A diferencia del año pasado, cuando Petro sacó el presupuesto por decreto, esta vez el Congreso sí aprobó el Presupuesto General de la Nación, aunque con la inclusión de un artículo que ha generado fuerte controversia por el manejo de los recursos del sistema pensional.
El texto aprobado contempla además una reforma tributaria por $16,3 billones, necesaria para garantizar la financiación total del plan de gasto público. Este proyecto fiscal será discutido en las próximas semanas en el Congreso de la República.
Los sectores que ganan con el presupuesto del 2026
Los ministerios que sufren recortes en el presupuesto del 2026
En contraste, algunas carteras enfrentaron recortes significativos. El Ministerio de Hacienda pierde $2,6 billones, quedando con $28,5 billones; Prosperidad Social verá reducidos sus recursos en $2 billones, con una asignación final de $8,2 billones; y el Ministerio de Ambiente tendrá $78.400 millones menos, lo que deja su presupuesto en $1,24 billones.
Uno de los puntos más debatidos en Cámara fue el servicio de la deuda pública, que pese a sufrir una reducción de $2 billones, se mantiene como uno de los rubros más altos del presupuesto, con $97 billones para 2026.
Mermelada y micos en el debate del Presupuesto General de la Nación 2026
Tras la aprobación, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, lanzó duras críticas, asegurando que el Gobierno está usando los recursos públicos con fines políticos.
“Esto es mermelada pura y dura en plena campaña. Exponen el presupuesto a una nulidad”, advirtió la congresista, al recordar que el país lleva año y medio esperando un fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, justamente por los vicios de trámite que se presentaron en su aprobación.
Lozano alertó que el Ejecutivo repite el mismo error con el nuevo presupuesto, al introducir partidas polémicas de última hora. “El Gobierno ha puesto en el mismo rumbo al presupuesto y, en el segundo debate, apropió unas partidas peligrosas para la mermelada”, señaló.
También criticó la posibilidad de financiar el gasto con más endeudamiento externo. “Nosotros propusimos un candado: si no sale la ley de financiamiento, el Gobierno no puede reemplazar los recursos con deuda. Hoy quieren meter $16 billones de deuda nueva, en lo que calificó como una reforma tributaria por la puerta de atrás”, afirmó.
A las críticas se sumó el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, quien lanzó una fuerte advertencia sobre un posible “mico” incluido en el presupuesto, el cual —según dijo— abriría la puerta a usar recursos del sistema pensional para financiar gastos de funcionamiento del Gobierno. “La plata de las pensiones es sagrada, no puede ser utilizada para temas electorales como pretende el Gobierno del presidente Petro”.
El congresista explicó que el polémico artículo, identificado como el artículo 90, no fue discutido en las comisiones económicas, sino que se habría incorporado directamente en la plenaria. “Entró por la puerta de atrás, y pretende disponer de las pensiones de los colombianos. Esto pone en riesgo a quienes están a punto de pensionarse y también a los que aún no lo están”.
Para el senador, usar los ahorros de los trabajadores en otros fines abriría “un hueco negro de derroche a manos llenas”, y reiteró que el dinero de las pensiones “debe mantenerse intocable”.
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Habla el Ministerio de Hacienda sobre el Presupuesto General de la Nación del 2026
El ministro Ávila justificó los ajustes en inversión por la entrada en vigor de la nueva ley pensional, que obliga a transferencias mayores hacia Colpensiones. Sin embargo, la ley aún espera revisión de la Corte Constitucional, lo que deja en el aire parte de la planeación.
Ávila explicó que el presupuesto aprobado está articulado con una ley de financiamiento que se discutirá en los próximos días en el Congreso y que será ajustada a un monto de $16,3 billones, tras la reducción de $10 billones en el presupuesto general. “La ley se enfocará en mantener una estructura progresiva, sin afectar a los sectores de bajos ingresos ni la canasta familiar”, añadió.
El jefe de la cartera de Hacienda detalló que, tras el recorte, se realizaron ajustes internos por cerca de $1,5 billones, principalmente entre ministerios y entidades del orden nacional, con el fin de proteger rubros sensibles y evitar afectaciones en sectores prioritarios.
Sobre el aumento de los recursos para algunos organismos de control, el ministro precisó que la Procuraduría General de la Nación recibirá $600.000 millones adicionales, al igual que la Registraduría, “para garantizar el normal desarrollo de las próximas elecciones y fortalecer la vigilancia institucional”.
Asimismo, confirmó que la Defensoría del Pueblo y otras entidades también fueron objeto de ajustes, producto del recorte global de $10 billones aplicado al gasto de funcionamiento.
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Las cinco polémicas y denuncias de politiquería en el presupuesto del 2026
El regalo a Gregorio Eljach en la Procuraduría
La representante Jennifer Pedraza Sandoval (Dignidad) cuestionó la “prioridad politiquera” del Gobierno, al tiempo que señaló que el procurador Gregorio Eljach recibiría un aumento de $600.000 millones y un “regalo adicional” con la creación de una universidad que, según ella, funcionaría como fortín burocrático. El órgano de control recibirá un 42% más en 2026 respecto a 2025.
En ese orden, denunció que el Gobierno “le quita $116.000 millones a la Defensoría y no asigna $160.000 millones para salvar la Universidad de Antioquia”, mientras “aumenta $343.000 millones al Dapre y $600.000 millones a la Procuraduría”.
La peluqueada a la Defensoría del Pueblo
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó que la ponencia recorta aún más el presupuesto de la Defensoría, afectando su capacidad para proteger derechos humanos. “De aprobarse el presupuesto como está, la Defensoría tendrá en 2026 un 47,3% menos de presupuesto de inversión que en 2024”.
El recorte total equivale a $59.530 millones, lo que deja a la entidad con 5% menos recursos frente a 2025. En inversión, la reducción llega al 30%, y representa $151.222 millones menos de lo solicitado, es decir, 11,2% menos del presupuesto pedido por la Defensoría. Marín advirtió que esta es la segunda disminución consecutiva, en 2025 se aprobó 6,9% menos de lo solicitado, y ahora el ajuste sería mayor.
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Fondo Paz como plataforma electoral
La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, encendió la polémica al denunciar un supuesto uso político del presupuesto destinado al Fondo Colombia en Paz, adscrito al Dapre. “¿Cómo es posible que de la nada determinen que al Fondo Paz se le incrementen $300.000 millones? Sabemos que se está utilizando para tarimas, transportes, almuerzos... para los discursos del presidente Petro”.
La representante Catherine Juvinao, también del Partido Verde, se sumó a las críticas al decir: “Este Gobierno prefiere mandar $300.000 millones al Dapre, que ya sabemos en qué se van a gastar: en lechonas, tarimas y buses, como lo vienen haciendo”.
Tijerazo a la Universidad de Antioquia
El representante Daniel Carvalho (Antioquia) dijo que votó no al presupuesto, argumentando que el Congreso aprobó un plan desfinanciado y riesgoso. “Con una ejecución baja, un déficit del 7,5% y una deuda desbordada, el presupuesto dejará en aprietos a los próximos gobiernos”.
Carvalho denunció que “en plena época electoral se aumentan $300 mil millones al Dapre y se recortan $150 mil millones a la Defensoría”. Aunque reconoció avances en recursos para deporte e infraestructura 4G en Antioquia, calificó el gasto global como “desenfrenado e irresponsable”. Pero a no le asignaron $160.000 millones a la Universidad de Antioquia para salvarla en medio de sus crisis financiera.
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El Gangazo del Dapre
El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) pidió explicaciones sobre el aumento del presupuesto del Dapre, que reporta un incremento del 16%, equivalente a $289.000 millones. “¿En qué consiste ese aumento? ¿Para qué aumentan el presupuesto del Dapre? ¿Para actos proselitistas, convocatorias amañadas de respaldo al Gobierno? Esta asignación nunca antes vista requiere una explicación”.
“Se están usando esos recursos para la campaña del 2026. Eso nos preocupa muchísimo, porque hemos visto cómo se contratan tarimas, proveedores, transportes y sonidos para todos estos shows”, cuestionó Miranda al decir que se privilegie el aumento del Dapre por encima de sectores como el agro.
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