El Gobierno Nacional publicó el decreto que declara la emergencia económica por 30 días, una medida con la que busca aliviar las presiones fiscales de la Nación y financiar el Presupuesto General de 2026.
El objetivo central es conseguir cerca de $16 billones adicionales, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
Con la firma de todos los ministros, el llamado “decreto madre” ya está en firme y el Ejecutivo anunció que en los próximos días expedirá los decretos reglamentarios que permitirán imponer nuevos impuestos, esta vez por la vía excepcional.
En términos políticos, el mensaje fue directo, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica para imponer tributos que el Congreso le negó, una decisión que desde ya enfrenta una fuerte controversia jurídica y constitucional.
Lea más: Corte Constitucional evalúa sesiones extras para revisar emergencia económica: ¿la tumbará?
Impuestos a los “megarricos” y el faltante del Presupuesto 2026
Según el propio mandatario, la emergencia económica busca cubrir un faltante estimado en $16,3 billones del Presupuesto de 2026. El diseño de los nuevos impuestos, explicó el Gobierno, se basará en los mismos criterios de la ley de financiamiento que fue archivada por el Congreso y recaerá principalmente sobre los llamados “megarricos”.
Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una medida necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado y atender compromisos de gasto, en un contexto de estrechez fiscal y mayores presiones sobre la caja pública.
Sin embargo, para buena parte de los analistas, se trata de una salida fiscal extrema, con pocas probabilidades de superar el examen de la Corte Constitucional.
Dudas jurídicas: ¿hay realmente una emergencia económica en Colombia?
Uno de los principales cuestionamientos apunta al corazón jurídico del decreto. Varios expertos coinciden en que los argumentos del Gobierno no cumplen con los requisitos constitucionales para declarar una emergencia económica, que exige hechos sobrevinientes, imprevisibles y extraordinarios.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, fue claro al señalar que “todas estas razones que argumenta el Gobierno Nacional no tienen nada de inesperado, sobreviniente, que pueda justificar la declaratoria”.
En la misma línea, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo aseguró que espera que “la Corte Constitucional lo tramite rápidamente y rechace la emergencia”.
Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, el decreto es “francamente muy pobre”, “plagado de mentiras y errores”, y responde a una emergencia “fabricada” por el propio Gobierno.
A su juicio, no existe una perturbación grave ni hechos excepcionales que lo justifiquen, y permitirlo abriría la puerta a una peligrosa irresponsabilidad fiscal futura.
Entérese: Contraloría cuestiona emergencia económica: alerta desequilibrio fiscal y exige recorte del gasto
Salud en el centro del debate, críticas por el uso de la UPC
Uno de los puntos más sensibles del decreto es la inclusión del sistema de salud y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como argumento para justificar la emergencia.
Según el decreto, uno de los puntos más críticos es el financiamiento del sistema de salud. La Corte Constitucional ha ordenado igualar la prima que se paga por cada paciente (UPC) del régimen subsidiado con la del contributivo al 95%. Si bien en el periodo 2014-2018 hubo una nivelación importante y en 2019 se llegó al 95%, para 2022 la cifra cayó al 88,9%.
El médico Andrés Vecino, especialista en sistemas de salud y economía de la salud, fue especialmente crítico. Calificó la medida como “cínica” y una “bofetada a pacientes y trabajadores de la salud”.
Recordó que el propio Gobierno ha sostenido durante años que la UPC es suficiente y que ni siquiera definió una cifra clara para 2025.
Vecino aseguró que la desfinanciación del sistema no es un hecho sobreviniente, sino un proceso intencional que comenzó en 2022, cuando se redujo el presupuesto para 2023.
También cuestionó que ahora se pretenda que los ciudadanos asuman, vía impuestos, cerca de $3,3 billones de una supuesta insuficiencia de la UPC que el Gobierno no reconoce plenamente. “No se dejen engañar”, advirtió.
En contexto: Corte Constitucional le reitera al MinSalud que incumplió orden de incremento de la UPC
Reacciones políticas con llamado urgente al Congreso
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Fernando Motoa, vicepresidente de la Comisión Primera del Senado, pidió que el Legislativo sea convocado de manera urgente para revisar el decreto, al que calificó como “abusivo e inconveniente”.
Motoa cuestionó que la medida se haya presentado en plena temporada navideña, cuando la atención pública es menor, y habló de una nueva “fechoría” del Gobierno Nacional.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, fue aún más contundente, aseguró que el “decretazo no quedará impune”, que la Corte Constitucional lo tumbará por abuso de poder y que el presidente “se pasó por la raya”, al saltarse los pesos y contrapesos del sistema democrático.
Empresarios advierten abuso de poder e inseguridad jurídica
Desde el sector empresarial, el rechazo fue frontal. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó la medida como “el regalo de Navidad del gobierno a los colombianos” $16 billones en impuestos que el Congreso no aprobó.
Según Mac Master, ninguna de las razones expuestas en el decreto encaja dentro de las causales constitucionales para una emergencia económica y, por el contrario, configuran un “caso flagrante de abuso del derecho” por parte del Gobierno.
A su turno, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su rechazo al considerar que la situación fiscal, aunque compleja, es estructural y conocida, no excepcional ni imprevisible. Para el gremio, el uso de un estado de excepción genera incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas y afecta la confianza de los inversionistas.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que la emergencia económica no puede reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión fiscal y recordó que existen herramientas legales suficientes, como el aplazamiento o recorte del gasto, para manejar el presupuesto sin acudir a figuras excepcionales.
Le puede interesar: ¿Habrá 5x1.000? Estos son los impuestos que evalúa el Gobierno Petro con la emergencia económica
Ante esta panorama, el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideró que el objetivo real es aprobar la Ley de Financiamiento (reforma tributaria) por decreto, saltándose al Congreso.
“Esto representa un precedente riesgoso para la democracia. El Congreso, en sus facultades legales, no aprobó esa ley. Usar una emergencia para imponer impuestos que no pasaron por debate legislativo debilita el equilibrio de poderes”, advierte el observatorio.
Agrega que la emergencia no es un accidente externo; es una “profecía autocumplida”.
Es decir, el Gobierno sobreestimó sus ingresos de forma sistemática y ahora usa la crisis que él mismo generó para justificar medidas extraordinarias. “El Gobierno, con esta práctica, vuelve a utilizar una forma de “creatividad contable” que erosiona la confianza en la política fiscal y compromete la sostenibilidad del Estado”, subraya el Observatorio.
Regístrate al newsletter