En medio de la manifestación del Día del Trabajo, el Gobierno Petro oficializó el Conpes 4189. Se trata de un hoja de ruta y prácticamente el brazo financiero de la reforma laboral. Contará con un gasto de $1,82 billones para realizar varios cambios en la política laboral en Colombia.
El anuncio se realizó en Medellín y lo informó el propio Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Según explicó, la idea del Gobierno es realizar “transformaciones estructurales para garantizar condiciones laborales más justas en el país”.
Es importante tener presente que su implementación será gradual y se ejecutará hasta 2035 y contará con seguimiento semestral por parte del Departamento Nacional de Planeación.
La política es de gran magnitud, de hecho, en su avance intervendrán 12 entidades del orden nacional: Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Servicio Público de Empleo (SPE), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
104 acciones con mayor inversión para el Sena
Esta hoja de ruta contempla 104 acciones concretas a ejecutarse en un periodo de 10 años, con una inversión estimada en $1,82 billones.
El documento explica que la inversión se enfocará en cinco frentes: empleo en transición energética y digital, reducción de brechas laborales, fortalecimiento de derechos laborales, mayor acceso a protección social y promoción del diálogo social.
De hecho, el Sena concentrará la mayor parte de la inversión de este Conpes, con $1,47 billones destinados principalmente a la formación de talento para nuevos empleos, especialmente en sectores asociados a la transición energética.
Hay que recordar que en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025), uno de los mayores beneficiados fueron los estudiantes del Sena. No fue coincidencia que en los debates legislativos estos jóvenes se hicieran presentes con carteles y arengan para respaldar la iniciativa que entró en vigencia en junio del año pasado.
Transición a empleos verdes
El primer frente de acción se centra en la transición justa de la fuerza laboral frente a los cambios energéticos y tecnológicos. La política propone crear una Mesa Intersectorial de Transición Justa y Empleos Verdes, en la que participarán trabajadores y empleadores para impulsar procesos de reconversión laboral.
En este marco, el Ministerio de Minas desarrollará programas dirigidos a 14.000 trabajadores afectados por cierres en el sector carbonífero, con el objetivo de facilitar su transición hacia nuevas actividades productivas.
Además, el Sena iniciará desde 2026 programas de formación enfocados en empleos verdes. El Ministerio considera que Colombia tendría el potencial de generar hasta 15 millones de empleos verdes netos hacia 2030, lo que convierte este frente en uno de los pilares estratégicos de la política.
Reducción de brechas laborales
El segundo eje está orientado a disminuir las barreras de acceso al empleo formal para poblaciones históricamente excluidas. Entre ellas se encuentran jóvenes, vendedores informales, trabajadores de la economía popular, personas en actividades sexuales pagadas, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto, campesinos, mujeres y grupos étnicos.
Dentro de las acciones se destaca la implementación de una estrategia territorializada de empleo juvenil, que priorizará las ciudades con mayores niveles de desempleo en este segmento.
También se desarrollará un programa entre 2027 y 2034 para fortalecer a los vendedores informales, con un enfoque que descarta desalojos y propone alternativas como acceso a financiamiento, formación empresarial y vinculación a redes de comercialización.
Otro cambio relevante es el reconocimiento del cuidado remunerado como sector laboral, lo que implicará la expedición de un acto administrativo para avanzar en su formalización.
Adicionalmente, se pondrá en marcha una estrategia nacional para fortalecer iniciativas económicas lideradas por mujeres en actividades sexuales pagadas, que incluirá unidades móviles de derechos, acceso a instrumentos financieros, formación y orientación para la reconversión laboral, sin criminalización.
Cumplimiento de normas laborales
El tercer frente se enfoca en fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas laborales. La meta es duplicar el número de inspectores de trabajo hasta alcanzar el estándar de la OIT de un inspector por cada 10.000 trabajadores.
Entre las acciones específicas se incluyen inspecciones sorpresa a cultivos de flores durante temporadas de alta demanda, como San Valentín y el Día de las Madres, especialmente en municipios de Cundinamarca y Antioquia.
También se implementarán inspecciones puerta a puerta en ocho ciudades capitales para verificar condiciones laborales en el trabajo doméstico, donde actualmente el 83% de las trabajadoras no cuenta con seguridad social.
A esto se suman lineamientos para prevenir la discriminación hacia trabajadores de plataformas digitales de reparto, con orientaciones dirigidas a las empresas del sector.
Protección contra el desempleo
El cuarto eje aborda el acceso a prestaciones sociales de calidad. Uno de los principales cambios será el rediseño del mecanismo de protección al desempleo, con el objetivo de ampliar su cobertura a trabajadores informales y de la economía popular. Actualmente, solo el 0,6% de los desempleados accede a este beneficio.
La política también contempla la creación de lineamientos para fortalecer programas sociales orientados a reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
Un componente novedoso es la incorporación de los derechos menstruales en el ámbito laboral. Esto incluye medidas como la promoción del trabajo en casa, horarios flexibles y el acceso a productos de higiene menstrual, con el fin de garantizar condiciones dignas para las trabajadoras.
Se crearán 10 escuelas sindicales
El quinto frente se enfoca en el fortalecimiento del diálogo social y la resolución de conflictos laborales. En este marco, se crearán escuelas de formación sindical entre 2026 y 2034 en los 10 departamentos con mayor conflictividad laboral.
Asimismo, se realizará un nuevo censo sindical, el primero desde 2018, que permitirá contar con datos actualizados sobre organizaciones sindicales y procesos de negociación colectiva.
La política también impulsa la territorialización de las acciones laborales, mediante el fortalecimiento técnico de las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, así como la asistencia a entidades territoriales para mejorar sus capacidades.
Como incentivo, se creará el Sello de Trabajo Digno y Decente, un reconocimiento dirigido a empresas, sindicatos y territorios que implementen buenas prácticas en inclusión laboral, diálogo social y resolución de conflictos.
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