El Ministerio de Hacienda confirmó que volverá a presentar proyectos de leyes de financiamiento y reformas tributarias ordinarias en el Congreso de la República, luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto que declaraba la emergencia económica. La estrategia busca obtener los recursos necesarios para cubrir el déficit presupuestal y evitar recortes obligatorios en el gasto público.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata y crítica frente a la decisión judicial, que frenó los efectos del decreto con el que el Gobierno esperaba obtener recursos extraordinarios para atender necesidades urgentes en distintas regiones del país.
El anuncio lo hizo el viceministro Técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, en entrevita con el programa El Calentao, de Señal Colombia. Allí explicó que la emergencia económica era una herramienta clave, dado que el Gobierno ya agotó los mecanismos ordinarios para recaudar ingresos corrientes. “Hay que volver a presentar leyes de financiamiento y leyes ordinarias tributarias. Vamos a hacerlo, todo lo que podamos hacer, lo hacemos”, afirmó el funcionario.
Según Pazos, la suspensión del decreto activa una obligación legal clara: si no existe una ley de financiamiento que respalde el presupuesto, el Estado debe recortar el gasto. En ese escenario, el ajuste sería de $16,3 billones, una cifra que impactaría de manera transversal a la administración pública.
Críticas a la Corte por impacto en población vulnerable
El viceministro también cuestionó el alcance social de la decisión de la Corte Constitucional. A su juicio, el fallo “le da la espalda” a la población más vulnerable del país, que sería la principal afectada por la falta de recursos. Recordó que, en el pasado, el alto tribunal declaró estados de cosas inconstitucionales para proteger derechos específicos, como ocurrió con la población carcelaria.
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“Antiguamente, esta Corte Constitucional, con otros magistrados, declaraba estado de cosas inconstitucional por cosas puntuales... A esa población se le estaba tratando mal y no se le estaban respetando los derechos”, señaló Pazos.
Riesgos para servicios básicos y atención de emergencias
De acuerdo con el funcionario, la vulneración de derechos en la actualidad es generalizada y se extiende a distintas regiones del país. “Hay población en todo el país que no está recibiendo los bienes que debe recibir y no se le están garantizando los derechos humanos”, advirtió, al tiempo que sostuvo que la suspensión de las medidas termina protegiendo a otros sectores y no a los más necesitados.
Uno de los efectos más graves, según el Ministerio de Hacienda, recaería sobre cerca de cinco millones de colombianos en tres departamentos, quienes podrían quedarse sin energía por falta de medidas de alivio financiero. Además, se retrasarían soluciones estructurales para comunidades que llevan años esperando atención estatal.
Impacto en la atención de la ola invernal.
Pazos también alertó sobre las consecuencias para la atención de desastres naturales. Señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) enfrenta limitaciones presupuestales que afectarían su capacidad de respuesta en los territorios. “Hoy, la Ungrd llega a los territorios y no tiene con qué solucionarle los problemas a los damnificados de la ola invernal”, afirmó.
En este contexto, el Gobierno apuesta por reabrir el debate legislativo y lograr el respaldo del Congreso a nuevas iniciativas tributarias que permitan sostener el gasto social y evitar un ajuste que, según advierte Hacienda, tendría efectos profundos en todo el país.
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