La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se refirió a las reacciones de distintos sectores frente al proyecto de resolución que plantea cambiar el modelo de manejo de los bancos de germoplasma en Colombia. Según señaló en su cuenta de X, la iniciativa busca “fortalecer la custodia pública” y garantizar que el patrimonio genético del país sea “indelegable”, sin embargo, dio por sentado aspectos que distan de la realidad.
Y es que sus declaraciones llegaron en medio de cuestionamientos de investigadores, trabajadores y analistas del sector agropecuario, que adviertieron riesgos en la propuesta. El proyecto plantea trasladar la administración de estos bancos, actualmente en manos de Agrosavia, hacia un esquema de custodia compartida liderado por el Instituto Colombiano Agropecuario.
Presupuesto de Agrosavia: ¿66,5% o recorte del 44%?
Uno de los primeros aspectos que llamaron la atención de su pronunciamiento fue que señaló que “Para 2026, el 66,5% del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se transfiere solamente para asegurar el funcionamiento de Agrosavia”.
Esto, aunque pareciere representar un gran volumen, no es así, pues este año el Gobierno asignó $4 billones al agro, de los cuales Agrosavia recibe $216.754 millones, según la Resolución 000041 del 3 de febrero de 2026. Esto equivale apenas al 5,42% del total, una proporción considerablemente menor en esa perspectiva.
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Además, los datos muestran una reducción progresiva en los recursos. De acuerdo con cifras del gremio Sintragrosavia, el presupuesto ha pasado de $299.325 millones en 2024, $226.754,75 millones apropiados en 2025, $216.754,75 millones disponibles en 2025 tras el aplazamiento, $216.754,75 millones en 2026, y un anteproyecto de apenas $120.169,2 millones para 2027, lo que, según la senadora, Jennifer Pedraza sería un recorte de más del 44% a Agrosavia para el 2027. “¡Esto es un golpe a la soberanía alimentaria del país y para la ciencia agropecuaria!”, dijo en su cuenta de X.
A su vez, Jorge Enrique Robledo, líder político y defensor asiduo del agro, le hizo una petición al Gobierno: “dejen de hacerle daño a Agrosavia, porque ese es otro atentado contra el agro nacional de campesinos, indígenas y empresarios y contra todos los colombianos”.
Pero, aunque la ministra ha insistido en que no se trata de desmontar a Agrosavia, sino de reorganizar funciones bajo un mayor control estatal, el cambio implicaría que una entidad con funciones de vigilancia sanitaria asuma también la administración de uno de los activos científicos más sensibles del país.
Para trabajadores y expertos, esta tendencia contrasta con la narrativa oficial. “No se puede hablar de fortalecimiento mientras se reducen los recursos”, advierten desde el sector, al señalar que la investigación agropecuaria depende de procesos de largo plazo y capacidades técnicas que no son fácilmente reemplazables.
De hecho, Sintragrosavia y líderes convocaron a una movilización nacional, este miércoles 22 de abril, en la que alzaron su voz en defensa de la ciencia en Colombia.
Entre las principales consignas de la protesta se destaca el rechazo a la posible entrega de los bancos de germoplasma, considerados clave para la soberanía alimentaria y la investigación, así como “la exigencia de garantizar desde ya un presupuesto adecuado para 2027 que permita sostener y fortalecer el desarrollo científico del país”.
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ICA, ¿juez y parte?
El proyecto también ha generado dudas sobre la gobernanza del sistema. El traslado al ICA implicaría que una misma entidad concentre funciones de regulación y administración, lo que podría generar tensiones en la toma de decisiones y afectar la independencia técnica.
En paralelo, preocupa la velocidad de la transición. El cambio se plantea en cuestión de meses, un plazo que, según expertos, no se corresponde con la complejidad de gestionar colecciones genéticas de alto valor.
Así, mientras el Gobierno insiste en que busca reforzar el control estatal sobre el patrimonio genético, las críticas apuntan a posibles contradicciones entre el discurso y las medidas planteadas. En juego está un activo clave para el futuro del agro colombiano, cuyo manejo hoy enfrenta uno de sus debates más sensibles.
“El patrimonio genético es indelegable”, reiteró Carvajalino. Sin embargo, el alcance de la resolución ha sido interpretado por algunos sectores como un paso hacia la redistribución de ese material bajo esquemas de custodia compartida entre distintas instituciones e incluso comunidades, lo que, según advierten, podría fragmentar un sistema que hoy opera de manera centralizada bajo criterios técnicos.
El investigador y docente de la Universidad EAFIT, Diego Villanueva, explicó que estos bancos son “un seguro biológico de la humanidad” y requieren condiciones altamente especializadas con cadenas de frío permanentes, infraestructura científica avanzada y personal altamente calificado. “Esto no es una oficina, es un sistema vivo”, advirtió.
El punto crítico, según el experto, es que el acceso ya está democratizado, pero la propuesta busca “democratizar la custodia”, lo que llevaría a poner en riesgo la conservación del material genético.
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Vacíos legales y riesgos de responsabilidad
Desde el frente jurídico, también hay alertas. La abogada Angélica Penagos, del Centro Jurídico Internacional, señala que el modelo de custodia compartida presenta vacíos importantes, puesto que no define claramente responsabilidades en caso de pérdida de material genético, tampoco establece mecanismos de reparación efectivos y podría trasladar la responsabilidad final al Estado por “falla del servicio”.
Además, enfantizó en que los plazos del proyecto, cuatro meses para el plan de transición y dos meses para política pública, podrían comprometer el rigor técnico y abrir la puerta a demandas por nulidad.
¿Un cambio sin sustento técnico previo?
Otro de los cuestionamientos apunta a la forma en que se plantea la transición institucional. Según el sindicato, el proyecto propone primero trasladar la administración al ICA y después realizar diagnósticos de capacidades y sostenibilidad financiera, lo que invierte el orden lógico de la planeación pública.
Esto coincide con críticas del exministro Andrés Valencia, exministro de Agricultura, quien advierte que el ICA podría terminar siendo “juez y parte”, al asumir funciones que hoy regula.
La discusión, entonces, va más allá de un ajuste institucional. Se trata de definir si el país fortalece su capacidad científica o, como advierten trabajadores y especialistas, asume riesgos sobre uno de sus activos más estratégicos.
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