El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo para 2026, fijado por decreto en un 23,7%, abrió un fuerte debate entre los principales gremios económicos del país. Aunque el Gobierno defendió la medida como un avance hacia un “salario mínimo vital”, sectores empresariales, financieros y productivos coincidieron en advertir sobre sus efectos en el empleo formal, la inflación, la competitividad y la sostenibilidad fiscal.
El incremento llevó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a $1.750.905 y, con el auxilio de transporte, a cerca de $2 millones. Sin embargo, para los gremios, el impacto real va mucho más allá del ingreso directo de quienes devengan el mínimo y alcanza a buena parte de la economía.
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Alertas por empleo, inflación y crédito
Desde Asobancaria, el gremio bancario recordó que el salario mínimo cumple el rol de piso legal del trabajo formal, pero advirtió que aumentos muy por encima de la inflación y la productividad pueden generar efectos adversos. Con cifras del Dane, señaló que cerca del 49% de los ocupados —unos 11,4 millones de personas— gana menos de un salario mínimo, en su mayoría en la informalidad, mientras solo el 10% recibe exactamente ese ingreso.
El gremio advirtió que, según sus cálculos, por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo que supere criterios técnicos, la inflación podría aumentar entre 10 y 16 puntos básicos. Con un alza del 22,7% en la base salarial, el impacto inflacionario estaría entre 165 y 263 puntos básicos, lo que limitaría el margen de acción del Banco de la República y podría derivar en condiciones de crédito más restrictivas para hogares y empresas.
Una preocupación similar expresó Anato, que puso el foco en el impacto sobre el turismo receptivo. La asociación advirtió que el aumento rompe la planeación financiera de un sector que opera con contratos y tarifas pactadas con antelación, y que enfrenta un “doble choque”: el alza de los costos laborales y un tipo de cambio cercano a los $3.700, que reduce los ingresos en dólares y resta competitividad frente a otros destinos de la región. “Las decisiones salariales deben basarse en datos técnicos, productividad y realidades de mercado”, señaló su presidenta, Paula Cortés Calle.
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Cuestionamientos fiscales y críticas a la concertación
Desde la Andi, el énfasis estuvo en el impacto fiscal. El gremio calificó como contradictorio que, mientras el Gobierno declaró una emergencia económica por falta de recursos, no se haya considerado el fuerte efecto que este incremento salarial tendría sobre las finanzas públicas y los hogares. Según estimaciones técnicas citadas por la asociación, cada aumento de 1% en el salario mínimo implica cerca de $400.000 millones adicionales en gasto público.
Esta postura fue respaldada por Fenalco, que cuestionó el actuar del Gobierno y aseguró que la decisión tuvo un enfoque “populista”. Para el gremio del comercio, el incremento del 23% evidenció que la decisión fue anticipada y unilateral. “Lo que se presentó no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad”, afirmó su presidente, Jaime Alberto Cabal, quien calificó el proceso como una “farsa” y una “burla institucional” para el sector productivo.
En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional rechazó de manera tajante el aumento y lo calificó como una decisión sin sustento técnico, incoherente con la realidad fiscal del país. Advirtió que el incremento podría generar impactos superiores a los $9 billones en costos laborales y obligaciones asociadas, en un contexto en el que el propio Gobierno ha reconocido un faltante de financiación cercano a los $16 billones en el Presupuesto de 2026. Además, alertó que la informalidad sigue en aumento: hoy 13,6 millones de personas trabajan en esa condición y más de 11 millones no alcanzan a ganar un salario mínimo.
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Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), expresó su molestia por el alza y sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en los cerca de 2,4 millones de personas que ganan el salario mínimo, sino en los más de 11 millones de colombianos que reciben menos de ese valor. Bedoya aseguró que, aunque desde el sector agropecuario se presentaron propuestas técnicas en la mesa de concertación para mitigar un incremento de esta magnitud, ninguna fue tenida en cuenta.
En conjunto, los gremios coincidieron en que fortalecer el ingreso de los trabajadores es un objetivo legítimo, pero advirtieron que un aumento de esta magnitud corre el riesgo de beneficiar a una minoría de empleados formales, mientras presiona los precios, encarece la contratación y profundiza la informalidad. La discusión deja en evidencia la tensión entre el enfoque social del Gobierno y las alertas técnicas sobre los efectos de largo plazo en el empleo y la economía.
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