El Cóndor notificó a sus grupos de interés que ganó al Estado una demanda con pretención de $3,5 billones por el congelamiento de peajes que el Gobierno aplicó en 2023.
Según se defendió en ese momento, la medida buscaba mantener las tarifas de 143 peajes a precios del 2022.
La acción fue interpuesta ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD/AAA), en el que la Concesión Ruta al Mar actuó como demandante frente a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
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Es decir, la ANI tendrá que pagar $3,57 billones a Ruta al Mar por incumplir acuerdos en concesión de 500 kilómetros. Así las cosas, Construcciones El Cóndor recuperará su inversión tras tres años de disputa por la concesión Antioquia-Bolívar.
Así las cosas, un tribunal arbitral internacional ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar esta suma, tras determinar incumplimientos contractuales y decretar la terminación anticipada del proyecto vial que conecta Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El laudo fue emitido el 30 de abril y notificado el viernes 1 de mayo.
El laudo del Centro Internacional de Resolución de Disputas detalla cinco componentes en la condena. El mayor corresponde a la liquidación del contrato por terminación anticipada, con $3,31 billones.
A este monto se suman $257.866 millones por perjuicios asociados a la no actualización de tarifas en el peaje Carimagua; $5.437 millones por inestabilidad en las unidades funcionales 4 y 5; $933 millones por insuficiencias en la estimación de compensaciones ambientales, y $1.240 millones por demoras en el reconocimiento y pago contemplado en el Decreto 050.
Además, la ANI deberá asumir las costas del arbitraje. El fallo incluye $9.439 millones por costos adicionales, entre honorarios de peritos y gastos legales, así como US$$575.871 por honorarios y gastos del Tribunal Arbitral y su Secretaría, y US$$21.825 por tarifas administrativas del CIRD.
En total, la condena asciende a $3,58 billones, más US$$597.696, una cifra que podría incrementarse con los ajustes previstos en los numerales décimo sexto y décimo séptimo del laudo.
El tribunal determinó que la imposibilidad de ejecutar las obras en los plazos pactados obedeció a factores no atribuibles al concesionario, junto con afectaciones en la estructura tarifaria y en los ingresos del proyecto.
Historial del proceso entre El Cóndor y la ANI
El proceso arbitral fue iniciado en junio de 2023 ante incumplimientos contractuales atribuidos a laANI. La pretensión principal fue la terminación anticipada del contrato.
Vale mencionar que El Cóndor es accionista de 50% de la concesión demandante y actuó como originador desde 2012. Además, es el contratista del proyecto.
Al subrayar la importancia del fallo, la constructora indicó que el Tribunal concluyó que la imposibilidad de culminar las obras en los plazos pactados obedeció a causas no imputables al concesionario, así como a la afectación de la estructura tarifaria y de ingresos del proyecto, entre otros factores.
“Para Construcciones El Cóndor S.A., en su condición de accionista y contratista EPC, el laudo representa un elemento determinante en el proceso de recuperación de la inversión comprometida en el proyecto. No obstante, la materialización de dicho valor está sujeta a procesos posteriores de ejecución, estructuración y recaudo, así como a las condiciones en que se implementen las decisiones derivadas del Laudo”, notificó la constructora.
La sociedad, en coordinación con la Concesión Ruta al Mar y sus asesores jurídicos y financieros, se encuentra analizando el alcance del Laudo y definiendo las acciones a seguir.
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